«Drill, baby, drill» -perfora, cariño, perfora- es un lema político estadounidense que promueve la maximización de la extracción de petróleo y gas natural en el país que, adaptado al problema de la vivienda en España y a lo que los expertos más demandan para solventarlo, aumentar la oferta, podría readaptarse por «build, baby, build» -construye, cariño, construye-.
Pero en los dos decretos aprobados hoy por el Gobierno con medidas urgentes para atajar el problema de la vivienda hay pocas alusiones al incremento de oferta, lo que ha provocado frustración y resignación a partes iguales en el sector.
La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) ha advertido de que las medidas dejan «sin respuesta» el déficit de estructural de vivienda, que va ya por las 750.000, según las últimas estimaciones del Banco de España, que ha advertido además de que se encamina al millón.
En un comunicado, la patronal inmobiliaria ha explicado que se concentran los esfuerzos en intervenir sobre el parque de alquiler ya existente y no se responde a las cuestiones que deberían regularse para mejorar el acceso a la vivienda.
La APCE insiste una vez más en que el problema de la vivienda es sobre todo de oferta y que la brecha entre la producción residencial y las necesidades de vivienda existentes solo se puede cerrar con más suelo finalista, más agilidad en la tramitación urbanística y de licencias y más seguridad jurídica.
«Ninguna de estas cuestiones aparece en ninguno de los dos reales decretos ley. Con prórrogas y límites no se construye ni una sola vivienda más. El país necesita una política de oferta, no una sucesión de medidas de emergencia que se van renovando y ampliando cada poco», ha lamentado la APCE.
«Los dos decretos pueden actuar sobre determinadas situaciones concretas y aportar mayor protección y estabilidad a los hogares, pero no sustituyen la necesidad de generar más vivienda. Los incentivos fiscales pueden contribuir a preservar parte del parque existente, pero no sustituyen la necesidad de aumentar la oferta mediante construcción de vivienda nueva, movilización de suelo y ampliación del parque público. El reto ahora es que estas medidas se integren en una estrategia estable y coordinada entre administraciones que permita aumentar de forma sostenida la oferta allí donde la demanda es más elevada», ha advertido en la misma línea el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font.
Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, ha asegurado que los dos decretos «demuestran lo alejados que están nuestros gobernantes de la realidad y suponen vuelta de tuerca más sobre políticas que ya se han mostrado fallidas y nocivas. La esencia del problema es muy anterior a la actualización o la duración de los contratos y tiene que ver con la inmensa falta de vivienda disponible en el mercado».
Para Iñareta, «prorrogar la duración de los contratos, hacerlos indefinidos o limitar la subida de las rentas no pone en el mercado ni una sola casa, sino todo lo contrario».
Según advierte, «todas las políticas y medidas que no vayan encaminadas a hacer crecer la oferta de viviendas en alquiler serán fallidas y ahondaran más en la crisis en la que estamos inmersos. La oferta va a desaparecer del mercado y condena el futuro de miles que inquilinos que buscan y buscarán vivienda en alquiler y no la encontrarán», advierte.
Cargas al propietario con la responsabilidad
Arantxa Goenaga, abogada experta en derecho inmobiliario del despacho AF Legis, también advierte que medidas como prorrogar los alquileres o prohibir los desahucios «trasladan al propietario una función que corresponde al Estado» y que la solución es un parque de vivienda público.
En cuanto a las ayudas fiscales proyectadas, la APCE valora positivamente la extensión del tipo superreducido del IVA del 4 % a la vivienda de protección oficial, «una medida que facilita que lleguen a las familias a precios limitados».
También ha destacado las líneas de avales del ICO de hasta 2.000 millones de euros para la promoción de vivienda de alquiler social y asequible y de 280 millones de euros para la construcción industrializada.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), sin embargo, advierten de que las bonificaciones fiscales no deben sobrevalorarse y son sólo complementarias frente a otras estructurales y tributarias eficaces frente a la escasez estructural de alquiler asequible.
Los promotores aseguran que deja sin respuesta el problema de oferta que arrastra España
«Drill, baby, drill» -perfora, cariño, perfora- es un lema político estadounidense que promueve la maximización de la extracción de petróleo y gas natural en el país que, adaptado al problema de la vivienda en España y a lo que los expertos más demandan para solventarlo, aumentar la oferta, podría readaptarse por «build, baby, build» -construye, cariño, construye-.
Pero en los dos decretos aprobados hoy por el Gobierno con medidas urgentes para atajar el problema de la vivienda hay pocas alusiones al incremento de oferta, lo que ha provocado frustración y resignación a partes iguales en el sector.
La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) ha advertido de que las medidas dejan «sin respuesta» el déficit de estructural de vivienda, que va ya por las 750.000, según las últimas estimaciones del Banco de España, que ha advertido además de que se encamina al millón.
En un comunicado, la patronal inmobiliaria ha explicado que se concentran los esfuerzos en intervenir sobre el parque de alquiler ya existente y no se responde a las cuestiones que deberían regularse para mejorar el acceso a la vivienda.
La APCE insiste una vez más en que el problema de la vivienda es sobre todo de oferta y que la brecha entre la producción residencial y las necesidades de vivienda existentes solo se puede cerrar con más suelo finalista, más agilidad en la tramitación urbanística y de licencias y más seguridad jurídica.
«Ninguna de estas cuestiones aparece en ninguno de los dos reales decretos ley. Con prórrogas y límites no se construye ni una sola vivienda más. El país necesita una política de oferta, no una sucesión de medidas de emergencia que se van renovando y ampliando cada poco», ha lamentado la APCE.
«Los dos decretos pueden actuar sobre determinadas situaciones concretas y aportar mayor protección y estabilidad a los hogares, pero no sustituyen la necesidad de generar más vivienda. Los incentivos fiscales pueden contribuir a preservar parte del parque existente, pero no sustituyen la necesidad de aumentar la oferta mediante construcción de vivienda nueva, movilización de suelo y ampliación del parque público. El reto ahora es que estas medidas se integren en una estrategia estable y coordinada entre administraciones que permita aumentar de forma sostenida la oferta allí donde la demanda es más elevada», ha advertido en la misma línea el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font.
Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, ha asegurado que los dos decretos «demuestran lo alejados que están nuestros gobernantes de la realidad y suponen vuelta de tuerca más sobre políticas que ya se han mostrado fallidas y nocivas. La esencia del problema es muy anterior a la actualización o la duración de los contratos y tiene que ver con la inmensa falta de vivienda disponible en el mercado».
Para Iñareta, «prorrogar la duración de los contratos, hacerlos indefinidos o limitar la subida de las rentas no pone en el mercado ni una sola casa, sino todo lo contrario».
Según advierte, «todas las políticas y medidas que no vayan encaminadas a hacer crecer la oferta de viviendas en alquiler serán fallidas y ahondaran más en la crisis en la que estamos inmersos. La oferta va a desaparecer del mercado y condena el futuro de miles que inquilinos que buscan y buscarán vivienda en alquiler y no la encontrarán», advierte.
Arantxa Goenaga, abogada experta en derecho inmobiliario del despacho AF Legis, también advierte que medidas como prorrogar los alquileres o prohibir los desahucios «trasladan al propietario una función que corresponde al Estado» y que la solución es un parque de vivienda público.
En cuanto a las ayudas fiscales proyectadas, la APCE valora positivamente la extensión del tipo superreducido del IVA del 4 % a la vivienda de protección oficial, «una medida que facilita que lleguen a las familias a precios limitados».
También ha destacado las líneas de avales del ICO de hasta 2.000 millones de euros para la promoción de vivienda de alquiler social y asequible y de 280 millones de euros para la construcción industrializada.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), sin embargo, advierten de que las bonificaciones fiscales no deben sobrevalorarse y son sólo complementarias frente a otras estructurales y tributarias eficaces frente a la escasez estructural de alquiler asequible.
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