Después de los años de aislamiento pandémico, China decidió que había llegado el momento de abrir como nunca su puerta principal al mundo. Eliminó el visado para ciudadanos de decenas de países, facilitó a los extranjeros el uso de tarjetas internacionales en las aplicaciones de pago locales y desplegó una potente campaña de atracción turística con un objetivo ambicioso: alcanzar los 190 millones de visitantes extranjeros anuales en 2030. Pero lo que en los vídeos promocionales no cuentan es que, mientras se abre la puerta hacia fuera, el Gobierno de Xi Jinping instala nuevos cerrojos por dentro.
El Gobierno amplía las prohibiciones de salida por motivos de seguridad nacional y extiende el control a las familias de algunos profesionales de sectores tecnológicos
Después de los años de aislamiento pandémico, China decidió que había llegado el momento de abrir como nunca su puerta principal al mundo. Eliminó el visado para ciudadanos de decenas de países, facilitó a los extranjeros el uso de tarjetas internacionales en las aplicaciones de pago locales y desplegó una potente campaña de atracción turística con un objetivo ambicioso: alcanzar los 190 millones de visitantes extranjeros anuales en 2030. Pero lo que en los vídeos promocionales no cuentan es que, mientras se abre la puerta hacia fuera, el Gobierno de Xi Jinping instala nuevos cerrojos por dentro.
Desde mediados de septiembre está en vigor un polémico reglamento de 19 artículos que amplía la capacidad de las autoridades para controlar quién entra, quién sale y, sobre todo, quién debe permanecer dentro del país. El foco se estrecha sobre tres perfiles: el funcionario, el disidente y, ahora también, el ingeniero que conoce los secretos de la inteligencia artificial.
La normativa permite impedir la salida de ciudadanos que hayan cometido en el extranjero actos que «perjudiquen la seguridad nacional o los intereses de China». La prohibición podrá prolongarse entre seis meses y tres años. También incorpora un supuesto especialmente amplio: podrán quedar retenidas las personas que vulneren las normas sobre control de exportaciones o transferencia de tecnología de una manera que amenace la «seguridad industrial o tecnológica nacional».
Cómo acostumbran estas directrices, se abordan conceptos lo suficientemente amplios como para abarcar desde la filtración de un secreto comercial hasta el fichaje de un investigador chino por una compañía estadounidense.
Los agentes fronterizos podrán, además, «disuadir» a los ciudadanos de viajar a países o regiones considerados de alto riesgo. El reglamento no precisa qué convierte un destino en peligroso ni en qué momento una recomendación puede transformarse, en la práctica, en una orden. También obliga a quienes soliciten documentos de viaje a demostrar que sus motivos son «verdaderos y lícitos», sin aclarar qué pruebas serán necesarias ni qué autoridad decidirá si resultan convincentes.
Pekín defiende que estas disposiciones no restringen los desplazamientos de los ciudadanos comunes. Los medios oficiales lo han presentado como una defensa frente a la corrupción, el espionaje, las estafas y la fuga de tecnología. Los críticos denuncian la vaguedad de las categorías y la ausencia de un procedimiento transparente que permita a una persona saber si está sometida a una prohibición de viaje, durante cuánto tiempo y por qué motivo.
Los controles para salir de China no son nuevos. Funcionarios, cuadros del Partido Comunista y empleados de empresas estatales llevan años entregando sus pasaportes a sus superiores y solicitando autorización para cada viaje internacional. Una práctica que antes afectaba principalmente a los altos cargos del Gobierno y que se ha extendido de forma gradual hacia los escalones inferiores de la Administración.
«Para poder viajar a Europa de vacaciones con mi familia tuve que enviar una carta a mis superiores explicando los motivos del viaje y el itinerario completo, incluidos los hoteles donde nos alojaríamos», cuenta una funcionaria de un departamento cultural del gobierno local de Shanghai. En la capital financiera, un par de jóvenes detenidos a finales de 2022 por participar en las protestas contra las restricciones de la pandemia, aseguran a este periódico que las autoridades no les han permitido renovar sus pasaportes en estos años.
En otros casos, la prohibición aparece sin previo aviso. «Mi jefe descubrió que no podía abandonar China sin autorización gubernamental cuando se presentó en el control del aeropuerto», afirma un empleado de una importante empresa tecnológica china.
La última frontera del control son los cerebros tecnológicos. Bloomberg reveló este año que fundadores, investigadores y ejecutivos considerados estratégicos en compañías privadas como Alibaba y DeepSeek necesitaban autorización antes de viajar al extranjero.
La selección no dependía únicamente del cargo, sino del valor de los conocimientos de cada profesional para los planes nacionales de inteligencia artificial. Ahora, según fuentes conocedoras de las medidas citadas por Bloomberg, el control se está extendiendo a sus familiares directos. Los cónyuges e hijos de determinados ejecutivos de los sectores de la IA y los semiconductores también deben obtener permiso antes de salir del país, incluso para desplazamientos breves.
Varios afectados ya habrían recibido la notificación. No existe una lista pública y se desconoce cuántos profesionales o familiares están incluidos. Esto no significa que todos los ingenieros chinos tengan prohibido viajar. Pero el salto es significativo: el perímetro de seguridad ya no termina en el trabajador, sino que alcanza a su familia. Así, dificultar el traslado de todo el núcleo familiar reduce las posibilidades de que un especialista se instale definitivamente en Estados Unidos o acepte un puesto en una compañía extranjera.
En plena batalla por los chips, los algoritmos y los modelos avanzados, China ha comenzado a tratar los conocimientos acumulados por determinados investigadores como si fueran otro recurso estratégico sometido a controles de exportación. El cerebro también puede convertirse en tecnología sensible.
El cerrojo tampoco se limita a los ciudadanos chinos. El nuevo reglamento permite impedir la salida de extranjeros incluidos en listas de contramedidas o de «entidades no fiables». En julio de 2025, un empleado federal estadounidense y una ejecutiva de Wells Fargo fueron retenidos en China pese a no estar formalmente acusados de ningún delito.
«El Gobierno chino está endureciendo sus normas para decidir arbitrariamente quién puede y quién no puede salir», advierte Maya Wang, subdirectora para Asia de Human Rights Watch. La organización recuerda que el derecho internacional reconoce la libertad de abandonar cualquier país y solo permite limitaciones necesarias, proporcionadas y sujetas a garantías legales.
Pekín replica que estas medidas buscan impedir la fuga de funcionarios corruptos, la transferencia clandestina de tecnología o la revelación de secretos de Estado. Los canales de redes sociales de la principal agencia china de espionaje recuerdan a menudo que los espías extranjeros están siempre al acecho de todo perfil de alto valor procedente de la superpotencia asiática.
China continúa muy lejos del cerrojo de la época de Mao Zedong, cuando viajar al extranjero era una concesión excepcional del Estado. Durante las tres primeras décadas de la República Popular, las fronteras permanecieron selladas para la mayoría de la población. Los pasaportes se reservaban a diplomáticos, funcionarios enviados en misión oficial y estudiantes cuidadosamente seleccionados. El turismo privado era considerado una costumbre burguesa y ni siquiera contaba con un cauce administrativo ordinario.
Entre 1949 y 1978 se expidieron apenas 210.000 pasaportes en todo el país. No fue hasta la década de 1990 y principios de este siglo cuando obtener un pasaporte ordinario empezó a convertirse en un trámite accesible para amplias capas de la población. El año pasado, la Administración Nacional de Inmigración contabilizaba más de 160 millones de pasaportes nacionales, aunque esto sólo equivale a alrededor del 11% de la población.
China no ha regresado al encierro de la era maoísta. Millones de ciudadanos seguirán cruzando sus fronteras para estudiar, trabajar o hacer turismo. La diferencia es que, bajo Xi Jinping, la libertad de movimiento está cada vez más subordinada a una idea expansiva y difusa de la seguridad nacional. La frontera permanece abierta para la mayoría, pero ahora vuelve a cerrarse alrededor de aquellos a quienes Pekín considera demasiado valiosos -o demasiado incómodos- para dejarlos marchar.
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