Los controladores de Adif irán a la huelga después de haber sido puestos en el centro de la diana por el accidente de alta velocidad de Urda (Toledo) de la semana pasada. El Sindicato de Circulación Ferroviaria (SCF) tiene previsto presentar la comisión de conflictos –el órgano paritario en el que se discuten las discrepancias entre la empresa y los representantes de los trabajadores–, pero con idea de realizar paros con los que denunciar las, a su juicio, precarias condiciones en las que desempeñan su trabajo.
Aunque Óscar Puente asegura que no ha acusado a los empleados de Adif del Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha de ser los responsables de la tragedia, lo cierto es que [[LINK:INTERNO|||Article|||6ae47341ca968700072c4a4f|||el ministro de Transportes ha declarado en varias ocasiones que, tras la caída del sistema de seguridad LZB, tomaron un decisión «errónea»]] el dejar al AVE que embistió al Iryo reanudar la marcha con normalidad mientras el tren de la compañía participada por Trenitalia seguía detenido. Puente ha evitado en todo momento escalar la responsabilidad del conflicto más y ha evitado hablar de cadena de fallos –de la que, por cierto, sí habla como posibilidad la comisión que investiga el accidente (CIAF) en su primera nota de la tragedia– aunque en el momento del accidente, el sistema de seguridad automático de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla estaba fuera de servicio por un fallo informático. El ministro, de hecho, ha considerado que la caída entra «dentro de la normalidad» y que, por eso, el Reglamento de Circulación estipula protocolos de actuación para cuando ocurre.
Los controladores se consideran, sin embargo, el chivo expiatorio del accidente porque, según aseguran, realizan su trabajo en unas condiciones precarias.
Según denuncian, el CRC de Atocha tiene un 20% menos de plantilla de la que sería necesaria para garantizar un nivel óptimo de seguridad. Esto, aseguran, repercute en su trabajo en un momento, además, en el que aseguran que las incidencias se han multiplicado, lo que aumenta sus dificultades para gestionar el tráfico.
Además, también han denunciado las presiones que sufren por parte de Adif para reanudar el tráfico lo antes posible cuando se producen incidencias para evitar el pago de indemnizaciones a los viajeros por posibles retrasos.
El efecto real de la huelga en la circulación de trenes, como admiten desde el propio colectivo, será más bien simbólico porque los servicios mínimos para estas protestas exigen que todos deben estar en sus puestos, excepto el personal de gestión y los empleados en prácticas. No obstante, consideran que la convocatoria es necesaria para llamar la atención sobre los problemas que padecen y que vienen denunciando desde hace mucho tiempo.
Sólo unos días antes del accidente de Urda, el SCF denunció a través de un comunicado la falta de personal que lleva sufriendo años el CRC de Atocha, en el que «no se llegan a cubrir todos los puestos y turnos de trabajo, especialmente los de Actividades Complementarias (AC). Esto provoca el incumplimiento de muchas de las pausas obligatorias ante pantallas», según aseguraron.
Los controladores, no obstante, sí que pueden tener incidencia con sus protestas en otros aspectos de la operativa diaria ferroviaria. Por ejemplo, aunque no pueden negarse a gestionar un permiso de trabajo para realizar una tarea de mantenimiento o lo que se denomina en el argot una corrección –por ejemplo, la reparación de una rotura de carril, que es un problema a solucionar de forma ineludible–, sí que pueden, por ejemplo, conceder autorización para trabajos en estaciones u otorgarlos sólo para realizar actuaciones en un 50% de un tramo que esté cerrado al tráfico porque se esté haciendo algún tipo de rehabilitación del mismo.
Aunque las fechas de los paros todavía están por determinar, los controladores pretenden realizar sus movilizaciones en cuanto los plazos legales lo permitan.
Anunciarán paros esta semana para denunciar las precarias condiciones laborales en las que trabajan
Los controladores de Adif irán a la huelga después de haber sido puestos en el centro de la diana por el accidente de alta velocidad de Urda (Toledo) de la semana pasada. El Sindicato de Circulación Ferroviaria (SCF) tiene previsto presentar la comisión de conflictos –el órgano paritario en el que se discuten las discrepancias entre la empresa y los representantes de los trabajadores–, pero con idea de realizar paros con los que denunciar las, a su juicio, precarias condiciones en las que desempeñan su trabajo.
Aunque Óscar Puente asegura que no ha acusado a los empleados de Adif del Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha de ser los responsables de la tragedia, lo cierto es que el ministro de Transportes ha declarado en varias ocasiones que, tras la caída del sistema de seguridad LZB, tomaron un decisión «errónea» el dejar al AVE que embistió al Iryo reanudar la marcha con normalidad mientras el tren de la compañía participada por Trenitalia seguía detenido. Puente ha evitado en todo momento escalar la responsabilidad del conflicto más y ha evitado hablar de cadena de fallos –de la que, por cierto, sí habla como posibilidad la comisión que investiga el accidente (CIAF) en su primera nota de la tragedia– aunque en el momento del accidente, el sistema de seguridad automático de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla estaba fuera de servicio por un fallo informático. El ministro, de hecho, ha considerado que la caída entra «dentro de la normalidad» y que, por eso, el Reglamento de Circulación estipula protocolos de actuación para cuando ocurre.
Los controladores se consideran, sin embargo, el chivo expiatorio del accidente porque, según aseguran, realizan su trabajo en unas condiciones precarias.
Según denuncian, el CRC de Atocha tiene un 20% menos de plantilla de la que sería necesaria para garantizar un nivel óptimo de seguridad. Esto, aseguran, repercute en su trabajo en un momento, además, en el que aseguran que las incidencias se han multiplicado, lo que aumenta sus dificultades para gestionar el tráfico.
Además, también han denunciado las presiones que sufren por parte de Adif para reanudar el tráfico lo antes posible cuando se producen incidencias para evitar el pago de indemnizaciones a los viajeros por posibles retrasos.
El efecto real de la huelga en la circulación de trenes, como admiten desde el propio colectivo, será más bien simbólico porque los servicios mínimos para estas protestas exigen que todos deben estar en sus puestos, excepto el personal de gestión y los empleados en prácticas. No obstante, consideran que la convocatoria es necesaria para llamar la atención sobre los problemas que padecen y que vienen denunciando desde hace mucho tiempo.
Sólo unos días antes del accidente de Urda, el SCF denunció a través de un comunicado la falta de personal que lleva sufriendo años el CRC de Atocha, en el que «no se llegan a cubrir todos los puestos y turnos de trabajo, especialmente los de Actividades Complementarias (AC). Esto provoca el incumplimiento de muchas de las pausas obligatorias ante pantallas», según aseguraron.
Los controladores, no obstante, sí que pueden tener incidencia con sus protestas en otros aspectos de la operativa diaria ferroviaria. Por ejemplo, aunque no pueden negarse a gestionar un permiso de trabajo para realizar una tarea de mantenimiento o lo que se denomina en el argot una corrección –por ejemplo, la reparación de una rotura de carril, que es un problema a solucionar de forma ineludible–, sí que pueden, por ejemplo, conceder autorización para trabajos en estaciones u otorgarlos sólo para realizar actuaciones en un 50% de un tramo que esté cerrado al tráfico porque se esté haciendo algún tipo de rehabilitación del mismo.
Aunque las fechas de los paros todavía están por determinar, los controladores pretenden realizar sus movilizaciones en cuanto los plazos legales lo permitan.
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