España se asoma a su Historia en la crisis de Ceuta. Se cumple un mes de la entrada, masiva y sin precedentes, de 72.000 personas de Marruecos por la frontera de la ciudad autónoma española. Lo que el presidente del Gobierno calificó como un «ataque contra la integridad territorial» ha derivado en el colapso de la vida cotidiana en la ciudad Ceuta, con problemas de orden público.
Un mes después de la entrada masiva, ante la desesperación de los ceutíes y el pasmo del Gobierno, el Estado no ha sido capaz de devolver la normalidad a una ciudad amenazada ni de gestionar racionalmente la relación con Marruecos
España se asoma a su Historia en la crisis de Ceuta. Se cumple un mes de la entrada, masiva y sin precedentes, de 72.000 personas de Marruecos por la frontera de la ciudad autónoma española. Lo que el presidente del Gobierno calificó como un «ataque contra la integridad territorial» ha derivado en el colapso de la vida cotidiana en la ciudad Ceuta, con problemas de orden público.
Entre 5.000 y 8.000 inmigrantes, el Gobierno no sabe cuántos, deambulan por las calles, plazas y playas imposibilitando la vida cotidiana de sus habitantes. La desesperación de los ceutíes ha ido avanzando este mes en paralelo con el pasmo, el desconcierto y la incredulidad de un Gobierno atónito por lo que estaba sucediendo. Tres semanas después de la llegada masiva, Pedro Sánchez decretó el mando único que el presidente Juan Jesús Vivas le había pedido el primer día. Moncloa ha ido tomando decisiones que suponían una rectificación en toda regla de la reacción inicial. El alivio por el regreso de la inmensa mayoría de los que llegaron confundió al Ejecutivo, que no reparó en los que se habían quedado, y en las consecuencias de no tener donde alojarlos.
«No es sólo la peor crisis a la que se ha enfrentado el Gobierno en toda la legislatura. Es una crisis de Estado en la que el Estado no ha sido capaz de desplegar todos sus recursos para recuperar la vida gravemente alterada en una ciudad históricamente amenazada por Marruecos. Nos ha pillado en un momento electoral, el peor para afrontar una situación tan grave para la que no hay soluciones mágicas. Una crisis de Estado exigiría responsabilidad de Estado, primero al Gobierno, y después a todas las instituciones; desgraciadamente en la España actual no hay posibilidades de entendimiento ni generosidad por parte del Gobierno ni de la oposición. Nadie se quiere elevar por encima del combate electoral. Al Gobierno le pilla débil y al PP con ganas de dar la puntilla a Pedro Sánchez. El resultado es la imagen de un Estado aparentemente inerme para recuperar la normalidad en Ceuta y gestionar con inteligencia las relaciones con Marruecos, que siempre han sido difíciles». Así es cómo resumen dirigentes políticos actuales y ex altos cargos de Estado el reto al que se enfrenta nuestro país en Ceuta. «Con aromas de pequeño 98 del régimen del 78», resume un buen conocedor del funcionamiento del Estado.
«El presidente del Gobierno lleva callado un mes, no sabemos lo que nos va a decir en su entrevista el lunes en la Ser y después en su comparecencia en el Congreso. El Gobierno ha ofrecido una penosa imagen de impotencia, el PSOE se encuentra completamente bloqueado y la marca bajo mínimos. Es necesario un plan para devolver a todos los que entraron el 30 de julio. Marruecos ha evidenciado que puede ocupar la ciudad de Ceuta sin disparar un solo tiro ni mandar al Ejército. En el fondo, esta crisis también ha dejado en mal lugar la habilidad diplomática del Gobierno en sus relaciones con el régimen marroquí. Ellos van provocando poco a poco y si no estás atento y no lo percibes, al final te acaban montando un gran lío. Lo han hecho siempre. Nunca de forma tan grave como la entrada de 72.000 personas de golpe. España tiene que tener garantías de que esto no va a volver a pasar», aseguran fuentes socialistas y ex altos cargos del PSOE consultados.
A la espera de lo que diga Pedro Sánchez, la estrategia de mandar a los ministros al Parlamento para suplir la no comparecencia del presidente no ha salido muy bien. Ha sido «como un funeral», señala un parlamentario. La discrepancia de versiones entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, que afirmó con rotundidad que el CNI había avisado a las Fuerzas de Seguridad de un aumento en las llegadas a Ceuta en los días anteriores a la gran avalancha, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que negó haber recibido esos avisos, ha copado la actualidad política durante días. «No es lo mejor que dos ministros de Estado mantengan versiones tan opuestas. Y es muy llamativo que el presidente y el resto de los miembros del Gobierno se hayan alineado con Marlaska y hayan dejado en situación incómoda a Robles».
La ministra de Defensa -que no es militante del PSOE- ha defendido su autonomía, ha sido la única que ha pedido disculpas por no haber reaccionado con más rapidez y ha esbozado una crítica medida a la actuación marroquí.
Las fuentes socialistas señalan que la dispersa actuación del Gobierno y la falta de reflejos del presidente Sánchez para caer en la cuenta de que tenía que actuar con rapidez también son consecuencia de su forma de configurar el Gobierno y de los criterios a la hora de realizar los nombramientos. Citan, en este sentido, el error de prescindir de una Vicepresidencia primera con peso político -el vicepresidente Carlos Cuerpo tiene un perfil sólo económico-, y la máxima concentración de todo el poder de decisión en la figura del presidente. «Esa forma de ejercer el poder tiene consecuencias. Él es el partido y es el Gobierno. Cuando vienen mal dadas, sólo se le mira a él. Los ministros tienen una autoridad muy relativa», señalan fuentes del PSOE.
De que sólo se mire a Pedro Sánchez se quejan el Gobierno y sus colaboradores. «Somos conscientes de que la situación en Ceuta echa chispas. La ciudadanía tiene una sensación de miedo y de abandono, hay un montón de gente deambulando por la calle, y todo el mundo nos mira a nosotros. Aunque España es un estado multifuncional con distintas administraciones territoriales. Pero es al Gobierno de España a quien se le pide que arregle los problemas. Y en eso estamos. Aún no tenemos suficientes recintos para acogerlos. Lo primero es buscar un alojamiento para garantizar las necesidades básicas de la gente que está en las calles, sólo así podremos tramitar los expedientes y estamos poniendo los medios para tramitarlos rápidamente. El objetivo es devolver a toda esa gente. Marruecos sigue diciendo que los va a acoger a todos, una vez cumplida la ley», señalan en Moncloa. Las mismas fuentes lamentan que el PP no colabore con el Gobierno en una crisis que va a heredar Alberto Núñez Feijóo, si finalmente gana las próximas generales y logra formar Gobierno. «El PP está totalmente condicionado por Vox».
La necesidad de un acuerdo con Marruecos para proceder al retorno de los inmigrantes que ocupan Ceuta es el argumento que esgrime el Ejecutivo para explicar su exquisitez en el tratamiento diplomático hacia Marruecos. Uno de los problemas políticos a los que se enfrenta el PSOE es la distancia sideral entre su tesis de que el régimen marroquí no tiene responsabilidad alguna en la avalancha de los 72.000 y la unanimidad de medios de comunicación y expertos de todas las tendencias al denunciar el papel de Marruecos en la situación. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, llegó a culpar de la crisis a los «bulos» que pueblan las redes sociales.
La realidad de Ceuta se va deteriorando con los días. Las manifestaciones virulentas y la quema de enseres de los inmigrantes han recibido la respuesta de las instituciones de la ciudad autónoma. Con el presidente Vivas a la cabeza, todos los partidos han hecho un llamamiento a la calma. Mientras que algunos ministros calificaban de fascistas las protestas.
El Gobierno advierte que el PP y Vox quieren que desaparezcan de un golpe los inmigrantes que llegaron irregularmente a Ceuta. «No hay atajos, hay que cumplir la ley», advierten los ministros. El preámbulo de la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional que nombra como mando único a Ángel Víctor Torres establece que en ningún caso dicha declaración «comporta la suspensión de derechos fundamentales o libertades públicas, y no habilita la adopción de medidas propias de los estados de alarma, excepción y sitio; debiendo afrontarse con los poderes y medios ordinarios de las distintas administraciones públicas». Algunas fuentes consultadas señalan que en una situación que afecta a la seguridad nacional, el Gobierno dispone de herramientas legales excepcionales que debería utilizar para el retorno urgente e inmediato de los inmigrantes. «La situación en Ceuta se ha ido pudriendo y aún empeorará más si se sigue pensando en que es una crisis migratoria. La paciencia de los ceutíes se está acabando y sus derechos a salir a la calle sin miedo, a empezar los colegios con normalidad, hay que garantizarlos. El relato de que sólo importan los derechos de los inmigrantes ya no se puede sostener. La situación exige medidas extraordinarias, pero nadie se atreve a tomarlas».
De momento, Sánchez ha optado por no tomar decisiones extraordinarias, aunque la posibilidad de trasladar a la Península a los que permanecen en Ceuta para aliviar el colapso de la ciudad está encima de la mesa del Gobierno. El Ejecutivo se resiste a ella porque la Unión Europea le ha advertido que no lo haga y el PP «incendiaría las calles». «Sería lógico que los traslados a Marruecos pudieran ir en paralelo con enviar a algunos de ellos a la Península, antes de devolverlos, para facilitar la recuperación de la vida normal en Ceuta. Veremos cómo va el proceso y si en algún momento hay que hacerlo». Nadie quiere ni imaginar la posibilidad de que la ciudad autónoma se convierta en un nuevo Lesbos, donde los inmigrantes permanecieron incluso años, o de que el tejido urbano de Ceuta se vea alterado por alojamientos propios de campos de refugiados.
El próximo miércoles, 2 de septiembre, se han convocado en todos los municipios de España concentraciones de solidaridad con la delicada situación que se vive en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes del 30 de julio. La convocatoria coincide con el Día oficial de Ceuta y ha sido impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La de Madrid se celebrará frente al Congreso con el lema ‘Por Ceuta’. El PP ha hecho un llamamiento a la participación, mientras que el PSOE se encuentra en situación incómoda frente a la convocatoria.
Por una parte, los socialistas que forman parte de los gobiernos municipales quieren solidarizarse con la ciudad autónoma, pero Ferraz ve en las concentraciones una voluntad de protesta contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El PSOE de Andalucía, liderado por la vicesecretaria general del partido, María Jesús Montero, ha desaconsejado a sus cargos públicos y militancia la asistencia el día 2 de septiembre, razón por la cual los ayuntamientos socialistas se han borrado de la convocatoria. Tanto el PSOE como sus socios han acusado al PP de manipular una institución como la FEMP, cuya presidenta, la ‘popular’ María José García-Pelayo, se reunió la pasada semana con el alcalde-presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
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