En un aula de Secundaria de cualquier instituto español hay, de media, 25 alumnos. Por tanto, los 1.898 menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta desde el pasado 30 de julio equivalen, bajo este ratio, a llenar 75 aulas. Se cuentan por centenares los municipios españoles que tienen una población menor a esas 1.898 personas. De esa magnitud es la cifra que maneja el Gobierno respecto a los niños y niñas que están siendo atendidos en la ciudad autónoma. Y que, salvo que cumplan los requisitos que exige la ley para devolverlos con sus familias -unos criterios muy garantistas del bienestar del menor-, deberán ser acogidos en los sistemas asistenciales españoles de ahora en adelante.
Las llegadas a la ciudad autónoma tensionan un sistema que cuenta con 17.081 plazas «ordinarias»
En un aula de Secundaria de cualquier instituto español hay, de media, 25 alumnos. Por tanto, los 1.898 menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta desde el pasado 30 de julio equivalen, bajo este ratio, a llenar 75 aulas. Se cuentan por centenares los municipios españoles que tienen una población menor a esas 1.898 personas. De esa magnitud es la cifra que maneja el Gobierno respecto a los niños y niñas que están siendo atendidos en la ciudad autónoma. Y que, salvo que cumplan los requisitos que exige la ley para devolverlos con sus familias -unos criterios muy garantistas del bienestar del menor-, deberán ser acogidos en los sistemas asistenciales españoles de ahora en adelante.
Sin embargo, el elevado número de menores migrantes que accedieron a la vez a Ceuta hace dos semanas hace que su permanencia en España vaya a tensionar la capacidad de acogida nacional. Hace mes y medio, el Ministerio de Infancia emitió un decreto en el que, con los datos aportados por los territorios sobre las plazas asistenciales disponibles, fijaba la «capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas de las comunidades y ciudades autónomas». Esto es, el total de niños y niñas que pueden ser acogidos en condiciones «ordinarias» -sin sobreocupación- en España, que quedaba fijado en 17.081.
Sin embargo, tomando los datos disponibles sobre los menores migrantes no acompañados que ya estaban en España antes de la entrada masiva a Ceuta, resulta que los sistemas asistenciales nacionales rozarían -o superarían- su capacidad máxima si los 1.898 niños que hay en la ciudad se quedan. La Fiscalía General del Estado, en su última memoria anual, recoge que a 31 de diciembre de 2024 figuraban inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados 16.041 niños y niñas. Si la cifra se mantuviera a día de hoy -no hay datos oficiales más actualizados-, acoger a los casi 2.000 menores que hay en Ceuta supondría sobrepasar la «capacidad ordinaria» fijada por el Ministerio. La cadena Ser publicó el pasado junio que la cantidad de menores extranjeros no acompañados en España sería ahora inferior a 14.000. Pero, en cualquier caso, acoger a los niños que hay en Ceuta llevaría al sistema a rozar su límite.
Un tope que, eso sí, ya fue ampliado en el decreto emitido en junio pues, cuando en agosto del año pasado el Gobierno cifró por primera vez la «capacidad ordinaria» de los servicios de asistencia, esta quedó establecida en 16.016 niños. Ahora, son 1.000 más, fruto de la variación poblacional y la ampliación de plazas disponibles.
Las comunidades del PP se oponen a debatir sobre los menores de Ceuta
Ceuta puede acoger, según establece el Ministerio, 29 niños extranjeros no acompañados. Ahora en la ciudad hay al menos 1.898, con lo que la mayoría de ellos tendrán que ser redistribuidos por la Península. Este proceso es automático, pues Ceuta -como Canarias y Melilla– se encuentra en situación de contingencia migratoria desde el pasado verano, con lo que puede acogerse a la «fórmula de solidaridad equitativa» que diseñó el Gobierno en 2025 y que obliga a las comunidades a acoger menores cuando otros territorios sobrepasan su capacidad asistencial. Las autonomías gobernadas por el PP, con o sin Vox, han manifestado su negativa a asumir esos niños, pero están obligadas por ley a hacerlo.
Hasta mediados de marzo de 2026, 1.143 menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta, Canarias y Melilla habían sido reubicados en otras comunidades autónomas. Es el último dato oficial disponible: 1.143 menores redistribuidos en siete meses. Ahora, serán 1.898 en un «plazo máximo de 15 días naturales a contar desde la fecha de inscripción en el Registro». La cifra, además, no es definitiva: es la que ofreció ayer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero Save the Children recoge una estimación de 4.000.
El Gobierno ha insistido estos días en que se priorizará el «reagrupamiento familiar» de los menores -que vuelvan con sus padres a su país de origen-. Sin embargo, esto solo será posible si se cumple una serie de requisitos, una vez escuchado el testimonio del niño y recogidos informes de los servicios de protección de menores y el Ministerio Fiscal. Y las estadísticas que ofrece la Fiscalía General reflejan que, al final, el número de niños que son repatriados es ínfimo: fueron ocho en 2024.
Así, más allá del «reagrupamiento», la ministra de Infancia, Sira Rego, ya avanzó ayer que se trabaja con dos opciones más: el acogimiento institucional y el familiar -ambos podrían conllevar traslado a la Península-. Rego comunicó este mensaje tras la reunión de Infancia con las comunidades que sirvió para preparar la Conferencia Sectorial del 27 de agosto, en la que no se debatirá sobre la «atención a los menores» que hay en Ceuta porque las autonomías del PP rechazaron incluirlo en el orden del día. La ministra insistirá ese día en tratar la cuestión pese al boicot popular, aunque el reparto de menores se efectuará con o sin debate previo.
El Reino de Marruecos no permitió ayer la entrada de los cuerpos de cuatro personas fallecidas, que habían sido identificadas y cuyos coches fúnebres pretendían cruzar la frontera. El país vecino no ofreció ningún tipo de explicaciones y todos los vehículos tuvieron que volver al depósito de cadáveres. Una realidad que contrasta con las declaraciones del ministro de Justicia marroquí, en las que se quejaba del retraso de las autoridades españolas en la repatriación de los menores marroquíes que entraron a España de manera irregular.
Por otro lado, desde Amnistía Internacional se ha solicitado información al Gobierno sobre las presuntas devoluciones «forzosas e ilegales» en el paso fronterizo de Ceuta. Un hecho que contradice el discurso del Ejecutivo de que la mayor parte de las personas que entraron han regresado ya. La organización ha hecho referencia a informes, aún no confirmados, que revelan que hubo personas a las que se les negó inicialmente el acceso al agua o a la asistencia básica.
Además, ha recalcado que, según estos documentos, fueron objeto de «ataques» por parte de algunos grupos de ciudadanos y ha recordado que el Tribunal Supremo estableció que las autoridades deben respetar en todos los casos el derecho internacional de los derechos humanos. /ANTONIO SEMPERE
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