La puerta que en abril se entreabrió, ahora se ha cerrado a cal y canto. El Ministerio de Trabajo descarta cualquier revisión extraordinaria del salario mínimo interprofesional (SMI) antes de que acabe el año, apenas cuatro meses después de que la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, amenazara con una segunda subida en 2026 si la inflación seguía escalando por la guerra de Irán.
El encargado de cerrar esta puerta ha sido el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien este martes, en la rueda de prensa para presentar los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de julio, ha apuntado que «no se dan las circunstancias para esa revisión semestral y extraordinaria». El secretario de Estado ha asegurado compartir con los sindicatos la preocupación por evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo como consecuencia de la inflación, aunque ha considerado que su repunte no es suficientemente elevado en relación con el incremento del SMI aprobado para 2026 como para justificar una nueva revisión.
Yolanda Díaz, en cambio, en abril, se mostró más decidida: «Acabamos de subir el salario mínimo; si tenemos que revisarlo en seis meses como se nos permite por la legislación, lo haremos». Esta potencial subida contemplada por Díaz hubiese aumentado la presión sobre el tejido empresarial español, compuesto en su mayoría por pequeñas empresas, que se verían golpeadas por la subida de costes de la guerra y por un nuevo incremento de los costes laborales. Esto, sin embargo, no preocupaba especialmente a la ministra, que aseguró entonces que las empresas españolas tienen «márgenes brutales» para afrontar un incremento salarial a pesar de la crisis.
Finalmente, esta subida ha quedado descartada porque el alza de la inflación, aunque real, no alcanza el umbral que justificaría aplicar una segunda revisión. El Gobierno pondrá ahora todos sus esfuerzos en el proceso de negociación para la subida del salario mínimo de 2027 que, según ha avanzado el secretario de Estado de Trabajo, arrancará tras el verano. En todo caso, ha asegurado que la evolución de los precios deberá tenerse en cuenta en las próximas negociaciones: «Es obvio que la evolución de la inflación tendrá que ser tenida en cuenta en el próximo proceso de negociación del SMI 2027»
Así, los salarios más bajos seguirán congelados este año mientras los precios mantienen su senda alcista. Según los últimos datos del INE, la inflación repuntó en julio hasta el 3,5% por los combustibles y la electricidad, una décima más frente al dato de marzo que Yolanda Díaz tuvo en cuenta para abrir la puerta a una subida extraordinaria del SMI. El encarecimiento de los combustibles y la electricidad, además, arrastra al resto de elementos de la cesta de la compra y sigue mermando el poder adquisitivo de los españoles.
El SMI se sitúa actualmente en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas tras subir este año un 3,1% con el apoyo de los sindicatos pero sin el de los empresarios, que se descolgaron por sexto año consecutivo del acuerdo de subida al calcular que antes del alza el SMI ya se situaba un 4,9% por encima de lo que le correspondería. Para las patronales, el SMI ya está sobredimensionado y sus sucesivas subidas están penalizando el empleo. Desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en 2018, el SMI se ha revalorizado un 66%. A su llegada tenía un valor de 735,9 euros al mes. El Ministerio que dirige Yolanda Díaz considera que «no se dan las circunstancias» para efectuar una segunda revisión en 2026 pese a que la ministra amenazó con aplicarla si la inflación seguía al alza
La puerta que en abril se entreabrió, ahora se ha cerrado a cal y canto. El Ministerio de Trabajo descarta cualquier revisión extraordinaria del salario mínimo interprofesional (SMI) antes de que acabe el año, apenas cuatro meses después de que la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, amenazara con una segunda subida en 2026 si la inflación seguía escalando por la guerra de Irán.
El encargado de cerrar esta puerta ha sido el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien este martes, en la rueda de prensa para presentar los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de julio, ha apuntado que «no se dan las circunstancias para esa revisión semestral y extraordinaria». El secretario de Estado ha asegurado compartir con los sindicatos la preocupación por evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo como consecuencia de la inflación, aunque ha considerado que su repunte no es suficientemente elevado en relación con el incremento del SMI aprobado para 2026 como para justificar una nueva revisión.
Yolanda Díaz, en cambio, en abril, se mostró más decidida: «Acabamos de subir el salario mínimo; si tenemos que revisarlo en seis meses como se nos permite por la legislación, lo haremos». Esta potencial subida contemplada por Díaz hubiese aumentado la presión sobre el tejido empresarial español, compuesto en su mayoría por pequeñas empresas, que se verían golpeadas por la subida de costes de la guerra y por un nuevo incremento de los costes laborales. Esto, sin embargo, no preocupaba especialmente a la ministra, que aseguró entonces que las empresas españolas tienen «márgenes brutales» para afrontar un incremento salarial a pesar de la crisis.
Finalmente, esta subida ha quedado descartada porque el alza de la inflación, aunque real, no alcanza el umbral que justificaría aplicar una segunda revisión. El Gobierno pondrá ahora todos sus esfuerzos en el proceso de negociación para la subida del salario mínimo de 2027 que, según ha avanzado el secretario de Estado de Trabajo, arrancará tras el verano. En todo caso, ha asegurado que la evolución de los precios deberá tenerse en cuenta en las próximas negociaciones: «Es obvio que la evolución de la inflación tendrá que ser tenida en cuenta en el próximo proceso de negociación del SMI 2027»
Así, los salarios más bajos seguirán congelados este año mientras los precios mantienen su senda alcista. Según los últimos datos del INE, la inflación repuntó en julio hasta el 3,5% por los combustibles y la electricidad, una décima más frente al dato de marzo que Yolanda Díaz tuvo en cuenta para abrir la puerta a una subida extraordinaria del SMI. El encarecimiento de los combustibles y la electricidad, además, arrastra al resto de elementos de la cesta de la compra y sigue mermando el poder adquisitivo de los españoles.
El SMI se sitúa actualmente en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas tras subir este año un 3,1%con el apoyo de los sindicatos pero sin el de los empresarios, que se descolgaron por sexto año consecutivo del acuerdo de subida al calcular que antes del alza el SMI ya se situaba un 4,9% por encima de lo que le correspondería. Para las patronales, el SMI ya está sobredimensionado y sus sucesivas subidas están penalizando el empleo. Desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en 2018, el SMI se ha revalorizado un 66%. A su llegada tenía un valor de 735,9 euros al mes. Noticias de Economía Nacional e Internacional en La Razón
