Hay que reconocer que los sindicatos españoles tienen una extraordinaria capacidad para elegir el momento de sus reivindicaciones donde por fin han dado con la solución brillante a la crisis de vivienda, dejar de trabajar. Después de años de encarecimiento de la vivienda, pérdida de poder adquisitivo y dificultades crecientes para llegar a fin de mes, los sindicatos de clase descubren que España tiene un problema económico que merece una huelga general.
La huelga se convoca para reclamar salarios dignos y viviendas asequibles, pero lo sorprendente es el diagnóstico económico y, sobre todo, la selección de responsabilidades, porque mientras se señala a empresarios, propietarios y partidos de la oposición, cuesta encontrar una exigencia de responsabilidades hacia quienes han dirigido, durante años, el país y, sobre todo, la política económica y de vivienda.
Además, deberíamos aplaudir esta inusitada audacia económica donde se pide que millones de trabajadores renuncien al salario de un día para protestar porque no llegan a fin de mes, paralizando la actividad económica. Aquí cabe preguntarse qué problema estructural resuelve dejar de producir durante veinticuatro horas, porque los pisos no aparecen por decreto, los salarios no aumentan por manifestación y la productividad no mejora a golpe de pancarta y piquetes.
Pero parece más sencillo convocar una huelga que explicar por qué España necesita incrementar su productividad, facilitar la inversión, reducir las trabas burocráticas y construir muchas más viviendas. Tampoco resulta especialmente popular recordar que el poder adquisitivo depende del salario neto, no del bruto, con una recaudación de impuestos que bate récords vaciando los bolsillos de los trabajadores, lo que también condiciona lo que queda disponible para pagar el alquiler. Porque el salario real del trabajador al que los sindicatos dicen defender es prácticamente el mismo que en 2018 y hoy paga más impuestos que nunca por las subidas de los mismos y por el ensanchamiento de las bases imponibles dada la progresividad en frío.
Igualmente, sin empresas competitivas, inversión, innovación y productividad sostenida, los incrementos salariales reales tienen un recorrido limitado pues se puede exigir que los salarios suban, pero sería conveniente explicar cómo lograrlo sin perjudicar el empleo ni alimentar nuevas tensiones de costes.
Y en materia de vivienda, el problema fundamental sigue siendo la insuficiencia de oferta frente a una demanda creciente, todo lo demás son fuegos de artificio ya que, sin seguridad jurídica, suelo disponible, agilidad administrativa e incentivos para construir y alquilar, difícilmente aumentará el número de viviendas asequibles.
Lo verdaderamente preocupante es que una convocatoria sindical termine desplazando el debate desde la eficacia de las políticas públicas hacia la confrontación partidista porque España necesita sindicatos capaces de defender a los trabajadores incluso cuando las decisiones que perjudican su bienestar proceden de gobiernos políticamente próximos. De lo contrario, corremos el riesgo de que los sindicatos de clase terminen preocupándose más por la clase política que por la clase trabajadora para no morder la mano que les da de comer.
Juan Carlos Higueras es doctor en economía y Vicedecano de EAE Business School
España necesita sindicatos capaces de defender a los trabajadores incluso cuando las decisiones que perjudican su bienestar proceden de gobiernos políticamente próximos
Hay que reconocer que los sindicatos españoles tienen una extraordinaria capacidad para elegir el momento de sus reivindicaciones donde por fin han dado con la solución brillante a la crisis de vivienda, dejar de trabajar. Después de años de encarecimiento de la vivienda, pérdida de poder adquisitivo y dificultades crecientes para llegar a fin de mes, los sindicatos de clase descubren que España tiene un problema económico que merece una huelga general.
La huelga se convoca para reclamar salarios dignos y viviendas asequibles, pero lo sorprendente es el diagnóstico económico y, sobre todo, la selección de responsabilidades, porque mientras se señala a empresarios, propietarios y partidos de la oposición, cuesta encontrar una exigencia de responsabilidades hacia quienes han dirigido, durante años, el país y, sobre todo, la política económica y de vivienda.
Además, deberíamos aplaudir esta inusitada audacia económica donde se pide que millones de trabajadores renuncien al salario de un día para protestar porque no llegan a fin de mes, paralizando la actividad económica. Aquí cabe preguntarse qué problema estructural resuelve dejar de producir durante veinticuatro horas, porque los pisos no aparecen por decreto, los salarios no aumentan por manifestación y la productividad no mejora a golpe de pancarta y piquetes.
Pero parece más sencillo convocar una huelga que explicar por qué España necesita incrementar su productividad, facilitar la inversión, reducir las trabas burocráticas y construir muchas más viviendas. Tampoco resulta especialmente popular recordar que el poder adquisitivo depende del salario neto, no del bruto, con una recaudación de impuestos que bate récords vaciando los bolsillos de los trabajadores, lo que también condiciona lo que queda disponible para pagar el alquiler. Porque el salario real del trabajador al que los sindicatos dicen defender es prácticamente el mismo que en 2018 y hoy paga más impuestos que nunca por las subidas de los mismos y por el ensanchamiento de las bases imponibles dada la progresividad en frío.
Igualmente, sin empresas competitivas, inversión, innovación y productividad sostenida, los incrementos salariales reales tienen un recorrido limitado pues se puede exigir que los salarios suban, pero sería conveniente explicar cómo lograrlo sin perjudicar el empleo ni alimentar nuevas tensiones de costes.
Y en materia de vivienda, el problema fundamental sigue siendo la insuficiencia de oferta frente a una demanda creciente, todo lo demás son fuegos de artificio ya que, sin seguridad jurídica, suelo disponible, agilidad administrativa e incentivos para construir y alquilar, difícilmente aumentará el número de viviendas asequibles.
Lo verdaderamente preocupante es que una convocatoria sindical termine desplazando el debate desde la eficacia de las políticas públicas hacia la confrontación partidista porque España necesita sindicatos capaces de defender a los trabajadores incluso cuando las decisiones que perjudican su bienestar proceden de gobiernos políticamente próximos. De lo contrario, corremos el riesgo de que los sindicatos de clase terminen preocupándose más por la clase política que por la clase trabajadora para no morder la mano que les da de comer.
Juan Carlos Higueras es doctor en economía y Vicedecano de EAE Business School
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