Dinero y tractorada: esas son dos de las palabras claves estos días en el campo. O deberían serlo, porque las negociaciones sobre el Marco Financiero de la UE, que entran esta semana en el inicio de su recta final, están pasando más desapercibidas de lo que debieran. Mientras eso sucede en Bruselas, aquí, en España, tres organizaciones agrarias han decidido mantener las movilizaciones y convocar una gran tractorada en Madrid el día 28 por la falta de dinero, o, mejor dicho, porque una gran parte de las explotaciones agrarias no son rentables debido a que los precios que perciben agricultores y ganaderos no son suficientes para hacer frente al incremento que han registrado los costes de producción. Y el dinero también ha sido noticia en este comienzo de campaña electoral, porque, casualidad, o no, Luis Planas, el ministro sanchista de Agricultura ha “regado” con una lluvia de millones de euros a las cooperativas y otras organizaciones del sector agrario.
Lo primero es la negociación presupuestaria en la UE que entra esta semana en el comienzo de lo que debería ser su recta final. Mañana se reúne el Consejo de Asuntos Generales que estudiará la propuesta de compromiso que presentó el sábado la presidencia irlandesa. Como su propio nombre indica debería servir para alcanzar un pacto. Los de Dublín han atendido en parte las reivindicaciones de los Estados miembros “tacaños”, como Alemania, Austria, Suecia, los Países Bajos, Dinamarca y Finlandia, que reclamaron recortes significativos (de varios cientos de miles de millones de euros) sobre la propuesta inicial de la Comisión Europea; finalmente la reducción sería de 141.000 millones de euros, cifra que esas delegaciones han considerado claramente insuficiente. Del otro lado esta un grupo de países en el que figura España, Italia y otros del este de la UE, que piden un incremento del presupuesto comunitario y que no se toque el dinero de la PAC y de la política de cohesión; para contentar a este bloque los irlandeses limitan mucho los recortes en estos dos capítulos. Y así es como están las cosas la víspera de esa reunión de los ministros de Asuntos Generales, que prepara a su vez las negociaciones en el seno de la Cumbre Europea, que se reúne el jueves y el viernes. El objetivo es llegar a un acuerdo antes de que acabe el año porque en 2027 hay elecciones presidenciales en Francia y también comicios en Italia y otros países importantes, lo que dificultaría conseguir un acuerdo. Este debate presupuestario, del que dependerá la cantidad de dinero que habrá para financiar la PAC en 2028-34, coincide en gran parte con las elecciones en España y con la formación del nuevo gobierno que salga de las mismas.
Lluvia de millones
Precisamente, al día siguiente de que Pedro Sánchez anunciase la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el reparto de ayudas a distintas organizaciones del sector. En total se distribuyen 4,8 millones de euros, de las que casi 1,4 fueron a parar las cooperativas agroalimentarias, presididas por Ángel Villafranca. Otra de las beneficiadas por el “riego” de euros propuesto por Luis Planas es la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) con 580.000 euros; esta organización guarda un silencio atronador sobre la nefasta gestión del ministro en relación con la industria alimentaria, por ejemplo, el PERTE Agroalimentario, que ha sido gestionado desde el Ministerio de Industria. A la Federación de Comunidades de Regantes han ido a parar casi un cuarto de millón de euros y a la Fundación Cajamar, vinculada a la entidad financiera del mismo nombre, 150.000 euros. Y todo ello a las pocas horas de la convocatoria de elecciones.
Mientras tanto, ASAJA, COAG y Unión de Uniones han decidido mantener las movilizaciones anunciadas y que se han concretado en una gran tractorada en Madrid, que terminaría frente a la sede del Ministerio de Agricultura, el 28 de octubre. De esta convocatoria se ha descolgado la cuarta organización reconocida por la Administración, que es la UPA, integrada en la UGT, argumentando que no quiere interferir en el proceso electoral. Sin embargo, el sindicato socialista sí que participa en la huelga general prevista para mediados de noviembre, poco antes del inicio de la campaña electoral. Las organizaciones convocantes destacan que la subida de los costes de producción, especialmente gasóleo, resto de energía y fertilizantes, es muy importante y sitúa a una gran parte de las explotaciones en pérdidas, ya que los precios percibidos no compensan estos incrementos. Al final, se trata también de una cuestión de dinero.
ASAJA, COAG y Unión de Uniones convocan un protesta el 28 de octubre por la falta de rentabilidad. Esta semana se negocia el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC)
Dinero y tractorada: esas son dos de las palabras claves estos días en el campo. O deberían serlo, porque las negociaciones sobre el Marco Financiero de la UE, que entran esta semana en el inicio de su recta final, están pasando más desapercibidas de lo que debieran. Mientras eso sucede en Bruselas, aquí, en España, tres organizaciones agrarias han decidido mantener las movilizaciones y convocar una gran tractorada en Madrid el día 28 por la falta de dinero, o, mejor dicho, porque una gran parte de las explotaciones agrarias no son rentables debido a que los precios que perciben agricultores y ganaderos no son suficientes para hacer frente al incremento que han registrado los costes de producción. Y el dinero también ha sido noticia en este comienzo de campaña electoral, porque, casualidad, o no, Luis Planas, el ministro sanchista de Agricultura ha “regado” con una lluvia de millones de euros a las cooperativas y otras organizaciones del sector agrario.
Lo primero es la negociación presupuestaria en la UE que entra esta semana en el comienzo de lo que debería ser su recta final. Mañana se reúne el Consejo de Asuntos Generales que estudiará la propuesta de compromiso que presentó el sábado la presidencia irlandesa. Como su propio nombre indica debería servir para alcanzar un pacto. Los de Dublín han atendido en parte las reivindicaciones de los Estados miembros “tacaños”, como Alemania, Austria, Suecia, los Países Bajos, Dinamarca y Finlandia, que reclamaron recortes significativos (de varios cientos de miles de millones de euros) sobre la propuesta inicial de la Comisión Europea; finalmente la reducción sería de 141.000 millones de euros, cifra que esas delegaciones han considerado claramente insuficiente. Del otro lado esta un grupo de países en el que figura España, Italia y otros del este de la UE, que piden un incremento del presupuesto comunitario y que no se toque el dinero de la PAC y de la política de cohesión; para contentar a este bloque los irlandeses limitan mucho los recortes en estos dos capítulos. Y así es como están las cosas la víspera de esa reunión de los ministros de Asuntos Generales, que prepara a su vez las negociaciones en el seno de la Cumbre Europea, que se reúne el jueves y el viernes. El objetivo es llegar a un acuerdo antes de que acabe el año porque en 2027 hay elecciones presidenciales en Francia y también comicios en Italia y otros países importantes, lo que dificultaría conseguir un acuerdo. Este debate presupuestario, del que dependerá la cantidad de dinero que habrá para financiar la PAC en 2028-34, coincide en gran parte con las elecciones en España y con la formación del nuevo gobierno que salga de las mismas.
Precisamente, al día siguiente de que Pedro Sánchez anunciase la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el reparto de ayudas a distintas organizaciones del sector. En total se distribuyen 4,8 millones de euros, de las que casi 1,4 fueron a parar las cooperativas agroalimentarias, presididas por Ángel Villafranca. Otra de las beneficiadas por el “riego” de euros propuesto por Luis Planas es la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) con 580.000 euros; esta organización guarda un silencio atronador sobre la nefasta gestión del ministro en relación con la industria alimentaria, por ejemplo, el PERTE Agroalimentario, que ha sido gestionado desde el Ministerio de Industria. A la Federación de Comunidades de Regantes han ido a parar casi un cuarto de millón de euros y a la Fundación Cajamar, vinculada a la entidad financiera del mismo nombre, 150.000 euros. Y todo ello a las pocas horas de la convocatoria de elecciones.
Mientras tanto, ASAJA, COAG y Unión de Uniones han decidido mantener las movilizaciones anunciadas y que se han concretado en una gran tractorada en Madrid, que terminaría frente a la sede del Ministerio de Agricultura, el 28 de octubre. De esta convocatoria se ha descolgado la cuarta organización reconocida por la Administración, que es la UPA, integrada en la UGT, argumentando que no quiere interferir en el proceso electoral. Sin embargo, el sindicato socialista sí que participa en la huelga general prevista para mediados de noviembre, poco antes del inicio de la campaña electoral. Las organizaciones convocantes destacan que la subida de los costes de producción, especialmente gasóleo, resto de energía y fertilizantes, es muy importante y sitúa a una gran parte de las explotaciones en pérdidas, ya que los precios percibidos no compensan estos incrementos. Al final, se trata también de una cuestión de dinero.
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