La X siempre ha sido un incógnita a despejar. Que se esconde detrás de ella. Esa fue la gran pregunta que durante horas recorrió este martes España en distintas esferas. Cuál era la concreción de las medidas en materia de Vivienda aprobadas por el Consejo de Ministros. Una negociación llevada hasta el último minuto, incluido un retraso de una hora en el inicio de la reunión del gabinete, provocó que hubiera X a la hora de explicar algunos puntos del paquete. «Las últimas redacciones son siempre con XXX», defendía Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda. Una ecuación despejada: el choque entre PSOE y Sumar por el calado de las medidas obligó a aprobar dos decretos y no uno solo, como era la pretensión.
El Gobierno desgaja su plan para abordar el problema de la vivienda en dos decretos ante las discrepancias con Sumar
La X siempre ha sido un incógnita a despejar. Que se esconde detrás de ella. Esa fue la gran pregunta que durante horas recorrió este martes España en distintas esferas. Cuál era la concreción de las medidas en materia de Vivienda aprobadas por el Consejo de Ministros. Una negociación llevada hasta el último minuto, incluido un retraso de una hora en el inicio de la reunión del gabinete, provocó que hubiera X a la hora de explicar algunos puntos del paquete. «Las últimas redacciones son siempre con XXX», defendía Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda. Una ecuación despejada: el choque entre PSOE y Sumar por el calado de las medidas obligó a aprobar dos decretos y no uno solo, como era la pretensión.
Un texto «ambicioso», según el PSOE, con todas las medidas -protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028- y con la perspectiva de ser validado en el Congreso; y un segundo decreto que despliega la renovación automática del alquiler, articulado a última hora y con pocas opciones de refrendo parlamentario.
Otro expediente X: un mismo gobierno que protagoniza dos ruedas de prensa simultáneas para explicar el mismo asunto.
Pero falta la gran ecuación por resolver: ¿tiene el Gobierno los apoyos necesarios? Desde La Moncloa y desde Vivienda se muestran confiados en que sí. Aunque no las tienen todas consigo. El radar apunta a Junts y Podemos, dos de las formaciones que más reticencias han mostrado, aunque el planteamiento del Ejecutivo no ha satisfecho a ninguno de sus socios. Y para sacar adelante aunque sea sólo un decreto necesitan de la participación de todos los partidos que apoyaron la investidura. Las formaciones guardaron este martes sus cartas y evitaron descubrir ya el sentido final de su voto. Tampoco Junts, que esgrimió que necesitaba leer bien los textos para decidir.
«No se puede contentar a todo el mundo, de eso se tratan los acuerdos», constata un ministro. «En las negociaciones todo el mundo tiene que ceder». Ocurre que el Ejecutivo debe realizar un ejercicio de contorsionismo para contentar al mismo tiempo a partidos más a la izquierda como ERC, Bildu o Podemos y a fuerzas más conservadoras como Junts y el PNV. «Somos optimistas», trasladan desde el sector socialista del Ejecutivo. «Creemos que tenemos los apoyos». En la tarde del martes el malestar de los socios se extendía al hecho de pasar las horas y no contar con los textos para poder analizarlos.
Con todo, y ante la incertidumbre de lo que pueda pasar, Pedro Sánchez lanzó un mensaje claro:el Gobierno «ha hecho su parte». Descarga la responsabilidad en los partidos. Defiende que el Ejecutivo «ha escuchado a la gente y ha actuado». La rendición de cuentas la pone ahora en los demás, porque, entienden en el complejo presidencial, ellos han llegado hasta donde podían hacer.
En este contexto, el Gobierno ha desplegado una estrategia que no es inocente con los tiempos. Tras meses infructuosos de negociación en materia de vivienda, quieren aprovechar el efecto Maricarmen para aprobar un paquete «ambicioso», «amplio» y «transversal» con medidas que, por ejemplo, no incluyeron en intentos anteriores. «Hay que aprovechar el contexto social», «Es una oportunidad única», explican miembros del Gobierno sobre la movilización en la calle surgida a raíz del desahucio de la anciana de 87 años. «A ver quién se atreve a votar en contra con esta situación», remacha otro integrante del Ejecutivo. «Quien se ponga enfrente de ese clamor social un destino político muy delicado», fue el mensaje de Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, de ala de Sumar, y una de las personas implicadas en la negociación de las medidas.
Un Real Decreto Ley -que es lo que aprobó este martes el Consejo de Ministros- tiene que ser convalidado en el Congreso antes de transcurrir los 30 días siguientes a su promulgación. En esta ocasión, La Moncloa ha pedido que la votación sea apenas 72 horas después de aprobarlo. Operación exprés. La explicación que ofrecen en el Gobierno es que se quiere evitar que haya dudas o vacíos jurídicos. Sin embargo, a ninguno de los partidos que integran el Congreso se le escapa el calendario: el miércoles pasado se produjo el desahucio de Maricarmen; el sábado se produjo la gran manifestación en Madrid que acabó con la acampada en Sol; este martes se celebra el Consejo de Ministros; y el viernes se vota en el Congreso. Diez días.
Hay otro factor en esta ecuación. El gabinete aprobó tres reales decretos, los dos en materia de vivienda mas un tercero que prorroga y adaptar las medidas de apoyo a hogares, empresas y sectores más expuestos a las consecuencias económicas derivas de la guerra en Oriente Próximo. Y no se somete a votación el viernes.
«Maricarmen es un punto de inflexión», analizan desde el Gobierno. «Llevábamos meses negociando y no lográbamos reunir los apoyos necesarios y ahora sí». Esa ola de indignación ciudadana es la que también llevó a La Moncloa a desgajar su propuesta en dos textos. Primero para que no quedara fuera una de las exigencias que han elevado desde la calle estos días, sobre todo desde el Sindicato de Inquilinas: los contratos indefinidos, a la sazón la renovación automática del alquiler, que es la medida que va despiezada, sola, porque no se ha negociado con los partidos y no se tiene la plena convicción de que pueda ser aprobada. Segundo para hacer un paquete que reúna en mayor o menor medida las peticiones hechas por los grupos -protección a vulnerables y familias por un lado; bonificaciones fiscales por otro a propietarios- y colectivos sociales y así tratar de contener esa movilización e intentar que no se revuelva contra ellos. «Sin el coraje de Mari Carmen y sin la presión de la calle el PSOE no se hubiera movido y no hubiera aprobado mucho de lo que tienen estos decretos», exponen desde Sumar.
«Nosotros no le tenemos miedo a la calle», objetan desde la sala de máquinas socialista. «Los socialistas siempre hemos estado en todas las protestas y en todas las reivindicaciones ciudadanas que ha capitaneado y capitalizado Madrid. El movimiento ciudadano lo apoyamos y aplaudimos». Una de las luchas soterradas en este asunto es, también, quien capitaliza y puede terminar transformando en votos ese descontento social.
Para La Moncloa despiezar dos decretos «es buena política y buena gestión». El trasfondo es proteger un paquete de medidas negociadas durante meses, pero, al tiempo, habilitar otro documento con las reivindicaciones sociales para evitar la crítica de que no escuchan a la calle. «Ciertamente no lo hemos podido trabajar con los grupos», confesaba la ministra de Vivienda, reconociendo que era una decisión de último minuto.
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