¿Qué contiene el informe que acusa a agentes marroquíes de participar en la crisis migratoria de Ceuta?

Una crisis de enormes proporciones se ha abierto de manera insospechada en el Ministerio del Interior. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro Fernando Grande-Marlaska insistían públicamente en que Marruecos no tenía responsabilidad en el asalto fronterizo de los días 30 y 31 de julio, la Comisaría General de Extranjería preparaba y remitía un informe a la jueza María Tardón que sostiene exactamente lo contrario. El documento, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), incluye imágenes que muestran a agentes marroquíes dirigiendo a la multitud y dando órdenes a gendarmes uniformados, apuntando a un proceso cuidadosamente planificado para colapsar el control español y descartando la autoría de «mafias», «Rusia» o «Israel».

 Una crisis de enormes proporciones se ha abierto de manera insospechada en el Ministerio del Interior. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro  

Una crisis de enormes proporciones se ha abierto de manera insospechada en el Ministerio del Interior. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro Fernando Grande-Marlaska insistían públicamente en que Marruecos no tenía responsabilidad en el asalto fronterizo de los días 30 y 31 de julio, la Comisaría General de Extranjería preparaba y remitía un informe a la jueza María Tardón que sostiene exactamente lo contrario. El documento, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), incluye imágenes que muestran a agentes marroquíes dirigiendo a la multitud y dando órdenes a gendarmes uniformados, apuntando a un proceso cuidadosamente planificado para colapsar el control español y descartando la autoría de «mafias», «Rusia» o «Israel».

El informe de la Comisaría General de Extranjería fue entregado al juzgado el mismo lunes en que Pedro Sánchez aseguraba en la Cadena Ser: «No hay ninguna información ni por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni por parte del CNI, ni por parte de ningún centro de inteligencia que alumbre alguna duda acerca de la participación de las autoridades marroquíes». Esta contradicción provocó un inmediato choque institucional de gran calado, ya que el documento se envió directamente a la autoridad judicial sin pasar por la Dirección General de la Policía, dejando a Interior en fuera de juego.

Ante este escenario, Grande-Marlaska ha exigido explicaciones por carta al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, para «conocer desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa investigación, esencial para que el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta en ejercicio de sus funciones constitucionales». Por su parte, el ministro Ángel Víctor Torres, nombrado mando único de la crisis, admitió su desconcierto afirmando no saber «si es un informe particular de un agente, si ese informe fue requerido por quién, y por tanto en estos momentos estamos en que se aclare todo, porque es lo que merece también la ciudadanía».

Torres añadió en sus declaraciones: «Si queremos hablar con rigor, indudablemente tenemos que tener ese informe sobre la mesa». Horas después del requerimiento de Interior, Francisco Pardo Piqueras ha comunicado oficialmente al ministro que no existe ningún informe policial que atribuya a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los sucesos de julio. Pardo ha aclarado que no conocía la existencia del documento porque la jueza Tardón, basándose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ordenó expresamente a los investigadores no facilitar información alguna a sus superiores.

Tras recibir la autorización de la magistrada para informar, Pardo se reunió con los comisarios generales de Información y de Extranjería y Fronteras, concluyendo que ningún informe responsabiliza a las fuerzas marroquíes de «la planificación o ejecución» del asalto en el que entraron alrededor de 80.000 personas. Respecto al aviso previo de riesgo «extremo» emitido el 29 de julio, el director general precisó que se trata de una alerta «frecuente» que no incluía alusiones a una entrada masiva al día siguiente.

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