Con cuatro meses de retraso sobre el calendario previsto por los desencuentros en su negociación con las comunidades autónomas, el Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
El proyecto triplica la inversión en la materia hasta los 7.000 millones de euros –el 60% procederá del Gobierno y el 40% de las autonomías– y, como gran novedad, garantiza que todas las viviendas asequibles que se promuevan con cargo a este dinero tendrán carácter público a perpetuidad. Además, incluye lo que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, denominó como «cláusula antifraude», lo que implica que los registros de demandantes de vivienda quedarán blindados para evitar la adjudicación fraudulenta de viviendas a quienes no las necesitan. Así, se estipula que las viviendas construidas o adquiridas con recursos del plan «se tendrán que adjudicar con criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables».
Rodríguez aseguró que se trata de un plan «muy importante que creo que va a ser muy útil como solución al problema de la vivienda, no de manera tangencial sino yendo a cambios estructurales que eran muy demandado por la ciudadanía y por el sector»
Pero a pesar de destacar su utilidad, diversas fuentes del sector dudan de su eficacia. La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquilar (Asval) valoró que el plan supone «un paso en la buena dirección», pero avisó de que «su impacto será limitado si no se refuerza la ambición presupuestaria, se desarrolla un modelo sólido de alquiler asequible incentivado y se alinea plenamente con el nuevo marco europeo».
En una nota, los grandes tenedores denunciaron que «en muchas ocasiones» están «asumiendo de facto una función de escudo social que debería corresponder al Estado a través de un parque público suficiente y adecuado», por lo que sostienen que «cualquier sistema de protección debe ir acompañado de mecanismos de compensación claros, efectivos y dotados financieramente, que garanticen un reparto equilibrado de responsabilidades».
La Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) también denunció que el plan «no focaliza de manera suficiente sus recursos ni sus medidas en estos mercados tensionados». También coincidió con Asval en que carece de una dotación presupuestaria sólida y destacó que el diseño del plan condiciona la actuación de las comunidades autónomas mediante sistemas de cofinanciación, lo que dificulta su aplicación.
La patronal de los promotores (APCEspaña), aunque lo considera un primer paso, aseguró que es preciso esperar a ver cómo se materializan los convenios con las autonomías, elemento clave para la ejecución de este plan, para poder valorar su alcance real. Además, reiteró la necesidad de seguir habilitando suelo para construir, un aspecto que el proyecto de Vivienda no aborda.
La patronal de la construcción (CNC) también teme que la confrontación entre el Gobierno y las autonomías del PP pueda truncar el plan por lo que insistió en la necesidad de «reforzar la coordinación e interlocución entre administraciones para garantizar una ejecución ágil y eficaz».
Precisamente, desde el PP, su portavoz de Vivienda en el Congreso, Alberto Ibáñez, lamentó la falta de fondos ya que los 7.000 millones de euros con que está dotado el plan son un 30 % menos que los gastados en el periodo 2009-2012.
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, aseguró que el nuevo Plan de Vivienda caracteriza lo que es la política de vivienda del Ejecutivo, que es que «hace muchos anuncios, pero la realidad es que esos hechos se traducen a cero».
La primera ocasión de comprobar cómo de distantes están las posturas será el próximo 28 de abril, día en el que el ministerio ha citado a las comunidades autónomas para preparar la Conferencia Sectorial en la que tratará de llegar a un acuerdo de financiación sobre el plan.
Ayudas
El plan aprobado ayer se sustenta en cinco ejes: más vivienda pública, protegida y asequible, mejor vivienda, adelantar la edad de emancipación de los jóvenes, reducir la tasa de esfuerzo para pagar una vivienda y revertir las zonas tensionadas y poner especial atención al mundo rural.
Para lograr sus objetivos, contempla que un 40% de sus fondos vayan destinados a la construcción, un 30% a la rehabilitación y otro 30% a las ayudas.
El plan incluye ayudas para promover vivienda pública o en régimen de colaboración público-privada con hasta 85.000 euros por vivienda, que tendrán un precio máximo de alquiler de 900 euros al mes y estarán para siempre protegidas, de hasta 8.000 euros por vivienda para financiar la urbanización de suelos en los que se tenga previsto construir, al menos, un 40% de vivienda protegida, ayudas estructurales de rehabilitación de hasta 8.000 euros por vivienda o ayudas a jóvenes por 300 euros para el pago del alquiler.
El sector augura que el proyecto tiene obstáculos que dificultan su despliegue. Blinda a perpetuidad las viviendas asequibles públicas que promueva
Con cuatro meses de retraso sobre el calendario previsto por los desencuentros en su negociación con las comunidades autónomas, el Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
El proyecto triplica la inversión en la materia hasta los 7.000 millones de euros –el 60% procederá del Gobierno y el 40% de las autonomías– y, como gran novedad, garantiza que todas las viviendas asequibles que se promuevan con cargo a este dinero tendrán carácter público a perpetuidad. Además, incluye lo que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, denominó como «cláusula antifraude», lo que implica que los registros de demandantes de vivienda quedarán blindados para evitar la adjudicación fraudulenta de viviendas a quienes no las necesitan. Así, se estipula que las viviendas construidas o adquiridas con recursos del plan «se tendrán que adjudicar con criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables».
Rodríguez aseguró que se trata de un plan «muy importante que creo que va a ser muy útil como solución al problema de la vivienda, no de manera tangencial sino yendo a cambios estructurales que eran muy demandado por la ciudadanía y por el sector»
Pero a pesar de destacar su utilidad, diversas fuentes del sector dudan de su eficacia. La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquilar (Asval) valoró que el plan supone «un paso en la buena dirección», pero avisó de que «su impacto será limitado si no se refuerza la ambición presupuestaria, se desarrolla un modelo sólido de alquiler asequible incentivado y se alinea plenamente con el nuevo marco europeo».
En una nota, los grandes tenedores denunciaron que «en muchas ocasiones» están «asumiendo de facto una función de escudo social que debería corresponder al Estado a través de un parque público suficiente y adecuado», por lo que sostienen que «cualquier sistema de protección debe ir acompañado de mecanismos de compensación claros, efectivos y dotados financieramente, que garanticen un reparto equilibrado de responsabilidades».
La Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) también denunció que el plan «no focaliza de manera suficiente sus recursos ni sus medidas en estos mercados tensionados». También coincidió con Asval en que carece de una dotación presupuestaria sólida y destacó que el diseño del plan condiciona la actuación de las comunidades autónomas mediante sistemas de cofinanciación, lo que dificulta su aplicación.
La patronal de los promotores (APCEspaña), aunque lo considera un primer paso, aseguró que es preciso esperar a ver cómo se materializan los convenios con las autonomías, elemento clave para la ejecución de este plan, para poder valorar su alcance real. Además, reiteró la necesidad de seguir habilitando suelo para construir, un aspecto que el proyecto de Vivienda no aborda.
La patronal de la construcción (CNC) también teme que la confrontación entre el Gobierno y las autonomías del PP pueda truncar el plan por lo que insistió en la necesidad de «reforzar la coordinación e interlocución entre administraciones para garantizar una ejecución ágil y eficaz».
Precisamente, desde el PP, su portavoz de Vivienda en el Congreso, Alberto Ibáñez, lamentó la falta de fondos ya que los 7.000 millones de euros con que está dotado el plan son un 30 % menos que los gastados en el periodo 2009-2012.
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, aseguró que el nuevo Plan de Vivienda caracteriza lo que es la política de vivienda del Ejecutivo, que es que «hace muchos anuncios, pero la realidad es que esos hechos se traducen a cero».
La primera ocasión de comprobar cómo de distantes están las posturas será el próximo 28 de abril, día en el que el ministerio ha citado a las comunidades autónomas para preparar la Conferencia Sectorial en la que tratará de llegar a un acuerdo de financiación sobre el plan.
El plan aprobado ayer se sustenta en cinco ejes: más vivienda pública, protegida y asequible, mejor vivienda, adelantar la edad de emancipación de los jóvenes, reducir la tasa de esfuerzo para pagar una vivienda y revertir las zonas tensionadas y poner especial atención al mundo rural.
Para lograr sus objetivos, contempla que un 40% de sus fondos vayan destinados a la construcción, un 30% a la rehabilitación y otro 30% a las ayudas.
El plan incluye ayudas para promover vivienda pública o en régimen de colaboración público-privada con hasta 85.000 euros por vivienda, que tendrán un precio máximo de alquiler de 900 euros al mes y estarán para siempre protegidas, de hasta 8.000 euros por vivienda para financiar la urbanización de suelos en los que se tenga previsto construir, al menos, un 40% de vivienda protegida, ayudas estructurales de rehabilitación de hasta 8.000 euros por vivienda o ayudas a jóvenes por 300 euros para el pago del alquiler.
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