Nueva fractura en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en esta ocasión para mostrar el apoyo a la instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez, la magistrada Beatriz Biedma.
Los consejeros conservadores denuncian que se renuncia así a la función de defensa de la independencia judicial.
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Nueva fractura en el seno delConsejo General del Poder Judicial, en esta ocasión para mostrar el apoyo a la instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez, la magistrada Beatriz Biedma.
Los vocales del denonimado sector conservador del órgano de gobierno de los jueces habían propuesto este miércoles en el Pleno la firma de un comunicado en apoyo de la juez de Badajoz que ha sido perseguida por las cloacas del PSOE. Sin embargo, ha sido imposible alcanzar un acuerdo en el Consejo antte la negativa de los consejeros del grupo progresista.
El texto -que previamente había sido mandado al sector progresista para que tuvieran conocimiento del mismo- lo presentó el vocal José Antonio Montero en el momento de ruego y preguntas de la reunión, indican fuentes del Pleno. Y fue entonces cuando los vocales Inés Herrero y Ricardo Bodas dijeron que no lo iban a suscribir porque sería interferir en la investigación judicial que lleva a cabo la Audiencia Nacional. El Ministerio de Interior procedió ayer a poner escolta a la magistrada ante el temor de que pudiera ser víctima de las mafias tras haberse personado como acusación en el juzgado de Santiago Pedraz.
En ese momento del Pleno, al visibilizarse la fractura, la presidenta del TS y el CGPJ, Isabel Perelló, pidió que el comunicado se aprobara por unanimidad e instó a los representantes de ambos grupos que se sentaran a negociar. Sin embargo, en un aparte, los progresistas comunicaron a los vocales del grupo conservador que no iban a votar ningún comunicado ni tampoco presentaron un texto alternativo en favor de la juez a las que las cloacas de Ferraz querían «eliminar».
Esta decisión ha llevado al bloque conservador a emitir una nota de prensa donde señalan que «ante la oposición frontal, tanto respecto del debate, como de su aprobación, por parte de los nueve vocales autodenominados progresistas (Ángel Arozamena, Ricardo Bodas, Bernardo Fernández, Luis Martín Contreras, José María Fernández Seijo, Esther Erice, Argelia Queralt, Inés Herrero y Lucia Avilés) se ha frustrado la aprobación del comunicado que no busca nada más que transmitir el apoyo a la Magistrada así como al resto de la Carrera Judicial».
Este sector del Consejo denuncia que «no alcanzamos a entender las razones de la oposición, así como la renuncia a una de las funciones esenciales del CGPJ, la defensa de la independencia judicial».
En la propuesta de inicial comunicado se pretendía resaltar la «profunda preocupación» del Poder Judicial «ante las informaciones conocidas sobre posibles actuaciones de hostigamiento, seguimiento o intimidación que habrían afectado a la magistrada Beatriz Biedma y a su entorno».
También se quería trasladar a la magistrada «su cercanía, solidaridad y respaldo institucional». «Ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, la presión o la intimidación. La independencia judicial no constituye un privilegio de quienes juzgan, sino una garantía de todos los ciudadanos», rezaba el comunicado de la discordia.
Asimismo, añadía que un mensaje de apoyo a los integrantes de la carrera judicial: «Ante cualquier intento de perturbarla, el CGPJ ejercerá con firmeza las competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye y adoptará las medidas necesarias para que jueces y magistrados puedan cumplir su función con libertad, serenidad y exclusivo sometimiento a la ley. Defender la independencia de cada juez es defender el Estado de Derecho».
Por su parte, los vocales del sector progresista han indicado que se «debe ser prudente y mantener una estricta neutralidad en relación a cualquier hecho sometido a una investigación judicial» y han añadido que «se deben evitar nombramientos que puedan interpretarse como una valoración anticipada de los hechos».
Por otro lado, ante la falta de acuerdo, ha tenido que ser retirado del orden del día del Pleno tanto los nombramientos pendientes de magistrados del Supremo como de la composición y renovación de las comisiones del Consejo.
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