«Un Gobierno que funciona». Es la definición que hizo Pedro Sánchez del suyo hace solo cinco días, ensalzando el número de leyes aprobadas y asegurando que sus mandatos han hecho «avanzar a nuestro país hasta situarlo en un lugar mucho mejor, infinitamente mejor, del que nos encontramos en el año 2018». Apenas 48 horas después de aquellas declaraciones, más de 50.000 personasaccedieron irregularmente a España por su frontera sur, en Ceuta, sin que las fuerzas de seguridad allí desplegadas pudieran frenarlo. Tampoco la diplomacia logró evitarlo -sí revertirlo, pero varias horas después-.
España vuelve a vivir un colapso récord. Moncloa insiste en que el Gobierno «funciona», pero la realidad lo desmiente en situaciones críticas
«Un Gobierno que funciona». Es la definición que hizo Pedro Sánchez del suyo hace solo cinco días, ensalzando el número de leyes aprobadas y asegurando que sus mandatos han hecho «avanzar a nuestro país hasta situarlo en un lugar mucho mejor, infinitamente mejor, del que nos encontramos en el año 2018». Apenas 48 horas después de aquellas declaraciones, más de 50.000 personasaccedieron irregularmente a España por su frontera sur, en Ceuta, sin que las fuerzas de seguridad allí desplegadas pudieran frenarlo. Tampoco la diplomacia logró evitarlo -sí revertirlo, pero varias horas después-.
En la cuestión de la que Sánchez hace más gala, la gestión, España vio cómo se le abría de nuevo una falla, al ponerse en entredicho la «integridad territorial» del país, en palabras del presidente. Una falla que, una vez más, puso de manifiesto cómo la falta de anticipación desbordó al Ejecutivo. Sucedió en la pandemia, en el apagón y en otras crisis de récord que marcan los mandatos de Sánchez.
Hace exactamente una semana, el Gobierno de Ceuta reclamó modificar la Ley de Extranjería porque una reciente sentencia del Tribunal Supremo resolvió que esta norma no autoriza el rechazo exprés de quienes entran irregularmente a nado. Al día siguiente, el lunes, el ejecutivo ceutí ya hablaba de una «situación de emergencia migratoria» en la ciudad, pues más de 1.000 personas habían cruzado la frontera en la última semana. Las llamadas de atención continuaron los días siguientes, pero el mayor incendio de la historia de España –Burgohondo (Ávila), más de 50.000 hectáreas quemadas- y las 79.000 personas que llegaron a estar evacuadas de sus casas por los fuegos mantenían el foco en otro sitio. También el del Gobierno: el miércoles por la tarde, a horas de que en Ceuta comenzara la oleada de llegadas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, permanecía en Navalcarnero (Madrid) en el puesto de mando habilitado ante los incendios.
El Gobierno no era, sin embargo, ajeno a que las entradas irregulares a Ceuta venían aumentando en las últimas semanas. Así quedaba recogido en los balances bimensuales de inmigración que realiza Interior -hasta el 15 julio habían entrado a nado y a pie 2.826 personas, casi un 150% más que a esas alturas del año anterior-.
Tampoco desconocía el Ejecutivo lo que es enfrentarse a una crisis migratoria. Fue una emergencia de esta índole la primera que se prestó a gestionar Sánchez cuando llegó al poder: con apenas 10 días como presidente a su espalda, ordenó acoger a las más de 600 personas que iban a bordo del barco Aquarius y que Italia, el mismo país que ahora ha llegado a suspender Schengen con España por la crisis en Ceuta, se negaba a acoger.
Después del Aquarius, otras crisis migratorias por los cayucos en Canarias, un intento de cruce de la valla de Melilla en 2022 que terminó en tragedia y un paso masivo de la frontera de Ceuta en 2021 -14.000 personas, menos de un tercio de las 50.000 que han pasado esta vez- figuran en el historial gestor de este Gobierno.
El último de esos episodios, que fue la respuesta de Marruecos a la acogida en un hospital español del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, dejó patente el poder del país vecino en el control de los flujos migratorios. Y, sobre todo desde entonces, Sánchez se ha esforzado en cuidar la relación con el reino alauí. El gran ejemplo de ello fue el cambio de postura sobre el Sáhara, que sirvió al Gobierno para reconducir la relación con Marruecos tras el choque por la acogida de Ghali. Sin embargo, esta vez, el país vecino no impidió que más de 50.000 personas cruzasen a Ceuta el jueves. La gran apuesta de Sánchez, en un giro de política internacional nunca explicado para mimar a Mohamed VI, se demostrada fracasada. Sólo ayudó, eso sí, a que la mayoría regresara a Marruecos en 48 horas.
En todo caso, pese a ese historial, el goteo de entradas de los días previos y la laguna legal que dejaba la sentencia del Supremo, el aluvión de llegadas a Ceuta no se anticipó. Como tampoco la magnitud de la pandemia del Covid que golpeó España en 2020, situándola a la cabeza en número de fallecidos, o el colapso energético que dejó el país sin luz en abril de 2025. Entonces, como ahora, había indicios que no bastaron para reaccionar a tiempo y contener la crisis. La capacidad de gestión del Ejecutivo quedó cuestionada, al abrirse una brecha en las costuras del sistema. Estos días, el número dos del principal partido de la oposición, Miguel Tellado, ha vuelto a hablar de «gobierno fallido». «Un gobierno que no gobierna nada; que de gobierno solo le queda el nombre», afirmó el viernes.
Las grandes fallas en la gestión que se han producido en los ocho años de mando de Sánchez han sido una de las cuestiones que más ha acusado el presidente demoscópicamente, junto a los casos de corrupción. Por ejemplo, el PSOE tocó fondo en el sondeo de Sigma Dos para EL MUNDO de febrero, el primero realizado tras el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) que, con 46 víctimas mortales, dejó al descubierto graves grietas en el sistema de transporte nacional. Igualmente bajó Sánchez tras la dana, pese a que entonces el grueso de la gestión de la tragedia estaba en manos de la Generalitat -el Gobierno no llegó a tomar el mando-.
El viernes, Tellado también escribió que el Ejecutivo «llega a todas las crisis tarde y mal». Y lo sostuvo a la vista de que el Gobierno no ordenó el despliegue del Ejército en Ceuta hasta la tarde del jueves, pese a que la oposición se lo pedía desde la mañana, y no aceptó la oferta europea para disponer Frontex en la frontera. El Ejecutivo reforzó los efectivos de Policía y Guardia Civil activos en la ciudad, pero lo hizo, sobre todo, a partir del jueves, pese a que el presidente de Ceuta venía alertando de un goteo incesante de llegadas desde días antes. Además, no fue hasta ayer a primera hora cuando el Gobierno instaló barreras de contención en el espigón del Tarajal (Ceuta): puso una neumática que sirve para esquivar la jurisprudencia dictada por el Supremo y validar las devoluciones en caliente. Pero la solución llega dos años después del primer aviso al respecto -un tribunal ceutí ya dictó entonces lo que este julio respaldó el Supremo-.
A esa sentencia se ha aferrado Moncloa para buscar una razón al aluvión de entradas a Ceuta, evitando en todo momento responsabilizar a Marruecos. El PP y Sumar, por contra, sí han cuestionado el papel que tuvo el país vecino en la contención. Tampoco ha hecho el Ejecutivo autocrítica, y por contra ha insistido en censurar la postura adoptada por varios países europeos. La no asunción de responsabilidades y las reticencias a valorar ciertas hipótesis también marcaron otras crisis: del apagón, donde el Gobierno evitó situar el origen en las renovables, a Adamuz, donde se retrasó apuntar a que el fallo fuera de la infraestructura. En el Covid se giró el foco sobre las comunidades autónomas. Y en la dana, Carlos Mazón le facilitó esa misma estrategia.
«Otra crisis más que resuelve Pedro Sánchez», escribió ayer el ministro Óscar Puente en redes. «Esto no debió ocurrir», dijo Alberto Núñez Feijóo desde Ceuta poco después.
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