El acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales desafíos económicos para los hogares españoles. El aumento de los precios y la escasez de oferta están obligando a cada vez más ciudadanos a recurrir al apoyo de su entorno para poder comprar o alquilar una casa.
Una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) refleja las dificultades que atraviesa el mercado inmobiliario. Según el estudio, el 39% de los españoles de entre 25 y 79 años ha necesitado en algún momento ayuda económica de familiares o amigos para acceder a una vivienda, ya sea en régimen de compra o de alquiler.
La dependencia del apoyo familiar es aún mayor entre los más jóvenes. La mitad de los encuestados de entre 25 y 44 años reconoce haber recurrido a este tipo de ayuda, frente al 31% de las personas de entre 60 y 79 años. Precisamente este último grupo es también el que más respaldo presta a las nuevas generaciones: uno de cada dos asegura haber ayudado económicamente a sus hijos para facilitarles el acceso a una vivienda.
Entre las fórmulas de apoyo más habituales destacan los préstamos sin intereses y las donaciones económicas, utilizadas en ambos casos por el 11% de los beneficiarios. En los últimos cinco años, estas ayudas alcanzaron un importe medio de 26.000 euros. También son frecuentes los avales bancarios (10%) y la cesión temporal de una vivienda o de un alquiler por debajo del precio de mercado (8%).
La OCU reclama un plan de vivienda más ambicioso
A la vista de estos resultados, la organización considera que el mercado inmobiliario español no dispone de un parque de viviendas suficiente y asequible para absorber una demanda que continúa creciendo.
Por ello, reclama un mayor compromiso de todas las administraciones para impulsar un plan de vivienda que favorezca tanto la construcción de nuevas promociones como la movilización de inmuebles vacíos, reduciendo además las trabas burocráticas que dificultan el aumento de la oferta.
La OCU recuerda que en 2025 se crearon 258.000 nuevos hogares, mientras que el parque de vivienda protegida sigue siendo insuficiente. Según sus datos, existe un déficit de unas 750.000 viviendas públicas, frente a las 12.858 calificaciones definitivas de viviendas de protección oficial (VPO) registradas el año pasado.
Mayor seguridad jurídica
La organización también considera necesario reforzar la seguridad jurídica en el mercado del alquiler. A su juicio, muchos pequeños propietarios optan por destinar sus viviendas al alquiler turístico o de temporada por la incertidumbre que genera la posibilidad de no recuperar la posesión del inmueble en casos de impago u ocupación por personas vulnerables.
En este sentido, propone establecer mecanismos de compensación rápidos y automáticos —o medidas equivalentes— para los propietarios que sufran retrasos en la recuperación de sus viviendas cuando se produzcan estas situaciones.
Asimismo, pide mantener una vigilancia estrecha sobre posibles abusos en el mercado del alquiler, como el cobro de gastos indebidos, la exigencia de garantías excesivas, la falta de devolución de fianzas sin causa justificada o el incumplimiento de las obligaciones de conservación de los inmuebles.
Los préstamos sin intereses y las donaciones económicas destacan entre las fórmulas de apoyo más habituales
El acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales desafíos económicos para los hogares españoles. El aumento de los precios y la escasez de oferta están obligando a cada vez más ciudadanos a recurrir al apoyo de su entorno para poder comprar o alquilar una casa.
Una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) refleja las dificultades que atraviesa el mercado inmobiliario. Según el estudio, el 39% de los españoles de entre 25 y 79 años ha necesitado en algún momento ayuda económica de familiares o amigos para acceder a una vivienda, ya sea en régimen de compra o de alquiler.
La dependencia del apoyo familiar es aún mayor entre los más jóvenes. La mitad de los encuestados de entre 25 y 44 años reconoce haber recurrido a este tipo de ayuda, frente al 31% de las personas de entre 60 y 79 años. Precisamente este último grupo es también el que más respaldo presta a las nuevas generaciones: uno de cada dos asegura haber ayudado económicamente a sus hijos para facilitarles el acceso a una vivienda.
Entre las fórmulas de apoyo más habituales destacan los préstamos sin intereses y las donaciones económicas, utilizadas en ambos casos por el 11% de los beneficiarios. En los últimos cinco años, estas ayudas alcanzaron un importe medio de 26.000 euros. También son frecuentes los avales bancarios (10%) y la cesión temporal de una vivienda o de un alquiler por debajo del precio de mercado (8%).
La OCU reclama un plan de vivienda más ambicioso
A la vista de estos resultados, la organización considera que el mercado inmobiliario español no dispone de un parque de viviendas suficiente y asequible para absorber una demanda que continúa creciendo.
Por ello, reclama un mayor compromiso de todas las administraciones para impulsar un plan de vivienda que favorezca tanto la construcción de nuevas promociones como la movilización de inmuebles vacíos, reduciendo además las trabas burocráticas que dificultan el aumento de la oferta.
La OCU recuerda que en 2025 se crearon 258.000 nuevos hogares, mientras que el parque de vivienda protegida sigue siendo insuficiente. Según sus datos, existe un déficit de unas 750.000 viviendas públicas, frente a las 12.858 calificaciones definitivas de viviendas de protección oficial (VPO) registradas el año pasado.
Mayor seguridad jurídica
La organización también considera necesario reforzar la seguridad jurídica en el mercado del alquiler. A su juicio, muchos pequeños propietarios optan por destinar sus viviendas al alquiler turístico o de temporada por la incertidumbre que genera la posibilidad de no recuperar la posesión del inmueble en casos de impago u ocupación por personas vulnerables.
En este sentido, propone establecer mecanismos de compensación rápidos y automáticos —o medidas equivalentes— para los propietarios que sufran retrasos en la recuperación de sus viviendas cuando se produzcan estas situaciones.
Asimismo, pide mantener una vigilancia estrecha sobre posibles abusos en el mercado del alquiler, como el cobro de gastos indebidos, la exigencia de garantías excesivas, la falta de devolución de fianzas sin causa justificada o el incumplimiento de las obligaciones de conservación de los inmuebles.
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