España era hasta hace unos años un ejemplo mundial en infraestructuras: aeropuertos modernos, una red vial que nada tenía que envidiar a la francesa o italiana a pesar de la compleja orografía y una alta velocidad que era la envidia de medio mundo, la segunda más extensa tras la china.
A eso se sumaba un despliegue renovable meteórico gracias a una red eléctrica robusta. Todo parecía funcionar y hasta se devolvía parte de los importes de los billetes del AVE con apenas cinco minutos de retraso, antes de la apertura de la red ferroviaria a otros operadores.
En apenas ocho años, los últimos tres con presupuestos prorrogados –un déficit consecuencia de la mayoría raquítica de la última legislatura de un Pedro Sánchez–, el deterioro de las infraestructuras españolas ha sido constante.
Un [[LINK:INTERNO|||Article|||6aa3fbb38ed4e0000708ca4c|||apagón –sobre cuyas víctimas mortales no hay recuentos ni responsable]]s– y dos accidentes ferroviarios con más de un centenar de muertos a los que se suman una cifra de fallecidos en carretera que lleva una década estancada. A este descrédito internacional se suma el político y estratégico, con la reciente «invasión» de Ceuta ante la que el Gobierno ha respondido con una tibieza desconcertante.
El hecho es que la inversión en obra civil y transporte está por un 34% por debajo de su máximo. El sesgo hacia la alta velocidad y el olvido del mantenimiento preventivo abren una brecha estructural frente a la media de la OCDE que amenaza la sostenibilidad de las redes de transporte públicas.
España completó a principios de siglo uno de los despliegues de obra civil más ambiciosos del mundo occidental. Sin embargo, se ha pasado de la modernidad al abandono estructural.
Según los registros históricos del Foro Internacional del Transporte (ITF) de la OCDE, la inversión pública en infraestructuras de transporte terrestre tocó techo entre los años 2008 y 2009, alcanzando una cota máxima en el entorno de los 16.000 millones de euros anuales dedicados en exclusiva a la creación de activos. Los análisis de entidades de investigación como el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), en sintonía con las series estadísticas de la OCDE, confirman que los niveles consolidados de inversión en obra civil se sitúan todavía un 34% por debajo del máximo anotado en 2009. El sector ferroviario personifica la cara más severa de este hundimiento.
Informes sectoriales y datos del ITF revelan que el desarrollo ferroviario español experimentó un desplome del 66,7% en su volumen de dotación pública respecto a su periodo de máxima expansión. Durante los años de bonanza, España llegó a destinar más del 50% de sus recursos de transporte terrestre de forma exclusiva al ferrocarril de alta velocidad, llegando a representar el 0,8% del PIB.
En un demoledor informe, la patronal de las grandes constructoras españolas Seopan alertaba hace apenas unos meses de las necesidades de inversión en conservación y mantenimiento de infraestructuras viarias, ferroviarias e hidráulicas por un importe de 127.341 millones de euros en la próxima década.
De esta cifra, 58.369 millones serían para carreteras, 20.280 millones para el ferrocarril y 48.692 millones para infraestructuras hidráulicas.
Solo en alta velocidad serían necesarios 8.829 millones (7.032 millones en mantenimiento y 1.797 millones en renovación de la línea Madrid-Barcelona) y 11.450 millones en mantenimiento de líneas convencionales.
A este esfuerzo en conservación se suma el reto de desarrollar nuevas infraestructuras por 280.000 millones, con lo que se concluye que, en conjunto, España necesita invertir en obra pública 407.341 millones en la próxima década.
Tres años sin presupuestos hunden a España en el descrédito internacional
España era hasta hace unos años un ejemplo mundial en infraestructuras: aeropuertos modernos, una red vial que nada tenía que envidiar a la francesa o italiana a pesar de la compleja orografía y una alta velocidad que era la envidia de medio mundo, la segunda más extensa tras la china.
A eso se sumaba un despliegue renovable meteórico gracias a una red eléctrica robusta. Todo parecía funcionar y hasta se devolvía parte de los importes de los billetes del AVE con apenas cinco minutos de retraso, antes de la apertura de la red ferroviaria a otros operadores.
En apenas ocho años, los últimos tres con presupuestos prorrogados –un déficit consecuencia de la mayoría raquítica de la última legislatura de un Pedro Sánchez–, el deterioro de las infraestructuras españolas ha sido constante.
Un apagón –sobre cuyas víctimas mortales no hay recuentos ni responsables– y dos accidentes ferroviarios con más de un centenar de muertos a los que se suman una cifra de fallecidos en carretera que lleva una década estancada. A este descrédito internacional se suma el político y estratégico, con la reciente «invasión» de Ceuta ante la que el Gobierno ha respondido con una tibieza desconcertante.
El hecho es que la inversión en obra civil y transporte está por un 34% por debajo de su máximo. El sesgo hacia la alta velocidad y el olvido del mantenimiento preventivo abren una brecha estructural frente a la media de la OCDE que amenaza la sostenibilidad de las redes de transporte públicas.
España completó a principios de siglo uno de los despliegues de obra civil más ambiciosos del mundo occidental. Sin embargo, se ha pasado de la modernidad al abandono estructural.
Según los registros históricos del Foro Internacional del Transporte (ITF) de la OCDE, la inversión pública en infraestructuras de transporte terrestre tocó techo entre los años 2008 y 2009, alcanzando una cota máxima en el entorno de los 16.000 millones de euros anuales dedicados en exclusiva a la creación de activos. Los análisis de entidades de investigación como el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), en sintonía con las series estadísticas de la OCDE, confirman que los niveles consolidados de inversión en obra civil se sitúan todavía un 34% por debajo del máximo anotado en 2009. El sector ferroviario personifica la cara más severa de este hundimiento.
Informes sectoriales y datos del ITF revelan que el desarrollo ferroviario español experimentó un desplome del 66,7% en su volumen de dotación pública respecto a su periodo de máxima expansión. Durante los años de bonanza, España llegó a destinar más del 50% de sus recursos de transporte terrestre de forma exclusiva al ferrocarril de alta velocidad, llegando a representar el 0,8% del PIB.
En un demoledor informe, la patronal de las grandes constructoras españolas Seopan alertaba hace apenas unos meses de las necesidades de inversión en conservación y mantenimiento de infraestructuras viarias, ferroviarias e hidráulicas por un importe de 127.341 millones de euros en la próxima década.
De esta cifra, 58.369 millones serían para carreteras, 20.280 millones para el ferrocarril y 48.692 millones para infraestructuras hidráulicas.
Solo en alta velocidad serían necesarios 8.829 millones (7.032 millones en mantenimiento y 1.797 millones en renovación de la línea Madrid-Barcelona) y 11.450 millones en mantenimiento de líneas convencionales.
A este esfuerzo en conservación se suma el reto de desarrollar nuevas infraestructuras por 280.000 millones, con lo que se concluye que, en conjunto, España necesita invertir en obra pública 407.341 millones en la próxima década.
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