Alan Greenspan (1926-2026), fallecido hace unas semanas, primero mitificado y luego denostado presidente de la Reserva Federal estadounidense (FED), utilizaba una ambigüedad muy calculada como parte también de su política monetaria. Dejó para la historia una respuesta mítica a un senador: «Si usted cree que me he explicado con claridad, probablemente me he expresado mal». No menos famosa fue su advertencia sobre la «exuberancia irracional de los mercados».
Ambas cosas vuelven a estar de actualidad. Kevin Warsh, el nuevo presidente de la FED, nombrado por Donald Trump, pero que quizá no le haga tanto caso como esperaba el inquilino de la Casa Blanca, ha anunciado una cierta vuelta a los tiempos de su antecesor porque quiere una comunicación menos clara, en teoría para influir menos en unos mercados que, para muchos, viven otra era de «exuberancia irracional», a pesar de las incertidumbres geopolíticas, que también son económicas.
En la España que sueña con una victoria de la selección de Luis de la Fuente en el Mundial americano, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ha lanzado algunas advertencias, más o menos claras, que todo indica que el Gobierno de Pedro Sánchez ignorará. La AIReF ha sido, desde su creación por imposición de la Comisión Europea en tiempos de Mariano Rajoy, cuando España eludió por la campana la intervención, casi siempre el Pepito Grillo del Gobierno de turno.
José Luis Escrivá, el primer presidente, le tocó bastante las narices a Cristóbal Montoro, que fue quien le nombró, algo que no le perdonaron en el Gobierno. Cristina Herrero, su sucesora, fue también el clavo en el zapato de Sánchez, María Jesús Montero, Nadia Calviño y, en menor medida, de Carlos Cuerpo. El final del mandato de Herrero supuso su relevo por Inés Olondriz, colaboradora de Montero en Hacienda y con la que en Moncloa esperaban que las críticas desaparecieran o quedaran muy minimizadas.
Los primeros meses de la nueva presidenta de la AIReF en el cargo han sido más plácidos para el Gobierno, pero esta semana pasada, muy suave en las formas y con un estilo que para algunos recuerda a Greenspan, un informe de la institución explica que el escenario económico no es tan de color de rosa y que las cuentas públicas pueden esconder «falsas ilusiones». Inés Olondriz intenta hacer un equilibrio complicado.
Por una parte, destaca que mejoran las previsiones de crecimiento económico, que la deuda pública se reducirá en términos de porcentaje sobre el PIB y que la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 «reforzaría la calidad institucional, la transparencia y la supervisión fiscal».
A partir de ahí, con un lenguaje opaco salvo para los expertos, muy en la línea de Greenspan y también en la tradición de muchos bancos centrales, advierte de los problemas y plantea propuestas que el Gobierno no tiene ninguna intención de aplicar.
La AIReF, por ejemplo, dice de manera textual que «el cumplimiento de la regla de gasto nacional en 2026 (…) requeriría adoptar medidas adicionales», por valor del 0,6% del PIB. También añade que «el marco fiscal europeo requeriría medidas en 2027 y 2028». Traducido al «roman paladino» o al lenguaje de la calle, todo eso significa que es necesario reducir el gasto público, algo que solo es posible con ajustes y recortes.
Es justo lo contrario de lo que pretende el Gobierno con esos Presupuestos que parece elaborar el ministro de Hacienda, Arcadi España, y que tienen una marcada vocación expansiva, es decir, de aumento del gasto.
Sánchez presume de ello y, si no logra sacarlos adelante, acusará, sobre todo, a la oposición de Feijóo, de impedir todo lo que, en teoría –y sobre todo con la coartada de que es para asuntos sociales–, se podría hacer con esos gastos extraordinarios.
La advertencia de la AIReF, avales aparte, está ahí y, antes o después, será imprescindible aplicar los ajustes que sugiere y que, solo este mismo año, deberían ser de 10.000 millones.
Nada de eso entra en los planes explícitos de Pedro Sánchez y mucho menos en los de la parte de su Gobierno que encabeza la vicepresidenta Yolanda Díaz. La estrategia es clara.
Todo lo impopular quedará pendiente para que lo toree el próximo Gobierno y asuma los costes ante los votantes. No obstante, hay que hacer esos deberes ante «la necesidad de una estrategia fiscal de medio plazo que garantice un cumplimiento coherente y coordinado de las reglas fiscales y favorezca una mayor alineación entre el marco fiscal nacional y el europeo», como apunta la AIReF para decir que hay que meter la tijera al gasto aunque lo haga al estilo Greenspan.
Inés Olondriz, nueva presidenta de la AIReF, da una de cal y otra de arena. Avala el mayor crecimiento del que presume el Gobierno, pero advierte de los riesgos fiscales
Alan Greenspan (1926-2026), fallecido hace unas semanas, primero mitificado y luego denostado presidente de la Reserva Federal estadounidense (FED), utilizaba una ambigüedad muy calculada como parte también de su política monetaria. Dejó para la historia una respuesta mítica a un senador: «Si usted cree que me he explicado con claridad, probablemente me he expresado mal». No menos famosa fue su advertencia sobre la «exuberancia irracional de los mercados».
Ambas cosas vuelven a estar de actualidad. Kevin Warsh, el nuevo presidente de la FED, nombrado por Donald Trump, pero que quizá no le haga tanto caso como esperaba el inquilino de la Casa Blanca, ha anunciado una cierta vuelta a los tiempos de su antecesor porque quiere una comunicación menos clara, en teoría para influir menos en unos mercados que, para muchos, viven otra era de «exuberancia irracional», a pesar de las incertidumbres geopolíticas, que también son económicas.
En la España que sueña con una victoria de la selección de Luis de la Fuente en el Mundial americano, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ha lanzado algunas advertencias, más o menos claras, que todo indica que el Gobierno de Pedro Sánchez ignorará. La AIReF ha sido, desde su creación por imposición de la Comisión Europea en tiempos de Mariano Rajoy, cuando España eludió por la campana la intervención, casi siempre el Pepito Grillo del Gobierno de turno.
José Luis Escrivá, el primer presidente, le tocó bastante las narices a Cristóbal Montoro, que fue quien le nombró, algo que no le perdonaron en el Gobierno. Cristina Herrero, su sucesora, fue también el clavo en el zapato de Sánchez, María Jesús Montero, Nadia Calviño y, en menor medida, de Carlos Cuerpo. El final del mandato de Herrero supuso su relevo por Inés Olondriz, colaboradora de Montero en Hacienda y con la que en Moncloa esperaban que las críticas desaparecieran o quedaran muy minimizadas.
Los primeros meses de la nueva presidenta de la AIReF en el cargo han sido más plácidos para el Gobierno, pero esta semana pasada, muy suave en las formas y con un estilo que para algunos recuerda a Greenspan, un informe de la institución explica que el escenario económico no es tan de color de rosa y que las cuentas públicas pueden esconder «falsas ilusiones». Inés Olondriz intenta hacer un equilibrio complicado.
Por una parte, destaca que mejoran las previsiones de crecimiento económico, que la deuda pública se reducirá en términos de porcentaje sobre el PIB y que la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 «reforzaría la calidad institucional, la transparencia y la supervisión fiscal».
A partir de ahí, con un lenguaje opaco salvo para los expertos, muy en la línea de Greenspan y también en la tradición de muchos bancos centrales, advierte de los problemas y plantea propuestas que el Gobierno no tiene ninguna intención de aplicar.
La AIReF, por ejemplo, dice de manera textual que «el cumplimiento de la regla de gasto nacional en 2026 (…) requeriría adoptar medidas adicionales», por valor del 0,6% del PIB. También añade que «el marco fiscal europeo requeriría medidas en 2027 y 2028». Traducido al «roman paladino» o al lenguaje de la calle, todo eso significa que es necesario reducir el gasto público, algo que solo es posible con ajustes y recortes.
Es justo lo contrario de lo que pretende el Gobierno con esos Presupuestos que parece elaborar el ministro de Hacienda, Arcadi España, y que tienen una marcada vocación expansiva, es decir, de aumento del gasto.
Sánchez presume de ello y, si no logra sacarlos adelante, acusará, sobre todo, a la oposición de Feijóo, de impedir todo lo que, en teoría –y sobre todo con la coartada de que es para asuntos sociales–, se podría hacer con esos gastos extraordinarios.
La advertencia de la AIReF, avales aparte, está ahí y, antes o después, será imprescindible aplicar los ajustes que sugiere y que, solo este mismo año, deberían ser de 10.000 millones.
Nada de eso entra en los planes explícitos de Pedro Sánchez y mucho menos en los de la parte de su Gobierno que encabeza la vicepresidenta Yolanda Díaz. La estrategia es clara.
Todo lo impopular quedará pendiente para que lo toree el próximo Gobierno y asuma los costes ante los votantes. No obstante, hay que hacer esos deberes ante «la necesidad de una estrategia fiscal de medio plazo que garantice un cumplimiento coherente y coordinado de las reglas fiscales y favorezca una mayor alineación entre el marco fiscal nacional y el europeo», como apunta la AIReF para decir que hay que meter la tijera al gasto aunque lo haga al estilo Greenspan.
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