Durante décadas, los venezolanos hemos pensado la cuestión electoral casi exclusivamente alrededor del acto de votar. Hemos discutido sobre el registro electoral, las máquinas, las auditorías, los testigos, las actas, la transmisión de resultados y, sobre todo, la composición del Consejo Nacional Electoral. Todo ello es indispensable. Pero nuestra experiencia autoritaria nos obliga a mirar más hondo: no puede haber verdadera integridad electoral allí donde no existe una justicia independiente capaz de protegerla.
Hay que reconstruir las garantías institucionales para que nuestros votos se expresen libremente y produzcan consecuencias políticas efectivas
Durante décadas, los venezolanos hemos pensado la cuestión electoral casi exclusivamente alrededor del acto de votar. Hemos discutido sobre el registro electoral, las máquinas, las auditorías, los testigos, las actas, la transmisión de resultados y, sobre todo, la composición del Consejo Nacional Electoral. Todo ello es indispensable. Pero nuestra experiencia autoritaria nos obliga a mirar más hondo: no puede haber verdadera integridad electoral allí donde no existe una justicia independiente capaz de protegerla.
La anterior afirmación ayuda a comprender el alcance de los acuerdos alcanzados el pasado 12 de agosto en el proceso de negociación promovido por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, entre el Gobierno encargado y la Asamblea Nacional electa en 2015. La renovación integral del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la designación de todos los magistrados de todas sus Salas; la creación de un consejo independiente de juristas para evaluar las credenciales de quienes aspiren a ser magistrados; la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; y un nuevo procedimiento de postulaciones, más transparente y abierto a la participación de la sociedad civil, responden a una misma necesidad: reconstruir las garantías institucionales para que nuestros votos se expresen libremente y produzcan consecuencias políticas efectivas.
Una elección no comienza cuando el ciudadano se coloca frente a una máquina de votación ni termina cuando se totalizan los resultados. Antes del voto deben estar protegidos el derecho a participar, la libertad de asociación política, el derecho a postular candidatos y la igualdad entre quienes compiten. Durante el proceso electoral, las decisiones del poder público deben estar sometidas a la Constitución y a la ley. Y después de la votación debe existir una garantía definitiva: que ninguna instancia del Estado pueda desconocer o vaciar jurídicamente la voluntad expresada por los ciudadanos.
Los venezolanos conocemos muy bien las consecuencias de carecer de esa garantía. La experiencia de la Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2015 constituye un antecedente fundamental. La oposición obtuvo una mayoría abrumadora mediante el voto popular. Pero aquello que habíamos decidido en las urnas comenzó inmediatamente a ser neutralizado desde el Poder Judicial. A través de más de 70 sentencias, el Tribunal Supremo maniató gradualmente a la Asamblea Nacional, limitó sus competencias, anuló sus decisiones e hizo prácticamente imposible el ejercicio efectivo de la representación política que millones de venezolanos nos habían conferido mediante el voto.
Yo sufrí personalmente esas más de 70 sentencias. Como diputado de esa Asamblea vi cómo una decisión soberana de millones de compatriotas podía ser desbaratada, sentencia tras sentencia, mediante la utilización política de la función jurisdiccional. No fue necesario eliminar las urnas ni impedirnos votar. Bastó con disponer de un Tribunal capaz de privar posteriormente de eficacia política a aquello que habíamos decidido como pueblo.
Por eso, cuando después de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 presencié el fraude judicial mediante el cual se pretendió revestir de juridicidad unos resultados que no estaban sustentados en la publicación transparente y verificable de las actas, recordé inmediatamente las patrañas judiciales cometidas contra la Asamblea Nacional de 2015. Era el mismo mecanismo llevado hasta sus últimas consecuencias: utilizar al juez no para proteger la soberanía popular, sino para aniquilarla.
Entonces me dije algo que desde ese momento ha acompañado mi reflexión sobre la democratización venezolana: el desmontaje de la dictadura judicial tenía que ser uno de los primeros pasos para reconstruir el Estado democrático que establece la Constitución. Porque nuestro problema nunca ha sido exclusivamente electoral. Ha sido un problema de poder y de Constitución. Un Consejo Nacional Electoral independiente es necesario, pero no basta. Incluso el mejor árbitro electoral necesita jueces capaces de controlar al poder. Cuando un ciudadano es privado arbitrariamente de sus derechos políticos, un partido es intervenido, un candidato es excluido, se desconocen las atribuciones de una institución electa o se pretende falsear el resultado de una elección, la garantía última termina siendo judicial. El juez independiente es también custodio del voto.
El artículo 5 de la Constitución establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Esa afirmación puede convertirse en una declaración vacía si nuestras instituciones permiten que el poder anule aquello que hemos decidido. La transformación del sistema de justicia está, por ello, directamente vinculada con la eficacia de la soberanía popular.
Designar a todos los magistrados, evaluar independientemente a los candidatos, reformar la ley y abrir las postulaciones forman parte de una misma operación institucional. Y no se trata de repartir posiciones dentro del Tribunal Supremo, sino de desmontar la estructura que hizo posible su subordinación.
Esto es especialmente importante dentro de una negociación política. Toda negociación corre el riesgo de degenerar en una distribución de espacios entre las partes. Trasladar esa lógica al Poder Judicial sería repetir, con otros protagonistas, el mismo vicio que queremos superar. Pero la independencia judicial no consiste en tener jueces propios, sino precisamente en no tenerlos. Un juez independiente no puede ser del Gobierno ni de la oposición. Tiene que ser juez de la república. Quien hoy exige su independencia debe estar dispuesto a aceptar que mañana ese mismo juez pueda decidir en su contra. Eso es Estado de Derecho.
Los venezolanos tenemos que aprender de nuestra propia historia. En 2015 comprobamos que ganar una elección no basta cuando un Poder Judicial sometido puede atentar contra la representación popular. El 28 de julio comprobamos algo todavía más grave: tampoco basta que expresemos nuestra voluntad si no existen instituciones capaces de hacerla respetar.
El desmontaje de la dictadura judicial no es, por tanto, un asunto lateral de nuestra democratización. Es, insisto, uno de los primeros pasos para reconstruir el Estado democrático y social de derecho y de justicia que ordena la Constitución. Y entre las garantías de esa reconstrucción hay una insustituible: un juez que no obedezca al Gobierno, ni a la oposición, ni a quienes participaron en su designación, sino a la Constitución.
*Juan Miguel Matheus es diputado de la oposición de Delegación negociadora frente a Delcy Rodríguez.
Internacional. Noticias internacionales. Última hora
