La Junta de Castilla y León, gobernada en coalición por el PP y Vox, ya tiene su primera propuesta de Presupuestos para el año 2027. El presidente autonómico, el popular Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Carlos Pollán (Vox); han expuesto este martes un Proyecto que contempla un incremento presupuestario del 13,11% respecto a las últimas cuentas aprobadas en las Cortes, las de 2024, antes de que populares y Vox rompieran su anterior acuerdo de gobierno. Aquello, como la pugna que ambas derechas mantuvieron al intentar -sin éxito- pactar las cuentas los años siguientes, queda hoy sin embargo lejos: tanto Mañueco como Pollán se han mostrado satisfechos con unos presupuestos de cuya negociación no han trascendido escollos notables.
Contemplan un incremento presupuestario del 13% respecto a las anteriores cuentas, aprobadas por ambos partidos para el ejercicio de 2024, con una subida del 47% en fondos para el acceso a vivienda
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La Junta de Castilla y León, gobernada en coalición por el PP y Vox, ya tiene su primera propuesta de Presupuestos para el año 2027. El presidente autonómico, el popular Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Carlos Pollán (Vox); han expuesto este martes un Proyecto que contempla un incremento presupuestario del 13,11% respecto a las últimas cuentas aprobadas en las Cortes, las de 2024, antes de que populares y Vox rompieran su anterior acuerdo de gobierno. Aquello, como la pugna que ambas derechas mantuvieron al intentar -sin éxito- pactar las cuentas los años siguientes, queda hoy sin embargo lejos: tanto Mañueco como Pollán se han mostrado satisfechos con unos presupuestos de cuya negociación no han trascendido escollos notables.
Del global de las cuentas, que asciende a 16.471 millones de euros, destaca especialmente el incremento del 46,97% previsto para políticas de acceso a la vivienda, dotadas con 292 millones de euros. Es el capítulo que más crece, y esto cobra especial relevancia en el actual contexto social, marcado por las movilizaciones de protesta por la crisis habitacional y a las puertas de unas elecciones generales.
Además, en Castilla y León, la política de vivienda es uno de los asuntos en los que PP y Vox pactaron aplicar la «prioridad nacional», estableciendo este criterio como principio rector del acceso a alquiler social y la compra de vivienda protegida. Sin embargo, las cuentas que ahora inician su tramitación parlamentaria no detallan esta cuestión. «No hay ningún apartado» que recoja específicamente la «prioridad nacional», según ha señalado Pollán, que ha argumentado que la aplicación de este principio se efectuará a través de las bases de convocatorias de vivienda pública que se vayan promoviendo. Por ahora, solo los presupuestos de la Comunidad Valenciana recogen una mención explícita a la «prioridad nacional», pero no así los extremeños, aprobados bajo gobierno de PP y Vox.
Si bien las cuentas no terminan de aterrizar la aplicación de este principio, Mañueco y Pollán han destacado que en los presupuestos para 2027 «ya hay un paso decisivo» respecto a los compromisos que sellaron en el acuerdo de gobierno de coalición. La aprobación de este Proyecto ya es, de hecho, una de las cuestiones a las que se vincularon las dos formaciones antes de sellar su alianza. «Todas las medidas que estaban establecidas para el 2027 están comprometidas», han asegurado.
Uno de los puntos en los que estas cuentas sí avanzan en la dirección marcada por PP y Vox es en lo relativo a las aportaciones a sindicatos y organizaciones empresariales, que los dos partidos se comprometieron a revisar. El presupuesto para 2027, según ha avanzado Pollán, recogen un recorte de cuatro millones de euros -sobre un total de 12 millones- en la cuantía destinada a este fin, «aproximadamente un 33%«. Aunque, a este respecto, Pollán ha querido destacar que la Junta de Castilla y León efectuará esta modificación siempre de acuerdo con la ley -el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) declaró «ilegales» los recortes en las subvenciones a los sindicatos aplicados bajo el anterior gobierno de PP y Vox-.
También ha sostenido Pollán que el gobierno de la Junta cumplirá la legislación vigente y los convenios firmados en lo que a las aportaciones a ONGs se refiere. Vox apuesta por revisar las dotaciones a aquellas organizaciones «que colaboren o financien» la inmigración irregular, pero el vicepresidente de Castilla y León no ha terminado de aclarar si esto se materializa en las cuentas recién presentadas. «Hay acuerdos firmados y cuestiones que nos vinculan», ha señalado, asegurando que se cumplirán aquellos convenios ya sellados y que fueran vinculantes para 2027.
Lo que sí ponen en marcha plenamente PP y Vox en estas cuentas es su política de reducción de impuestos, estableciendo para el próximo ejercicio 36 deducciones y rebajas tributarias. El proyecto fija los beneficios fiscales en 920 millones de euros, un 36,44% más que en las cuentas anteriores, en aras, entre otras cuestiones, de atenuar el efecto de la inflación.
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