Bucharaya Bachir nació hace 58 años en El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, cuando la zona aún era administrativamente la provincia 53 de España. Su historia reciente está marcada por un bloqueo burocrático que le impide realizar trámites básicos: «Tengo la nacionalidad, pero pendiente todavía de un trámite. Llevo 10 años peleando judicialmente y ya no puedo renovar mi DNI», explica.
El Congreso vota el texto impulsado por Sumar tras años de parálisis legislativa y recelos por parte de los afectados
Bucharaya Bachir nació hace 58 años en El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, cuando la zona aún era administrativamente la provincia 53 de España. Su historia reciente está marcada por un bloqueo burocrático que le impide realizar trámites básicos: «Tengo la nacionalidad, pero pendiente todavía de un trámite. Llevo 10 años peleando judicialmente y ya no puedo renovar mi DNI», explica.
Como presidente del Colectivo de Saharauis Nacidos bajo la Bandera y Administración Española, Bachir aguarda con impaciencia el debate parlamentario de hoy, en el que el Congreso aborda la aprobación de una nueva ley que otorgaría la nacionalidad por carta de naturaleza a los nacidos en el Sáhara Occidental antes del 1977. Ante la expectativa de un cambio normativo, Bachir lo tiene claro: «En cuanto la aprueben voy a ir a la comisaría a ver qué me dicen, ojalá no me pidan nada imposible».
A las puertas del Congreso de los Diputados, mostrando su documento español frente a la cámara, Bucharaya encarna el sentir de miles de compatriotas que ven cómo las tensiones en la frontera ceutí y la constante presión migratoria ejercida por Marruecos sobrevuelan el trámite legislativo sobre el que se señala la concesión de la nacionalidad para los saharauis como uno de los factores que ha irritado a Rabat y que podría estar detrás de la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta el pasado julio.
Desde ahí, Bachir explica que su organización nació «para sensibilizar y llamar la atención», pero a pesar de los esfuerzos, denuncia la parálisis: «No entendemos lo que está ocurriendo en la vía judicial y legislativa. No se puede privar a una persona de su nacionalidad. Mandamos una carta al Gobierno y nos respondieron casi todos los partidos políticos… Todavía estamos esperando una respuesta de los socialistas». Al mismo tiempo denuncia la falta de voluntad política vivida en las Cámaras: «Hemos visto cálculos políticos entre los partidos. Ojalá entiendan que se trata de una reparación histórica». Bachir recuerda además que «España abandonó el territorio unilateralmente dejando atrás a más de 70.000 españoles de origen saharaui».
El pasado 22 de abril, los diferentes grupos parlamentarios convocaron una reunión para tratar la cuestión saharaui con los protagonistas, que se sentían excluidos por el Gobierno en la regularización de inmigrantes. Solo tres partidos no tuvieron representantes en el encuentro: Vox, Junts… y el PSOE. «Nos cabrea que el Gobierno nos excluya, que venga un presidente que dice que es el más progresista y haga esto me parece una injusticia social», declara Mohamedsalem Mohamed Alamin. Nació en 1981 en el campamento de refugiados de Tinduf, creado a finales del año 1975 en Argelia y donde ahora viven miles de personas, entre ellas, la familia de Alamin. Él se mudó a España y logró ser reconocido como apátrida después de dos años, un plazo mucho mayor a los tres meses que establece la ley.
El problema burocrático se ve reflejado en los datos oficiales. Según cifras del Ministerio del Interior, en 2025 se presentaron en España más de 3.000 solicitudes para el reconocimiento del estatuto de apátrida y se resolvieron 2.242 expedientes; hubo más de mil que quedaron sin tramitar. En 2024, el balance había sido todavía peor: de 2.084 solicitudes, solo 911 resoluciones.
Para el activista Taleb Alisalem, el viraje de la política exterior española hacia el plan de autonomía marroquí en 2022 ha tenido consecuencias devastadoras para el pueblo saharaui y la geopolítica regional: «La decisión de 2022 supuso tres claves: fue una piedra en el camino del pueblo saharaui, fue un atentado contra la legalidad internacional y fue un atentado contra los intereses estratégicos de la integridad territorial española, porque en el momento en que alimentas el expansionismo de Marruecos, que reclama Ceuta, Melilla y Canarias como suyos, le das a entender que solo tienen que esperar 50 años para adquirir nuevos territorios».
La diputada de Sumar Tesh Sidi celebra que el PSOE haya declarado públicamente su voto a favor de la norma impulsada por su formación. «Es una propuesta que ha tenido muchísimos tropiezos o piedras en el camino por parte del Partido Socialista y que, por fin, debido a la fuerza social colectiva y de este espacio, llega a una votación final».
La diputada advierte de las consecuencias que tendría una marcha atrás de los socialistas ante las presiones del Gobierno de Rabat: «Esta norma no gusta a Marruecos, pero si el PSOE cambiara su voto, sería cavar su propia tumba en esta legislatura, porque estaríamos dando señales claras de que esta norma ha tenido que ver con la crisis de Ceuta y, algo más grave, que la soberanía de este Parlamento estaría en duda porque un país tercero estaría ejerciendo una influencia extranjera sobre la soberanía popular».
Esta lectura la comparte Alamin: «El PSOE es un peón de Marruecos«, sentencia. En relación con los graves episodios vividos en la frontera española, Mohamed señala: «Lo de Ceuta ha sido un chantaje«. En el terreno personal, el hombre reflexiona sobre su identidad y estatus administrativo: «Todos queremos la nacionalidad de un país para no ser apátridas. Pero no voy a cambiar mi nacionalidad saharaui por una nacionalidad española que a lo mejor me quitan en dos años».
También, la letrada Fátima M. Fadel se muestra escéptica con respecto a la posición del Gobierno. «Según la información a la que he tenido acceso durante todo el año pasado es que ha habido un retraso precisamente por una negativa del PSOE, que se negaba a este apoyo fundamental para que esta normativa pudiese salir adelante». La abogada remarca: «Las decisiones que se toman con respecto a la población saharaui se toman teniendo en cuenta los intereses de Marruecos«, y añade que «las trabas que haya puesto el PSOE tienen que ver con un interés evidente de no molestar a Rabat.
Fadel plantea además severas incógnitas futuras en la aplicación práctica del texto legal. «Se ha hablado muchísimo de que los saharauis podrían acceder a esta nacionalidad por carta de naturaleza, pero no se ha hablado en ningún momento del procedimiento exacto ni de los requisitos administrativos reales».
Critica que el procedimiento mantenga en la incertidumbre a miles de personas en los campamentos: «En el pasado, cientos de expedientes tramitados por carta de naturaleza nunca obtuvieron respuesta. De la experiencia hemos aprendido que el trato administrativo hacia la población saharaui es lamentable«. Esta falta de concreción técnica en el articulado definitivo genera sospechas entre las organizaciones saharauis, que temen que la vía de la carta de naturaleza termine convertida en una carrera de obstáculos burocráticos sin garantías reales.
El Congreso de los Diputados decide hoy si respalda una norma que busca corregir una brecha histórica. Por el momento, Sumar presiona para evitar cualquier marcha atrás y la comunidad saharaui aguarda con escepticismo, cansada de promesas que se disuelven en los despachos. Entre el cálculo electoralista y la presión de Marruecos, miles de personas esperan que las instituciones españolas asuman la deuda legal y moral con quienes un día fueron reconocidos como ciudadanos de pleno derecho bajo su propia bandera.
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