El Gobierno ha convertido a los grandes tenedores, aquellos que tienen más de diez viviendas –o cinco en zonas tensionadas– en especuladores sólo por el número de viviendas que poseen y sin atender a la gestión que hagan de las mismas. Así lo creen los propietarios, que aseguran que «equiparar gran tenedor con especulador es una simplificación ideológica que perjudica directamente a la oferta. Si España necesita cientos de miles de viviendas, expulsar o limitar a quienes tienen capacidad para invertir en ellas es exactamente el camino contrario al que deberíamos recorrer», afirman desde Asval, asociación que representa a caseros tanto particulares como profesionales, en respuesta al decreto publicado ayer por el BOE de medidas urgentes para intervenir el mercado de la vivienda.
La asociación censura que el decreto amplíe de 2028 a 2030 la limitación a determinadas adquisiciones de vivienda y que la medida afecte a grandes tenedores, sin distinguir entre fondos, pymes y sociedades familiares.
Asval también advierte de que el decreto «alcanza de lleno al pequeño propietario con varias de sus medidas». En primer lugar, denuncia la prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos y el límite del 2% a las actualizaciones de renta cuando no exista acuerdo y no resulte aplicable un límite inferior.
En zonas tensionadas, señala, la prórroga puede alcanzar los tres años. También cuestiona que el propietario de la vivienda deba asumir nuevos costes y limitaciones sin compensación.
Por otro lado, Asval denuncia el cambio en la fiscalidad del alquiler, al considerar que la nueva escala de reducción del IRPF penaliza a quienes adapten la renta al precio de mercado.
La organización también pone en tela de juicio el refuerzo del derecho de adquisición preferente del inquilino, que pasa a ser irrenunciable. Según explica, un propietario que quiera vender una vivienda alquilada, incluso a un hijo, pareja u otro familiar, deberá ofrecerla previamente al inquilino en las mismas condiciones.
«Cada nueva intervención que hace más difícil alquilar, invertir o recuperar una vivienda empuja a más propietarios a retirarse y frena la creación de nueva oferta. Sin seguridad jurídica no hay confianza, sin confianza no hay inversión y sin inversión no hay construcción de vivienda en alquiler», denuncia la asociación.
«El alquiler asequible no se decreta, se produce. España necesita construir más, movilizar vivienda, atraer inversión y dar confianza a propietarios particulares y profesionales. Seguir cambiando las reglas y acumulando restricciones solo conseguirá que haya menos oferta, precisamente cuando más la necesitamos», concluye Asval.
Pacto de Estado
De igual parecer son en la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Su presidente, Pedro Fernández Alén, reclamó ayer durante su intervención en el V Congreso Nacional de Vivienda de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) un gran pacto de Estado que permita dar estabilidad y continuidad a las reformas necesarias para impulsar la oferta en un escenario en el que cada año se crean más de 230.000 hogares mientras apenas se construyen unas 95.000 viviendas.
El presidente de la patronal insistió en que España debe construir unas 220.000 viviendas al año. Y remarcó que el problema se sustenta actualmente sobre un trípode conformado por el bloqueo de la Ley del Suelo, la escalada de los costes de producción y la falta de unos 700.000 trabajadores.
Desde la APCE alertan de que los dos decretos de vivienda ya frenan proyectos de alquiler y auguran que no se iniciarán nuevos. La patronal, como la CNC, reclama abordar con urgencia un gran Pacto de Estado en el que esté también el sector para lograr medidas más eficaces y prolongadas en el tiempo.
Lamentan que se les impongan las mismas limitaciones de compra que a los grandes fondos y advierten de que las medidas reducirán aún más la oferta
El Gobierno ha convertido a los grandes tenedores, aquellos que tienen más de diez viviendas –o cinco en zonas tensionadas– en especuladores sólo por el número de viviendas que poseen y sin atender a la gestión que hagan de las mismas. Así lo creen los propietarios, que aseguran que «equiparar gran tenedor con especulador es una simplificación ideológica que perjudica directamente a la oferta. Si España necesita cientos de miles de viviendas, expulsar o limitar a quienes tienen capacidad para invertir en ellas es exactamente el camino contrario al que deberíamos recorrer», afirman desde Asval, asociación que representa a caseros tanto particulares como profesionales, en respuesta al decreto publicado ayer por el BOE de medidas urgentes para intervenir el mercado de la vivienda.
La asociación censura que el decreto amplíe de 2028 a 2030 la limitación a determinadas adquisiciones de vivienda y que la medida afecte a grandes tenedores, sin distinguir entre fondos, pymes y sociedades familiares.
Asval también advierte de que el decreto «alcanza de lleno al pequeño propietario con varias de sus medidas». En primer lugar, denuncia la prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos y el límite del 2% a las actualizaciones de renta cuando no exista acuerdo y no resulte aplicable un límite inferior.
En zonas tensionadas, señala, la prórroga puede alcanzar los tres años. También cuestiona que el propietario de la vivienda deba asumir nuevos costes y limitaciones sin compensación.
Por otro lado, Asval denuncia el cambio en la fiscalidad del alquiler, al considerar que la nueva escala de reducción del IRPF penaliza a quienes adapten la renta al precio de mercado.
La organización también pone en tela de juicio el refuerzo del derecho de adquisición preferente del inquilino, que pasa a ser irrenunciable. Según explica, un propietario que quiera vender una vivienda alquilada, incluso a un hijo, pareja u otro familiar, deberá ofrecerla previamente al inquilino en las mismas condiciones.
«Cada nueva intervención que hace más difícil alquilar, invertir o recuperar una vivienda empuja a más propietarios a retirarse y frena la creación de nueva oferta. Sin seguridad jurídica no hay confianza, sin confianza no hay inversión y sin inversión no hay construcción de vivienda en alquiler», denuncia la asociación.
«El alquiler asequible no se decreta, se produce. España necesita construir más, movilizar vivienda, atraer inversión y dar confianza a propietarios particulares y profesionales. Seguir cambiando las reglas y acumulando restricciones solo conseguirá que haya menos oferta, precisamente cuando más la necesitamos», concluye Asval.
De igual parecer son en la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Su presidente, Pedro Fernández Alén, reclamó ayer durante su intervención en el V Congreso Nacional de Vivienda de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) un gran pacto de Estado que permita dar estabilidad y continuidad a las reformas necesarias para impulsar la oferta en un escenario en el que cada año se crean más de 230.000 hogares mientras apenas se construyen unas 95.000 viviendas.
El presidente de la patronal insistió en que España debe construir unas 220.000 viviendas al año. Y remarcó que el problema se sustenta actualmente sobre un trípode conformado por el bloqueo de la Ley del Suelo, la escalada de los costes de producción y la falta de unos 700.000 trabajadores.
Desde la APCE alertan de que los dos decretos de vivienda ya frenan proyectos de alquiler y auguran que no se iniciarán nuevos. La patronal, como la CNC, reclama abordar con urgencia un gran Pacto de Estado en el que esté también el sector para lograr medidas más eficaces y prolongadas en el tiempo.
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