Los costes laborales frenan el crecimiento estructural de la economía

Como ya he comentado en anteriores ocasiones, la economía española cuenta con un gran problema estructural en su seno: una ausencia importante de productividad total de los factores y, a partir de ésta, de competitividad, ya que somos menos eficientes, los costes son más elevados y logramos un menor valor de producción en relación al coste de los factores empleados. Eso provoca que nuestra economía sea más sensible a las variaciones del ciclo económico, de manera que lidere la creación de empleo en los momentos de crecimiento y sea la economía que más empleos destruye en los momentos de caída económica.

Si analizamos la evolución de los costes laborales, es preocupante, pues desde el IITR-2020 iniciaron una tendencia alcista que, aunque se suavizó hace un par de años, sigue creciendo a ritmos superiores al 4% interanual, concretamente, en el primer trimestre al 4,9%, acelerándose sobre el mismo período del año anterior (1,1 puntos más que lo que crecía entonces) y sobre un nivel previamente alcanzado muy elevado, que lo único que hace es presionar más los costes al alza.

De hecho, este dato es más preocupante si analizamos el coste laboral por hora efectiva, ya que, en este caso, el incremento es de un 5,4% interanual.

Y ese preocupante incremento, si analizamos solo el coste salarial es todavía más preocupante, pues crece al mismo ritmo que los costes laborales, que empuja a los mismos y que si se sale de la contención salarial mantenida hasta ahora, que ha permitido un menor impacto negativo en el empleo, puede presionar al alza a la inflación en los llamados efectos de segunda ronda, a través de una espiral precios-salarios que, hasta ahora, afortunadamente, no se ha dado, que con el rebrote inflacionista derivado de la guerra de Irán, puede acentuarse, pese a que el acuerdo alcanzado debería suavizar las presiones en los precios.

Adicionalmente, el aumento de coste laboral, además de por el componente salarial, se ve presionado al alza por el incremento que se está produciendo de cotizaciones sociales que, recordemos, puede asfixiar a las empresas. La subida de la cotización adicional iniciada hace unos años, que llegará hasta el 1,2% en 2029 (1% el empresario y 0,2% el trabajador), medida que será mantenida hasta 2050, supone una barrera al empleo, encareciendo la contratación de los trabajadores y mermando su renta disponible, que puede desembocar en una caída de contrataciones y de recaudación, perjudicando a la sostenibilidad del sistema. Además, la imposición de una cuota adicional a los trabajadores con base máxima, que en 2025 fue un punto adicional, con subidas incrementales de 0,25 puntos cada año, hasta llegar a seis puntos más en 2045, también eleva los costes laborales.

Todo esto, provoca un impacto negativo en el medio y largo plazo en la actividad económica y el empleo, que hará que se pierda productividad y competitividad, mercados y puestos de trabajo.

Las empresas se encuentran asfixiadas por los costes crecientes, por el aumento del absentismo, que es terrible, con 1,6 millones de personas que, en media, faltan diariamente a su puesto de trabajo, y por los impuestos que tienen que abordar y que suponen una merma de su competitividad, de generar actividad y de crear puestos de trabajo. Eso hace que el crecimiento potencial o natural de la economía, su frontera de posibilidades de producción, no crezca apenas, elemento que supone una limitación al crecimiento de largo plazo de nuestra economía, debilitándola.

Por eso, el camino es el contrario al seguido actualmente. Y por eso, en estos momentos se hace más esencial que nunca incrementar la productividad y la competitividad de la economía española que nos permita abordar la adecuación del sistema económico español a las nuevas circunstancias. Para ello, hay que eliminar obstáculos a la generación de actividad económica, disminuir gasto e impuestos y reducir trabas burocráticas, a la par que generar confianza, y acabar con la inseguridad jurídica. Si se logra, será el mejor impulso que se puede dar a la economía, no el aumento del gasto público, que tiene corto recorrido y deteriora el crecimiento de largo plazo, al no ser sostenible, sino el crecimiento productivo real, que ahora se está atenazando con una política económica equivocada que lo cercena.

España no puede seguir con esta política económica que solo se ocupa del corto plazo a costa de deteriorar todos los fundamentos estructurales de la misma. Es imprescindible una reforma profunda que permita flexibilizar el mercado laboral, orientar la economía hacia un mayor valor añadido y apostar por la mayor capacitación profesional, buscando la excelencia de la economía, que será la manera de alcanzar una mayor prosperidad.

 Somos menos eficientes, los costes son más elevados y logramos un menor valor de producción por coste de empleados. El coste laboral por hora efectiva se ha disparado, con un incremento del 5,4% interanual. Las empresas están asfixiadas por los costes crecientes, el absentismo y los impuestos  

Como ya he comentado en anteriores ocasiones, la economía española cuenta con un gran problema estructural en su seno: una ausencia importante de productividad total de los factores y, a partir de ésta, de competitividad, ya que somos menos eficientes, los costes son más elevados y logramos un menor valor de producción en relación al coste de los factores empleados. Eso provoca que nuestra economía sea más sensible a las variaciones del ciclo económico, de manera que lidere la creación de empleo en los momentos de crecimiento y sea la economía que más empleos destruye en los momentos de caída económica.

Si analizamos la evolución de los costes laborales, es preocupante, pues desde el IITR-2020 iniciaron una tendencia alcista que, aunque se suavizó hace un par de años, sigue creciendo a ritmos superiores al 4% interanual, concretamente, en el primer trimestre al 4,9%, acelerándose sobre el mismo período del año anterior (1,1 puntos más que lo que crecía entonces) y sobre un nivel previamente alcanzado muy elevado, que lo único que hace es presionar más los costes al alza.

De hecho, este dato es más preocupante si analizamos el coste laboral por hora efectiva, ya que, en este caso, el incremento es de un 5,4% interanual.

Y ese preocupante incremento, si analizamos solo el coste salarial es todavía más preocupante, pues crece al mismo ritmo que los costes laborales, que empuja a los mismos y que si se sale de la contención salarial mantenida hasta ahora, que ha permitido un menor impacto negativo en el empleo, puede presionar al alza a la inflación en los llamados efectos de segunda ronda, a través de una espiral precios-salarios que, hasta ahora, afortunadamente, no se ha dado, que con el rebrote inflacionista derivado de la guerra de Irán, puede acentuarse, pese a que el acuerdo alcanzado debería suavizar las presiones en los precios.

Adicionalmente, el aumento de coste laboral, además de por el componente salarial, se ve presionado al alza por el incremento que se está produciendo de cotizaciones sociales que, recordemos, puede asfixiar a las empresas. La subida de la cotización adicional iniciada hace unos años, que llegará hasta el 1,2% en 2029 (1% el empresario y 0,2% el trabajador), medida que será mantenida hasta 2050, supone una barrera al empleo, encareciendo la contratación de los trabajadores y mermando su renta disponible, que puede desembocar en una caída de contrataciones y de recaudación, perjudicando a la sostenibilidad del sistema. Además, la imposición de una cuota adicional a los trabajadores con base máxima, que en 2025 fue un punto adicional, con subidas incrementales de 0,25 puntos cada año, hasta llegar a seis puntos más en 2045, también eleva los costes laborales.

Todo esto, provoca un impacto negativo en el medio y largo plazo en la actividad económica y el empleo, que hará que se pierda productividad y competitividad, mercados y puestos de trabajo.

Las empresas se encuentran asfixiadas por los costes crecientes, por el aumento del absentismo, que es terrible, con 1,6 millones de personas que, en media, faltan diariamente a su puesto de trabajo, y por los impuestos que tienen que abordar y que suponen una merma de su competitividad, de generar actividad y de crear puestos de trabajo. Eso hace que el crecimiento potencial o natural de la economía, su frontera de posibilidades de producción, no crezca apenas, elemento que supone una limitación al crecimiento de largo plazo de nuestra economía, debilitándola.

Por eso, el camino es el contrario al seguido actualmente. Y por eso, en estos momentos se hace más esencial que nunca incrementar la productividad y la competitividad de la economía española que nos permita abordar la adecuación del sistema económico español a las nuevas circunstancias. Para ello, hay que eliminar obstáculos a la generación de actividad económica, disminuir gasto e impuestos y reducir trabas burocráticas, a la par que generar confianza, y acabar con la inseguridad jurídica. Si se logra, será el mejor impulso que se puede dar a la economía, no el aumento del gasto público, que tiene corto recorrido y deteriora el crecimiento de largo plazo, al no ser sostenible, sino el crecimiento productivo real, que ahora se está atenazando con una política económica equivocada que lo cercena.

España no puede seguir con esta política económica que solo se ocupa del corto plazo a costa de deteriorar todos los fundamentos estructurales de la misma. Es imprescindible una reforma profunda que permita flexibilizar el mercado laboral, orientar la economía hacia un mayor valor añadido y apostar por la mayor capacitación profesional, buscando la excelencia de la economía, que será la manera de alcanzar una mayor prosperidad.

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