En verano siempre apetece tomar un aperitivo en una terraza en la calle porque en España llevamos años normalizando un modelo peculiar de utilización del espacio urbano donde una empresa ocupa una parte de la plaza, la acera o la calle que pertenece al conjunto de los ciudadanos, abona una tasa municipal ridícula y, a continuación, convierte ese espacio común en una extensión rentable de su negocio. El suelo continúa siendo público, aunque para sentarse en él ya no basta con ser ciudadano, conviene pedir una cerveza.
El hostelero instala mesas, sillas, estufas, jardineras, sombrillas y separadores, incluso cierra con una estructura de aluminio hasta transformar varios metros cuadrados de ciudad en un comedor privado al aire libre. En algunos casos, lo que inicialmente debía ser una ocupación limitada y compatible con el tránsito termina convirtiendo la acera en una carrera de obstáculos, especialmente complicada para personas mayores, ciudadanos con movilidad reducida, familias con carritos infantiles o cualquier peatón que conserve la extravagante costumbre de querer caminar por una acera.
Si ese empresario quisiera alquilar un local privado de esa superficie en el centro de cualquier ciudad, probablemente pagaría mucho más pero cuando el suelo es de todos, la valoración administrativa resulta mucho más amable. Así, el urbanismo español ha descubierto una paradoja, que el metro cuadrado es carísimo cuando tiene escritura y propietario, pero sorprendentemente barato cuando pertenece a todos.
El problema no es la existencia de terrazas, que generan empleo, animan las ciudades y forman parte de nuestra cultura social, sino el desequilibrio que aparece cuando lo complementario se convierte en dominante y el ciudadano gratuito pasa a ser tratado como una molestia a su paso entre dos mesas.
La cuestión es que, si una actividad privada utiliza un recurso escaso y público, la tasa debería reflejar su valor económico real y las concesiones deberían limitar las ocupaciones que dificulten el tránsito, generen ruido excesivo o deterioren la convivencia vecinal. De lo contrario, terminaremos aceptando que nuestras plazas sean comedores, nuestras aceras pasillos de camareros y las calles anexos gratuitos de locales privados, donde el espacio es de todos, pero el negocio de unos pocos.
Juan Carlos Higueras es doctor en economía y Vicedecano de EAE Business School
Las terrazas de bares y restaurantes forman parte de nuestra forma de vivir la ciudad, pero la ocupación creciente del espacio público plantea una pregunta incómoda: ¿se está casi regalando suelo de todos para el beneficio de unos pocos?
En verano siempre apetece tomar un aperitivo en una terraza en la calle porque en España llevamos años normalizando un modelo peculiar de utilización del espacio urbano donde una empresa ocupa una parte de la plaza, la acera o la calle que pertenece al conjunto de los ciudadanos, abona una tasa municipal ridícula y, a continuación, convierte ese espacio común en una extensión rentable de su negocio. El suelo continúa siendo público, aunque para sentarse en él ya no basta con ser ciudadano, conviene pedir una cerveza.
El hostelero instala mesas, sillas, estufas, jardineras, sombrillas y separadores, incluso cierra con una estructura de aluminio hasta transformar varios metros cuadrados de ciudad en un comedor privado al aire libre. En algunos casos, lo que inicialmente debía ser una ocupación limitada y compatible con el tránsito termina convirtiendo la acera en una carrera de obstáculos, especialmente complicada para personas mayores, ciudadanos con movilidad reducida, familias con carritos infantiles o cualquier peatón que conserve la extravagante costumbre de querer caminar por una acera.
Si ese empresario quisiera alquilar un local privado de esa superficie en el centro de cualquier ciudad, probablemente pagaría mucho más pero cuando el suelo es de todos, la valoración administrativa resulta mucho más amable. Así, el urbanismo español ha descubierto una paradoja, que el metro cuadrado es carísimo cuando tiene escritura y propietario, pero sorprendentemente barato cuando pertenece a todos.
El problema no es la existencia de terrazas, que generan empleo, animan las ciudades y forman parte de nuestra cultura social, sino el desequilibrio que aparece cuando lo complementario se convierte en dominante y el ciudadano gratuito pasa a ser tratado como una molestia a su paso entre dos mesas.
La cuestión es que, si una actividad privada utiliza un recurso escaso y público, la tasa debería reflejar su valor económico real y las concesiones deberían limitar las ocupaciones que dificulten el tránsito, generen ruido excesivo o deterioren la convivencia vecinal. De lo contrario, terminaremos aceptando que nuestras plazas sean comedores, nuestras aceras pasillos de camareros y las calles anexos gratuitos de locales privados, donde el espacio es de todos, pero el negocio de unos pocos.
Juan Carlos Higueras es doctor en economía y Vicedecano de EAE Business School
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