Francisco Llera: «No reconocernos en el ‘demos’ deslegitima el proceso democrático»

¿Qué sucede cuando en una sociedad se altera el ‘demos’ de la manera en que estamos viendo con la llamada ‘ley de Nietos’?

En una sociedad desarrollada y madura con una democracia consolidada como la nuestra, lo previsible, deseable y esperable es que el cuerpo ciudadano, que es el ‘demos’, no sea algo discutible o discutido, sino obvio y consensuado. Y, sobre todo, cualquier intervención que lo reduzca o lo incremente tiene que ser absolutamente transparente, regulada y, obviamente, consensuada. Es un tipo de mutación como la que se prevé como consecuencia no solamente de la llamada ‘Ley de nietos’ -que es simplemente una previsión que está en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Histórica, referida a nuestra diáspora nacional, por llamarla de alguna manera-, en la que se incluye a descendientes de represaliados o exiliados de la Guerra Civil y de la dictadura, pero también a emigrantes. Por otro lado estarían las nacionalizaciones de residencia. Y, en tercer lugar, las nacionalizaciones resultantes de la regularización de las nuevas poblaciones de inmigrantes que tenemos. Al fin y al cabo, una realidad histórica que todos compartimos es que, mayormente, somos todos migrantes. Todos lo tenemos en casa, en nuestra historia familiar, o conviviendo. Es un fenómeno masivo, también de una sociedad madura que reconoce los derechos cívicos de sus nacionales con una interpretación generosa. Eso es absolutamente normal y razonable y no supone ninguna novedad. Lo que no puede ser es un fenómeno repentino, descontrolado, no transparente y no consensuado. Porque, en el momento en que falle alguna de esas condiciones, genera, obviamente, dudas razonables de qué es lo que se pretende o qué puede haber detrás. Y eso es lo peor que nos puede pasar a la hora de reconocernos en un ‘demos’, porque es tanto como deslegitimar la base del proceso democrático.

¿Cómo valora que esta situación proyecte una sombra de desconfianza sobre el sistema electoral y sobre las instituciones, en general?

En una democracia madura y transparente, el plantear ese tipo de dudas conspiranoicas puede ser una irresponsabilidad institucional, política, o incluso de corte populista. Ahora bien, si no hay información suficiente, si hay experiencia de ausencia de rigor y de falta de transparencia o de responsabilidad política en muchos ámbitos de la vida colectiva, hay razones suficientes para exigir control. La exigencia de rendición de cuentas es tan democrática como cualquier otra. Y eso no implica, automáticamente, ni culpabilizar, ni dudar de la decencia, ni ser un irresponsable político. Todo lo contrario, es una exigencia de responsabilidad. Hay que exigir transparencia, información, rigor y control de los procedimientos. Y estamos en una sociedad y en una vida política donde todo eso no brilla precisamente por su presencia. Sobre todo, por el control democrático. No hay rendición de cuentas en nuestro país.

Todos los problemas asociados a esta ampliación del censo, ¿son fruto de la mala voluntad o de la incompetencia?

Vamos a suponer que es lo segundo. Cualquiera de los dos argumentos es impresentable. No vamos a recurrir a la mala voluntad o al intento de manipulación, que sería lo peor. Pero lo otro, de por sí, ya no es bueno. Hablando de la regularización de inmigrantes, la Policía Nacional y la Guardia Civil, que son los que mejor saben lo que hay, hablaban de casi millón y medio. El Gobierno, al principio, nos hablaba de medio millón. Señores del Gobierno: ustedes tienen la Administración de la Seguridad, que les da a ustedes unos datos relativamente sólidos. Como mínimo, deberían partir de esos datos, si es una Administración seria. Pues no, nos da medio millón. ¿Para qué? ¿Para engañarnos? ¿Para entretenernos? ¿Para quitarle hierro al asunto? ¿Para engañar a la Unión Europea? Porque somos un Gobierno que compartimos con la Unión Europea intereses y normas, regulaciones y fronteras. Por lo tanto, no solamente hay que ser leales con los ciudadanos, dándoles la información y la transparencia, y con la oposición, que está obligada a controlar -exigencia democrática-, sino que tenemos que ser leales con las normas y con los gobiernos europeos, que son nuestros socios y nuestro sistema regulatorio. Todo ello falla. Cuando uno comprueba -no te dicen, compruebas- que gran parte del proceso de ejecución de la ‘Ley de nietos’ está externalizada a una empresa como INECO, cuya fama no es especialmente positiva, por otras razones… Blanco y en botella. El Gobierno no se fía de su propia Administración, o no tiene los datos suficientes para saber que su Administración está o no capacitada para gestionar un proceso de estas características. Mala señal. Algo no está funcionando bien. Es sencillamente impresentable.

¿Y crear una circunscripción exterior?

Para eso sería necesaria una reforma de la ley electoral, que requiere un cierto consenso, una mayoría cualificada. Porque si no, estaríamos haciendo una reforma de parte, de manera que cuando viniese la otra mayoría, cambiaría la reforma. Eso no tiene ningún sentido. Hasta ahora, las reformas de la ley electoral, las sustantivas, las que afectan o pueden afectar a la legitimidad del sistema y de los procedimientos, se han hecho por consenso. Porque es el fundamento de nuestro sistema de 1978. Entre otras cosas porque es lo más estable: se hacen entre las grandes fuerzas que están llamadas, lógicamente, a alternarse en el poder. En la medida en que haces una reforma basada en el acuerdo de los dos principales alternantes, es una reforma segura, estable y legitimada. Si no, habría siempre discutibilidad sobre ella. Y sobre todo, en un proceso tan complejo que requiere tiempo: estamos hablando ya de 2,6 millones de solicitantes -que no quiere decir que sea el universo completo-. Y que ya tenemos unos 600.000 que están resueltos por nacionalidades concedidas y por tanto inscribibles en el CERA. Porque luego, para inscribirse en el CERA tienen que solicitarlo a su vez. Una cosa es la nacionalidad y otra el censo. Nuestro censo es automático, porque depende de nuestra residencia. El registro del CERA tienen que solicitarlo los interesados tras conseguir la nacionalidad. Hay que hacerlo bien, no apresuradamente y mal: por la fiabilidad del procedimiento y por la seguridad. Y luego vendrán todas las demás consecuencias de si van a votar a uno, si van a votar a otro, si esto va a beneficiar a uno o va a beneficiar a otro. Esto debería ser lo último. No lo primero, porque es empezar la casa por el tejado. Mala señal y mala cosa.

¿Cómo valora que un grupo humano que nunca ha vivido en España tome decisiones electorales cuyas consecuencias negativas no sufrirá directamente pero que sí afectarán a la población que sí reside aquí?

Esa es la parte cualitativa del asunto. El procedimiento implica una cierta iniciativa individual y voluntariedad de inscribirse en el CERA. Puedes tener la nacionalidad y, en el caso del CERA, como no eres residente, no inscribirte. Otra cosa es luego decidir votar, porque sabemos que una gran parte -casi la mayoría- de los inscritos no votan: incluso por responsabilidad, porque no saben lo que van a votar ni lo que se está jugando. Hay riesgo de que algunos de los que voten emitan un voto inducido o comprado de alguna manera. Y si te dan la nacionalidad y alguna ventaja adicional de algún servicio público -ya el pasaporte en sí mismo tiene un valor enorme, sobre todo el español-, ¿quién puede decir que eso no sea una compra de votos? No tenemos por qué asegurarlo, ni partir de ahí, pero tenemos que considerarlo. Votar no es ninguna tontería en un sistema democrático: es asumir la responsabilidad de tomar decisiones sobre la agenda política de tu país. Y eso requiere algún tipo de vinculación, más allá de la formalidad de estar en un registro.

¿Qué enseñanza se puede obtener de otras alteraciones del censo, como la experimentada en País Vasco y Navarra por la violencia de ETA?

Es un exilio. En algún momento se reivindicó: ¿qué hacemos con las casi 200.000 personas que se han tenido que ir del País Vasco por miedo? Unos han cambiado de residencia y otros no, pero no han podido votar, por una razón o por otra. Y eso era asimétrico: no nos repartíamos por igual entre todas las opciones políticas. Los que tenían miedo, los amenazados, los que se tuvieron que ir, eran aquellos que no tenían vinculación con el nacionalismo, con lo cual se engordaba el contingente de voto nacionalista. Y eso nunca nadie lo asumió, ni lo reguló de alguna manera, ni tampoco lo compensó, que se podría haber hecho. Siempre hay mecanismos para poder hacer ese tipo de arreglos. Pero estamos hablando, lógicamente, del pasado. Y en el caso de la ‘Ley de nietos’ estamos hablando de un pasado muchísimo más lejano y con mucha menor vinculación. Porque en este caso, muchos de los que se tuvieron que ir eran gente comprometida, no desvinculada de la vida política. Llama un poco la atención. Y es un poco hiriente.

¿Qué nos jugamos con estas cuestiones?

En una democracia representativa, yo no decido, porque sería plebiscitario: yo elijo preferencias y representantes, aquellos que van a decidir por mí. Y sobre los que en ningún momento tengo por qué renunciar a controlar, a exigir responsabilidad. Porque la rendición de cuentas no es una vez cada cuatro años. La responsabilidad política es mucho más continuada. Cuando un gobernante dice que puede gobernar sin el Parlamento, eso es antidemocrático, puro y duro. Denota un serio déficit democrático en ese líder. Y hay un líder que lo ha dicho, uno con mucha responsabilidad. Por lo tanto, yo tengo a su vez la responsabilidad de exigir rendición de cuentas, transparencia, explicaciones de las decisiones y control de las decisiones. Y tengo el deber, de exigírselo al dirigente y al que le controla desde la oposición. Porque la oposición también puede perder legitimidad o apoyo si no controla lo suficiente y no lo hace bien. Nuestro ‘demos’ es activo, dinámico. Un ‘demos’ que no decide cotidianamente, porque no está en la toma de decisiones, pero sí decide en la medida en que controla, desautoriza, cuestiona, se moviliza, exige responsabilidad política. Ésta va mucho más allá y es mucho más cercana a la responsabilidad penal. Se da este argumento, este burladero que utilizan nuestros políticos cuando hay un escándalo o una sospecha de corrupción o una imputación por un juez -que es un poder del Estado-, de decir que hasta que no haya condena firme no hay responsabilidad. Eso en en el plano penal. Pero la responsabilidad política empieza mucho antes. Es el ejemplo que tenemos en el Reino Unido con Starmer. El primer ministro, que sepamos, no ha hecho nada grave. Simplemente ha perdido elecciones, o está cuestionado en el interior de su partido. Es suficiente.

Volvamos, una última vez, a la rendición de cuentas.

Una cosa es no tener dogmas y otra es no tener principios. No todo vale: ni el relativismo absoluto ni el fin justifica los medios. La autocrítica está en los estatutos de los partidos. Y vemos cómo están desapareciendo partidos históricos en toda Europa de una forma masiva. Eso es por algo. Alguna responsabilidad tienen que tener los propios partidos en su mal diseño o su mala ejecutoria. Pero lo que vemos es una reacción defensiva de los propios partidos. Si criticas, ya no eres leal al partido; eres un traidor. Eso convierte al partido en una secta. El Partido Socialista, desde la época de Zapatero, ha perdido más del 40% de la militancia, de la afiliación. ¿Eso no te hace pensar que algo no va bien, más allá de haber perdido masas de votantes? Masas de votantes que le hacen perder sus señas de identidad sociológica desde el punto de vista de la representación de lo que era en esa sociedad. Una cosa y la otra llaman mucho la atención. Si además dentro no hay autocrítica ni exigencia de responsabilidad y se da un cierre de filas absolutamente sectario, algo no va bien. Y eso va unido a una dinámica populista, de polarización. Es, como digo una dinámica defensiva: ¿por qué construyo el muro o la cima? Para que no haya posibilidad de traspasar de un sitio al otro. Con lo cual hemos roto las reglas de la democracia. Precisamente la dinámica competitiva, no la de amigo-enemigo, sino la dinámica centrípeta del sistema. Ésa es la gran debilidad. ¿Por qué los partidos en nuestro país son la institución peor valorada y con menor confianza ciudadana? El actor que gestiona nuestra vida colectiva, el más importante, es el más denostado por la ciudadanía. ¿No nos paramos a pensar que algo no está funcionando bien?

¿Qué podemos hacer los ciudadanos frente a este derrotismo?

Movilizarse, comprometerse y alzar la voz. No hay más mecanismos en democracia. Yo confío en la sociedad española. Eso, tarde o temprano, da resultado. Es verdad que llevamos una trayectoria larga por la cual parecería que España es excepcional. Porque los dos grandes partidos que han nutrido toda la dinámica después de la Segunda Guerra Mundial -con la Guerra Fría, la construcción de la Unión Europea y todas las políticas del Estado Social-, esa dinámica entre socialdemocracia y democracia liberal o democristiana, constituyen el sistema social-liberal que tenemos. Con alternancia, pero con un ‘mainstream’ compartido y fundamental, que es el que nos da las señas de identidad europeas, dicho sea de paso, irrepetibles y que hacen que seamos un paraíso en cierta medida. Y en España resisten porque tenemos tan reciente la memoria de una larga dictadura, y de una previa y terrible guerra civil, y una inestabilidad anterior evidente con el final de la monarquía y la etapa republicana, que no son ningún éxito, ninguna de las dos. Pero tenemos un éxito indudable, que es nuestra Transición, basada en el consenso de las grandes fuerzas políticas. Yo creo que nos seguimos agarrando, con una fe de carbonero, a esa experiencia. Y eso es lo que nos salva.

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