Cerca de 5.000 millones de euros de ayuda financiera ha llegado a manos del Gobierno castrista de Cuba a lo largo de las cinco últimas décadas, que han servido como sostenimiento del régimen dictatorial impuesto por Fidel Castro y continuado por sus herederos. Unas medidas de alivio que se han intensificado en los últimos años bajo mandato de Pedro Sánchez. Así lo confirma el informe del Instituto Juan de Mariana, titulado «El coste de sostener el castrismo», en el que se detalla que la relación financiera de España con el régimen cubano «no es el resultado de una estrategia responsable de política exterior, sino el producto acumulado de décadas de decisiones tomadas de espaldas a la realidad que arrojan 65 años de opresión política, económica y social.
Según detalla el estudio, la dictadura ha mantenido «inalterado» su aparato represivo, su «modelo económico ruinoso» y una agenda de política de relación bilateral que se remonta a los años 80 del siglo pasado, donde arrancan una serie de condonaciones y renegociaciones de deuda que se extiende hasta el presente. «Lo que estos años documentan es un ejercicio continuo y sin precedentes de generosidad unilateral hacia esta dictadura. Cada vez que Cuba ha incumplido, España ha respondido con un nuevo aplazamiento o una nueva quita. Nunca con una exigencia».
En 2016, nuestro país reestructuró una deuda de 2.444 millones de euros, condonando directamente 1.492 millones, el equivalente a aproximadamente el 60% del total adeudado. Sucesivas quitas han reducido casi a cero la deuda cubana con España. Tras nuevas operaciones de alivio financiero valoradas en 375 millones y 291 millones de euros, Cuba ha conseguido que se le perdone cerca del 90% de sus obligaciones, reduciendo el saldo pendiente a apenas 286 millones.
Si Cuba hubiese tenido que financiarse en condiciones normales de mercado, la deuda reconocida en 2016 habría ascendido a 5.280 millones de euros en 2026. Así, el coste económico efectivo del apoyo español ronda, en realidad, los 4.994 millones de euros.
El informe documenta además entregas millonarias de material policial, programas energéticos, proyectos de digitalización administrativa, cooperación institucional, asistencia técnica, ayudas alimentarias y financiación pública destinada a reforzar distintas capacidades del aparato estatal cubano. Al apoyo del Estado se une también el de las comunidades autónomas., que también participan en el flujo de recursos hacia la isla. Solo la cooperación vasca canalizó más de 41 millones de euros entre 1993 y 2019, a los que se suman programas financiados desde Cataluña, Andalucía, Galicia, diputaciones provinciales y numerosas entidades subvencionadas.
El Instituto también denuncia que, «mientras se ayuda económicamente al régimen, cientos de empresas españolas siguen sin cobrar, debido a las malas artes de La Habana». Estima que más de 150 compañías españolas acumulan impagos por 255 millones de euros, cifra que asciende a unos 318 millones al incluir fondos retenidos y dividendos bloqueados en la isla. Algunas de estas empresas han acabado incluso en concurso de acreedores.
De igual modo, la Unión Europea ha incrementado su apoyo financiero a la isla pese al deterioro de los derechos humanos. Desde 1988 se han financiado más de 200 proyectos por unos 300 millones de euros y, en la actualidad, hay activos 80 proyectos activos valorados en 155 millones y la dotación prevista para 2021-2027 asciende a 125 millones de euros, más del doble que en el ciclo presupuestario anterior, pese a que reconoce graves problemas de control y transparencia en su sistema de cooperación. No en vano, la Corte Europea de Auditores ha denunciado que más de 2.600 millones de euros distribuidos a través de más de 7.500 organizaciones carecen de mecanismos efectivos de seguimiento, dificultando conocer el destino real de los fondos. En el caso de Cuba, esto resulta especialmente preocupante, debido a la opacidad manifiesta del régimen.
Para los analistas del Juan de Mariana, la conclusión que se impone al repasar este historial es «tan sencilla como incómoda: la política española hacia Cuba no ha contribuido en ninguna medida verificable a mejorar la situación de los cubanos. En cambio, ha contribuido a sostener económicamente al régimen que los oprime, a legitimar su permanencia y a aliviar las consecuencias de su propia incompetencia y brutalidad. Son los cubanos quienes han pagado ese precio, además de los contribuyentes españoles, que se han visto obligados a sufragar estos inaceptables gastos».
El informe detalla también que antes del triunfo de la revolución de Fidel Castro en 1959, Cuba disfrutaba de niveles de renta comparables a los de Italia, una esperanza de vida de 64 años, frente a 50 en la región, una alfabetización del 79%, frente al 58% latinoamericano, y más tenencia de automóviles, televisores o asistencia médica por habitante que en la gran mayoría de países vecinos. Pero «la revolución ha costado a Cuba más del 50% de su renta per cápita potencial, el salario real medio equivale a apenas dos dólares mensuales, mientras que el 89% de los cubanos vive en pobreza extrema, el 86% de los hogares no cubre adecuadamente sus necesidades básicas y el 61% ni siquiera dispone de ingresos suficientes para comprar lo imprescindible para sobrevivir».
Desde el Instituto demuestran que la evidencia académica estima que las sanciones estadounidenses explican aproximadamente el 1% del PIB anual, «una magnitud insuficiente para justificar el colapso económico, productivo y social experimentado por la isla. Es un grave error asumir el relato de la dictadura, que pretende excusar su fracaso apuntando el dedo hacia Washington».
El Gobierno de Pedro Sánchez ha disparado los fondos destinados a Cuba, confirma el Instituto Juan de Mariana. La UE ha duplicado su apoyo. El coste efectivo para las arcas públicas de la deuda con Cuba se cifra en 4.994 millones de euros
Cerca de 5.000 millones de euros de ayuda financiera ha llegado a manos del Gobierno castrista de Cuba a lo largo de las cinco últimas décadas, que han servido como sostenimiento del régimen dictatorial impuesto por Fidel Castro y continuado por sus herederos. Unas medidas de alivio que se han intensificado en los últimos años bajo mandato de Pedro Sánchez. Así lo confirma el informe del Instituto Juan de Mariana, titulado «El coste de sostener el castrismo», en el que se detalla que la relación financiera de España con el régimen cubano «no es el resultado de una estrategia responsable de política exterior, sino el producto acumulado de décadas de decisiones tomadas de espaldas a la realidad que arrojan 65 años de opresión política, económica y social.
Según detalla el estudio, la dictadura ha mantenido «inalterado» su aparato represivo, su «modelo económico ruinoso» y una agenda de política de relación bilateral que se remonta a los años 80 del siglo pasado, donde arrancan una serie de condonaciones y renegociaciones de deuda que se extiende hasta el presente. «Lo que estos años documentan es un ejercicio continuo y sin precedentes de generosidad unilateral hacia esta dictadura. Cada vez que Cuba ha incumplido, España ha respondido con un nuevo aplazamiento o una nueva quita. Nunca con una exigencia».
En 2016, nuestro país reestructuró una deuda de 2.444 millones de euros, condonando directamente 1.492 millones, el equivalente a aproximadamente el 60% del total adeudado. Sucesivas quitas han reducido casi a cero la deuda cubana con España. Tras nuevas operaciones de alivio financiero valoradas en 375 millones y 291 millones de euros, Cuba ha conseguido que se le perdone cerca del 90% de sus obligaciones, reduciendo el saldo pendiente a apenas 286 millones.
Si Cuba hubiese tenido que financiarse en condiciones normales de mercado, la deuda reconocida en 2016 habría ascendido a 5.280 millones de euros en 2026. Así, el coste económico efectivo del apoyo español ronda, en realidad, los 4.994 millones de euros.
El informe documenta además entregas millonarias de material policial, programas energéticos, proyectos de digitalización administrativa, cooperación institucional, asistencia técnica, ayudas alimentarias y financiación pública destinada a reforzar distintas capacidades del aparato estatal cubano. Al apoyo del Estado se une también el de las comunidades autónomas., que también participan en el flujo de recursos hacia la isla. Solo la cooperación vasca canalizó más de 41 millones de euros entre 1993 y 2019, a los que se suman programas financiados desde Cataluña, Andalucía, Galicia, diputaciones provinciales y numerosas entidades subvencionadas.
El Instituto también denuncia que, «mientras se ayuda económicamente al régimen, cientos de empresas españolas siguen sin cobrar, debido a las malas artes de La Habana». Estima que más de 150 compañías españolas acumulan impagos por 255 millones de euros, cifra que asciende a unos 318 millones al incluir fondos retenidos y dividendos bloqueados en la isla. Algunas de estas empresas han acabado incluso en concurso de acreedores.
De igual modo, la Unión Europea ha incrementado su apoyo financiero a la isla pese al deterioro de los derechos humanos. Desde 1988 se han financiado más de 200 proyectos por unos 300 millones de euros y, en la actualidad, hay activos 80 proyectos activos valorados en 155 millones y la dotación prevista para 2021-2027 asciende a 125 millones de euros, más del doble que en el ciclo presupuestario anterior, pese a que reconoce graves problemas de control y transparencia en su sistema de cooperación. No en vano, la Corte Europea de Auditores ha denunciado que más de 2.600 millones de euros distribuidos a través de más de 7.500 organizaciones carecen de mecanismos efectivos de seguimiento, dificultando conocer el destino real de los fondos. En el caso de Cuba, esto resulta especialmente preocupante, debido a la opacidad manifiesta del régimen.
Para los analistas del Juan de Mariana, la conclusión que se impone al repasar este historial es «tan sencilla como incómoda: la política española hacia Cuba no ha contribuido en ninguna medida verificable a mejorar la situación de los cubanos. En cambio, ha contribuido a sostener económicamente al régimen que los oprime, a legitimar su permanencia y a aliviar las consecuencias de su propia incompetencia y brutalidad. Son los cubanos quienes han pagado ese precio, además de los contribuyentes españoles, que se han visto obligados a sufragar estos inaceptables gastos».
El informe detalla también que antes del triunfo de la revolución de Fidel Castro en 1959, Cuba disfrutaba de niveles de renta comparables a los de Italia, una esperanza de vida de 64 años, frente a 50 en la región, una alfabetización del 79%, frente al 58% latinoamericano, y más tenencia de automóviles, televisores o asistencia médica por habitante que en la gran mayoría de países vecinos. Pero «la revolución ha costado a Cuba más del 50% de su renta per cápita potencial, el salario real medio equivale a apenas dos dólares mensuales, mientras que el 89% de los cubanos vive en pobreza extrema, el 86% de los hogares no cubre adecuadamente sus necesidades básicas y el 61% ni siquiera dispone de ingresos suficientes para comprar lo imprescindible para sobrevivir».
Desde el Instituto demuestran que la evidencia académica estima que las sanciones estadounidenses explican aproximadamente el 1% del PIB anual, «una magnitud insuficiente para justificar el colapso económico, productivo y social experimentado por la isla. Es un grave error asumir el relato de la dictadura, que pretende excusar su fracaso apuntando el dedo hacia Washington».
Noticias de Economía Nacional e Internacional en La Razón
