España ha optado por la prudencia y el silencio con Nicaragua. El pasado domingo 19 de julio el dictador Daniel Ortega, ante miles de nicaragüenses congregados en la plaza de la Fe, afirmó: «Quiero que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones para que ellos [opositores] intenten atrapar el Gobierno y el poder. Vienen conspirando, buscando cómo organizar partidos, para que en unas elecciones que suponen esos partidos ganen las elecciones». Un golpe final a la inexistente democracia del país Latinoamericano que no ha despertado ninguna reacción por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Albares se ha mostrado muy beligerante en la defensa de los derechos del pueblo nicaragüense hasta ahora, cuando Ortega blinda la dictadura
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España ha optado por la prudencia y el silencio con Nicaragua. El pasado domingo 19 de julio el dictador Daniel Ortega, ante miles de nicaragüenses congregados en la plaza de la Fe, afirmó: «Quiero que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones para que ellos [opositores] intenten atrapar el Gobierno y el poder. Vienen conspirando, buscando cómo organizar partidos, para que en unas elecciones que suponen esos partidos ganen las elecciones». Un golpe final a la inexistente democracia del país Latinoamericano que no ha despertado ninguna reacción por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Pese a que las relaciones con Nicaragua pasan por uno de sus momentos más bajos, el Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo las órdenes de José Manuel Albares, se ha limitado a expresar a este medio que «el Gobierno de España está en contacto con la UE para alcanzar una posición común». Una frialdad que contrasta con la beligerancia por los derechos fundamentales que mostró el jefe de la diplomacia española al instalarse en la plaza del Marqués de Salamanca en agosto de 2021.
Porque en noviembre de ese año, la Oficina de Información Diplomática emitió un duro comunicado de siete párrafos condenando el proceso electoral. Así, el texto expresó el rechazo de la elección y reclamaba «unos comicios libres, justos, transparentes y concurridos que garanticen la participación de todos los nicaragüenses». Iba más allá al afirmar: «El Ejecutivo español considera una burla estos comicios y denuncia que su celebración no refleja la genuina voluntad del pueblo nicaragüense, al que Daniel Ortega ha privado del libre y pleno ejercicio de sus derechos de sufragio». El texto terminaba con la promesa de que «el Gobierno de España, de la misma forma que el pueblo español, mantiene su firme compromiso con el pueblo de Nicaragua (…) y seguirá trabajando con sus socios de la UE y aliados internacionales para que los nicaragüenses recuperen sus derechos y libertades y puedan ejercerlos en democracia».
Un año después, España naturalizó a más de 300 ciudadanos nicaragüenses que habían sido usurpados de su nacionalidad por el gobierno de Ortega. Se comprometió el Ministerio de Asuntos Exteriores, además, a otorgar la nacionalidad española «a cualquier ciudadano de Nicaragua que en el futuro pueda quedar en situación de apatridia por las decisiones del gobierno de Daniel Ortega».
El peor punto de las relaciones diplomáticas se escenificó el pasado enero, cuando Ortega decidió descabezar la Embajada española en Managua expulsando al embajador español, Sergio Farré Salvá, y a su número dos, Miguel Mahiques Núñe. Un ataque al que Albares respondió con un gesto similar, sacando a Mauricio Carlo Gelli, jefe de la misión, y a otro miembro de la delegación nicaragüense.
Una beligerancia por los derechos de los nicaragüenses que contrasta con la situación actual, cuando Exteriores, a casi tres meses de la cumbre Iberoamericana en Madrid, guarda silencio ante las amenazas del líder sandinista, que quiere consolidar la dictadura eliminando las elecciones y condenar al exilio a los 98.000 nicaragüenses que viene en España.
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