A primera hora el calor cae como una sábana húmeda sobre las hamacas vacías de la playa. Un perro duerme debajo de la mesa de madera oscura de un quiosco con los techos de nipa resecos por el sol. Junto a unas sillas de plástico apiladas se alza una figura de cartón de casi dos metros, vestida con bata blanca de médico. Es el ex presidente filipino Rodrigo Duterte, de cuerpo entero, con un estetoscopio colgado al cuello, vigilando la playa como un santo patrono del orden público. Su rostro conserva esa media sonrisa con la que durante años amenazó a narcotraficantes, bromeó sobre asesinatos cometidos en su nombre y prometió seguridad a un país agotado por la pobreza. En la base del cartel, con letras azules y rojas que todavía resisten la humedad marina, se lee en inglés: «Estamos a salvo y protegidos».
EL MUNDO recaba testimonios sobre el legado de sangre de Rodrigo Duterte, el ex presidente juzgado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional
A primera hora el calor cae como una sábana húmeda sobre las hamacas vacías de la playa. Un perro duerme debajo de la mesa de madera oscura de un quiosco con los techos de nipa resecos por el sol. Junto a unas sillas de plástico apiladas se alza una figura de cartón de casi dos metros, vestida con bata blanca de médico. Es el ex presidente filipino Rodrigo Duterte, de cuerpo entero, con un estetoscopio colgado al cuello, vigilando la playa como un santo patrono del orden público. Su rostro conserva esa media sonrisa con la que durante años amenazó a narcotraficantes, bromeó sobre asesinatos cometidos en su nombre y prometió seguridad a un país agotado por la pobreza. En la base del cartel, con letras azules y rojas que todavía resisten la humedad marina, se lee en inglés: «Estamos a salvo y protegidos».
En Bohol, una isla filipina de arena blanca y cocoteros inclinados por el viento, Duterte sigue apareciendo en playas, comedores, barberías, tiendas de teléfonos móviles y autobuses desvencijados como si nunca hubiera abandonado el poder. O como si ahora no estuviera sentado en el banquillo de La Haya, acusado de crímenes de lesa humanidad. Su rostro continúa pegado a la vida cotidiana filipina con la persistencia de los iconos religiosos. Comparte espacio con vírgenes, gallos de pelea y anuncios de cerveza.
«Duterte era un líder fuerte. Todo lo que hizo, empezando por su famosa guerra contra las drogas, fue por la seguridad del país y para proteger a la gente honrada de los criminales. Era la única forma de restaurar el orden en los barrios. Otros gobiernos fueron débiles; él hizo lo que había que hacer». La defensa cerrada del ex presidente la pronuncia un antiguo policía que asegura haber formado parte de los llamados escuadrones de la muerte durante el Gobierno de Duterte. El hombre se presenta como Juanito.
En Bohol, que está a dos horas en ferry de Cebú, Juanito trabaja ahora como jefe de seguridad de un resort junto a la playa. Ronda los 50 años, habla un inglés fluido y no esquiva la pregunta sobre si participó en las ejecuciones sumarias que se multiplicaron por todo el país durante la guerra contra las drogas, investigadas incluso por la propia justicia filipina. «En defensa propia, yo mismo disparé contra narcotraficantes. Íbamos en grupos de ocho o nueve, vestidos de civiles, recorriendo por las noches los barrios más problemáticos de la provincia de Cebú. Los criminales también iban armados. Eran ellos o nosotros», relata.
Retrocedamos a 2016. «Olvídense de los derechos humanos. Ustedes, traficantes de drogas, asaltantes y holgazanes, más vale que se vayan porque los voy a matar», lanzó Duterte en una entrevista poco antes de unas elecciones generales que ganó de forma aplastante bajo la promesa de extender a todo el país la sangrienta campaña antidroga que había aplicado durante más de dos décadas como alcalde de Davao, la tercera ciudad más grande de Filipinas.
Cumplió su palabra. Algunos cadáveres comenzaron a aparecer flotando en los ríos. Otros quedaban tirados en callejones, con las manos atadas, el rostro cubierto con cinta adhesiva y un cartel de cartón colgado al cuello: «Soy drogadicto».
A la sombra de aquella orden presidencial prosperaron sicarios y organizaciones criminales que aprovecharon la cacería para ajustar cuentas personales. Con el paso de los años, investigaciones oficiales y testimonios de antiguos agentes han destapado decenas de montajes policiales: armas colocadas junto a los cuerpos, paquetes de droga sembrados en la escena del crimen y versiones calcadas que repetían que el sospechoso había disparado primero. Oficialmente, la guerra contra las drogas dejó más de 6.000 muertos. Organizaciones de derechos humanos elevan la cifra hasta 30.000.
Duterte, hoy de 81 años, fue detenido el año pasado en el aeropuerto de Manila y trasladado a La Haya, donde será juzgado por la Corte Penal Internacional (CPI). «Duterte creó, financió y armó escuadrones de la muerte para asesinar a presuntos traficantes y consumidores de narcóticos entre 2016 y 2022», sostienen los fiscales del tribunal. La semana pasada, la CPI confirmó que el ex mandatario afrontará juicio por tres cargos de crímenes de lesa humanidad.
«En muchos barrios marginales de Manila o Cebú la gente dormía aterrorizada. Todas las semanas recogíamos cadáveres de niños enganchados al shabu«, dice Juanito, citando el nombre local de la metanfetamina cristalina. «Nunca matamos a ningún inocente», insiste, aunque evita explicar cómo funcionaban exactamente las redadas de su escuadrón.
Otros policías de unidades antidroga, citados en informes de Amnistía Internacional, confesaron haber recibido pagos por asesinar a presuntos narcotraficantes, recompensas que rondaban los 15.000 pesos filipinos (alrededor de 210 euros). Algunos aseguraron incluso que funerarias locales les pagaban por cada cadáver entregado.
«La versión policial siempre decía que el sospechoso había abierto fuego y que los agentes actuaron en defensa propia. Pero las familias hablaban de ejecuciones. En nuestras investigaciones descubrimos que, en la gran mayoría de los casos, se trataba de asesinatos a sangre fría y que después los policías colocaban armas y droga junto a los cuerpos», explica Peter Bouckaert, director de emergencias de Human Rights Watch.
Eso es precisamente lo que, según todas las pruebas judiciales, ocurrió en el caso del español Diego Bello Lafuente, asesinado a tiros el 8 de enero de 2020 en la isla de Siargao. «Esperamos que el juicio por el asesinato de nuestro hijo termine pronto, a finales de este año, con una condena contundente contra los tres policías que lo mataron», afirma por teléfono Pilar Lafuente, madre de Diego. Habla con este periódico en la misma semana en la que los forenses del Instituto Anatómico Forense de Madrid, que practicaron la autopsia cuando el cuerpo fue repatriado a España, declararon ante el tribunal de Manila sobre las heridas de bala en la oreja, el pecho y el abdomen que apuntan a una ejecución.
Pilar y su marido, Alberto Bello, han viajado varias veces a Filipinas para seguir el proceso. En una de las audiencias se encontraron cara a cara con los tres policías acusados del asesinato: el capitán Wise Vicente Panuelos y los sargentos Ronel Pazo y Nido Boy Cortés, encarcelados provisionalmente mientras son juzgados por asesinato, perjurio y falsificación de pruebas.
Según la versión de los agentes, Diego -que vivía en Siargao desde 2017 y regentaba una discoteca junto a otros socios- era sospechoso de narcotráfico. Aseguraron que, durante una operación encubierta, el español sacó una pistola, disparó primero e intentó escapar, obligándolos a responder con fuego. Pero el Buró Nacional de Investigación (NBI), equivalente filipino a la Policía Judicial, desmontó ese relato.
Diego no portaba ningún arma. Tampoco existía evidencia de que estuviera vinculado al narcotráfico. Tras revisar la escena del crimen y escuchar decenas de testimonios, los fiscales concluyeron que todo había sido un montaje policial. Incluso el informe balístico reveló manipulaciones en los casquillos recogidos y determinó que a Diego le dispararon «de arriba abajo», compatible con una ejecución y no con un intercambio de disparos.
Los tres policías, después de permanecer un año fugados, se entregaron en 2023. Pilar sostiene que el caso logró avanzar gracias a la presión diplomática de España y de la Unión Europea, además del trabajo de los investigadores del NBI, que desmontaron una a una las pruebas fabricadas por los agentes, incluida la inclusión del nombre de Diego en una supuesta lista de narcotraficantes.
«En todas las provincias teníamos listas con vendedores de droga que causaban muchos problemas. Íbamos a detenerlos y, si se resistían con sus armas, como casi siempre ocurría, los abatíamos. No tengo remordimientos», insiste Juanito, sin aclarar cómo acabó trabajando en la seguridad privada de un hotel en una isla paradisíaca. Hace dos años, el propio Duterte reconoció ante el Senado que había ordenado a sus agentes «incitar» a los sospechosos a resistirse para justificar los asesinatos.
En Cebú, la provincia que Duterte llegó a señalar públicamente por «tener la mayor tasa de drogadicción del país», muchas familias de víctimas se han agrupado en organizaciones que siguen reclamando justicia. Algunas madres guardan todavía, dobladas en bolsas de plástico, las camisetas ensangrentadas de sus hijos. Otras conservan fotografías tomadas en morgues saturadas durante los años más duros de la campaña. «Mi sobrino tenía 17 años. Lo sacaron de casa de madrugada y apareció muerto al día siguiente en un callejón. La policía dijo que era traficante. Nunca encontraron nada. Ni droga, ni armas», cuenta Lorna, una vecina que participa en las vigilias organizadas por grupos católicos.
«Algunos vecinos aplaudían las muertes porque pensaban que así habría más seguridad. Pero los pobres eran los que acababan enterrando a sus hijos», cuenta otro vecino. El apoyo a Duterte continúa siendo profundo en amplias capas de la sociedad. Muchos filipinos repiten que con el ex presidente las calles eran más seguras y que la delincuencia disminuyó. Su hija, Sara Duterte, actual vicepresidenta del país, mantiene además una enorme popularidad que preserva intacto el peso político del clan familiar. «Puede que fuera duro, pero hizo lo que nadie se atrevía a hacer», resume un jubilado, mientras señala un calendario con la fotografía del ex mandatario colgado en la pared de una pequeña tienda.
De vuelta en Bohol al caer la noche, cuando el calor empieza a aflojar y el mar recupera un tono gris metálico, la figura de cartón de Duterte sigue plantada frente a una playa que se empieza a vaciar de nuevo. El personaje sigue siendo idolatrado por muchos filipinos. Para otros, es el recordatorio de unos años en los que la muerte se convirtió en política de Estado.
Internacional. Noticias internacionales. Última hora
