El presidente de Hungría, Tamás Sulyok, ha anunciado que promulgará la reforma constitucional aprobada esta semana por el Parlamento que pone fin de forma anticipada a su mandato, una decisión que supone un nuevo paso en el proceso de desmontaje del legado institucional del ex primer ministro Viktor Orban tras su derrota electoral.
El nuevo primer ministro, Magyar, allana así el desmantelamiento del entramado institucional construido por Fidesz durante 16 años
El presidente de Hungría, Tamás Sulyok, ha anunciado que promulgará la reforma constitucional aprobada esta semana por el Parlamento que pone fin de forma anticipada a su mandato, una decisión que supone un nuevo paso en el proceso de desmontaje del legado institucional del ex primer ministro Viktor Orban tras su derrota electoral.
Sulyok, considerado uno de los principales aliados de Orban dentro de las instituciones del Estado, reconoció en un mensaje difundido en Facebook que carece de instrumentos legales para impedir la entrada en vigor de la reforma, aunque sostuvo que esta vulnera principios constitucionales.
«No dispongo de medios constitucionales para oponerme a esta enmienda que, aunque viola principios constitucionales, ha sido aprobada por la Asamblea Nacional», afirmó. El presidente añadió que, tras estudiar las alternativas jurídicas disponibles, cumplirá con su obligación de promulgar la reforma.
El cambio constitucional forma parte del amplio programa de reformas impulsado por el primer ministro, Peter Magyar, vencedor por amplia mayoría en las elecciones de abril tras prometer un «cambio de régimen» que pusiera fin a los 16 años de gobierno de Orban y desmantelara la red de cargos e instituciones afines al antiguo dirigente nacionalista.
Magyar había acusado reiteradamente a Sulyok y a otros altos responsables del Estado de actuar como «marionetas» de Orban y de obstaculizar la transición política.
Según la reforma, este domingo será el último día de Sulyok como jefe del Estado y su mandato concluirá oficialmente a medianoche.
Tras conocerse la decisión del presidente, Magyar celebró que «el último obstáculo para aplicar nuestras decisiones comunes ha desaparecido».
Orban reaccionó con un tono mucho más alarmista. El ex primer ministro aseguró que «la última barrera ha caído» y que «la tiranía ya no es una amenaza, sino una realidad», intensificando el discurso de confrontación con el nuevo Ejecutivo.
Mientras tanto, la presidenta del Parlamento, Ágnes Forsthoffer, asumirá de forma interina la jefatura del Estado hasta que la Cámara elija un nuevo presidente en un plazo máximo de treinta días.
En Hungría, el presidente carece de derecho de veto sobre las reformas constitucionales y únicamente puede remitirlas al Tribunal Constitucional por cuestiones de procedimiento. Además, la Constitución le obliga a promulgarlas en un plazo de cinco días.
La reforma constitucional va mucho más allá del relevo presidencial y constituye una de las piezas centrales de la estrategia de Magyar para modificar el equilibrio institucional heredado del largo periodo de gobierno de Fidesz.
Entre las principales medidas figura el restablecimiento de la jubilación obligatoria a los 70 años para los magistrados del Tribunal Constitucional, lo que provocará la salida de su presidente, Péter Polt, otro dirigente considerado próximo a Orban.
El texto también devuelve al Tribunal Constitucional la capacidad de revisar las leyes presupuestarias, limita el número de mandatos de los diputados y crea una nueva Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos, dotada de amplias competencias para investigar y recuperar bienes vinculados a casos de corrupción.
Durante años, numerosas organizaciones internacionales y húngaras especializadas en transparencia denunciaron el carácter estructural de la corrupción bajo los gobiernos de Orban.
«Con estas decisiones restauramos aquello que el régimen de Orban intentó eliminar durante años: la certeza de que el poder puede ser limitado, que los bienes públicos pueden recuperarse y que el Estado puede volver a servir a sus ciudadanos», declaró Magyar.
Pese a aceptar la promulgación de la reforma, Sulyok cargó duramente contra el partido Tisza, liderado por Magyar, al que acusó de socavar «los valores fundamentales de una sociedad libre» por «ansias de poder» y de poner fin al «Estado de derecho democrático» en Hungría.
Por su parte, Fidesz organizó la semana pasada una manifestación contra la reforma, calificándola de «autocrática», una acusación que durante años había sido dirigida precisamente contra los gobiernos de Orban por parte de sus críticos nacionales e internacionales.
Algunas organizaciones de derechos humanos también han expresado reservas sobre determinados aspectos de la reforma. Human Rights Watch sostuvo que algunos de los cambios introducidos recuerdan a prácticas institucionales propias de la etapa de Fidesz, pese a que el objetivo declarado del nuevo Gobierno sea desmontar ese modelo de poder.
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