España tira electricidad. Entre enero y agosto el sistema ha desechado 4,5 teravatios hora de generación eólica y solar que no pudo integrar en la red, más que en todo 2025, según la consultora Aurora.
Solo en junio se desconectaron parques por 1,2 teravatios hora (TWh), un récord. El mercado mayorista acumula además cientos de horas este año con precios cero o negativos: en determinados momentos hay tanta electricidad disponible que el sistema tiene que pagar para dejar de producir.
Ahí aparece el problema que el Gobierno ha decidido resolver con un nuevo muro regulatorio.
La renovable que España ya tiene instalada no bastará para acreditar el consumo verde de los nuevos centros de datos. Para ellos, buena parte de la electricidad limpia tendrá que proceder de plantas nuevas, contratadas durante una década y capaces de acreditar su producción en las mismas horas en las que se consume. Mientras, se está tirando electricidad renovable se establecen condiciones que pueden dificultar la llegada de grandes consumidores capaces de absorberla.
Hace unos meses Pedro Sánchez celebraba algunas de las mayores inversiones tecnológicas anunciadas nunca en España. Amazon elevaba en marzo su compromiso con Aragón a 33.700 millones de euros. La inteligencia artificial y la nube eran, en el discurso oficial, la oportunidad de convertir el sol, el viento y el suelo disponible en una nueva ventaja industrial para el país. A finales de agosto, el Gobierno cambió las reglas de esa carrera.
El origen está en el plan de respuesta a la crisis de Oriente Medio del 20 de marzo, que comprometió al Ejecutivo a fijar por real decreto los requisitos que deberán cumplir los centros de datos para conectarse a la red. Cinco meses después, el 25 de agosto, el Gobierno acordó tramitar la norma por vía de urgencia. Dos días más tarde publicó el texto y abrió un periodo de alegaciones que inicialmente concluía el 4 de septiembre. Siete días hábiles después de haber prescindido de la consulta pública previa.
El año pasado el Ministerio ya había sacado un borrador, también en agosto. Entonces hubo 38 días de audiencia. Aquel texto nunca llegó al BOE. El nuevo ha vuelto con requisitos más exigentes y un plazo mucho más corto. La vía de urgencia es legal. La pregunta es por qué una norma que puede condicionar inversiones de miles de millones se ha querido tramitar con tanta velocidad.
El centro de la regulación está en una exigencia sencilla de entender y mucho más complicada de ejecutar: el 80% de la electricidad consumida por los grandes centros de datos deberá estar respaldada por nueva generación renovable. No vale cualquier planta. Deberá haberse puesto en servicio menos de 18 meses antes, existir un contrato de suministro de al menos diez años y producir electricidad en las mismas horas en las que el centro la consume.
Las garantías de origen, el mecanismo habitual para acreditar que un consumo eléctrico está asociado a generación renovable, no serán suficientes. Los incumplimientos pueden provocar recargos de hasta el 500% sobre peajes y cargos y, si son graves y reiterados, incluso la pérdida del acceso a la red. Los proyectos que ya están en tramitación tendrán además que adaptarse a las nuevas condiciones.
La «okupación» de la red como pretexto
El Gobierno tiene un argumento de peso para querer ordenar el fenómeno. Los centros de datos tienen concedidos más de 12 gigavatios de acceso a la red, frente a los 3,5-4 GW de demanda que la Estrategia de Inteligencia Artificial estimaba para 2030. Hay, por tanto, solicitudes que nunca se convertirán en instalaciones. Parte del problema es la especulación: reservar capacidad de conexión, un recurso escaso, para venderla después o esperar a que aparezca un proyecto. Pero esa es precisamente la parte del problema que el sistema ya sabe cómo resolver. Un aval, plazos vinculantes de ejecución y la retirada del permiso a quien no construya permitirían separar los proyectos reales de los que «okupan» la red.
El decreto va más allá. No limpia la cola sino que cambia las condiciones de entrada para todos. También para quien ya ha comprado suelo, obtenido permisos y comprometido capital. Ahí comienza la preocupación de la industria eléctrica y renovable. Y sobre todo para las regiones punteras en la atracción de los centros de datos, todas gobernadas por el Partido Popular.
Madrid y Aragón concentran buena parte de los proyectos, mientras Andalucía y Extremadura intentan utilizar su abundancia de suelo y renovables para incorporarse a la carrera. Las cuatro presentaron alegaciones.
Aragón tiene una treintena de proyectos en tramitación. Amazon y Blackstone concentran algunas de las mayores apuestas, con un gran campus en Calatorao. Su consejera de Economía sostiene que la norma parece «diseñada para hundir» la comunidad, mientras su homóloga madrileña habla de requisitos «de imposible cumplimiento» para proyectos que llevan años tramitándose. Madrid, además, compite por convertirse en uno de los grandes polos europeos de centros de datos y servicios de inteligencia artificial.
Umbrales sospechosos
Extremadura ofrece una perspectiva distinta. Merlin Properties quiere comenzar este otoño en Navalmoral de la Mata la primera fase de un campus de 1.600 millones de euros y 250 empleos. La compañía asegura que puede cumplir las nuevas exigencias gracias a su estrategia renovable, por lo que esa inversión no está amenazada. El límite para su crecimiento está en otro sitio: la capacidad eléctrica. Tiene concedidos 29 MW y aspira a desarrollar un proyecto mucho mayor.
Andalucía, con más de veinte proyectos y 10.000 millones de inversión según la Junta, plantea una contradicción mayor. La norma establece que la exigencia de nueva generación desaparecerá cuando las renovables superen el 90% de la electricidad generada en España.
El umbral, sin embargo, se calcula sobre el conjunto del país. La Junta reclama que se mida comunidad por comunidad. Andalucía produce ya más electricidad renovable de la que consume. Si el criterio se aplicara territorialmente, habría superado el umbral y la exigencia dejaría de operar. La región puede producir y exportar electricidad limpia mientras las inversiones que podrían consumirla encuentran nuevas dificultades para instalarse por una norma que pone en riesgo 9.000 millones de inversiones y que la patronal de los centros de datos SpainDC califica de «restrictiva».
La gigafactoria europea, banco de puebas
El propio Gobierno tendrá ocasión para comprobar la compatibilidad de su norma con la estrategia industrial que defiende. España compite por albergar una de las gigafactorías europeas de inteligencia artificial mediante un consorcio en el que el Estado, a través de la SETT, es el primer accionista, con el 48% y 719 millones de euros.
El proyecto contempla dos sedes, en Móra la Nova y San Fernando de Henares. Es, en esencia, un centro de datos.
El borrador del real decreto no lo excluye: solo quedan fuera los destinados a defensa, protección civil y seguridad pública.
Si las condiciones que el Ejecutivo impone al sector son compatibles con una inversión de esa escala, el Estado tendrá la oportunidad de demostrarlo en su propio proyecto.
Madrid, Aragón, Andalucía y Extremadura afrontan el nuevo límite mientras las eléctricas y las renovables advierten de que España tira energía autóctona por falta de demanda
España tira electricidad. Entre enero y agosto el sistema ha desechado 4,5 teravatios hora de generación eólica y solar que no pudo integrar en la red, más que en todo 2025, según la consultora Aurora.
Solo en junio se desconectaron parques por 1,2 teravatios hora (TWh), un récord. El mercado mayorista acumula además cientos de horas este año con precios cero o negativos: en determinados momentos hay tanta electricidad disponible que el sistema tiene que pagar para dejar de producir.
Ahí aparece el problema que el Gobierno ha decidido resolver con un nuevo muro regulatorio.
La renovable que España ya tiene instalada no bastará para acreditar el consumo verde de los nuevos centros de datos. Para ellos, buena parte de la electricidad limpia tendrá que proceder de plantas nuevas, contratadas durante una década y capaces de acreditar su producción en las mismas horas en las que se consume. Mientras, se está tirando electricidad renovable se establecen condiciones que pueden dificultar la llegada de grandes consumidores capaces de absorberla.
Hace unos meses Pedro Sánchez celebraba algunas de las mayores inversiones tecnológicas anunciadas nunca en España. Amazon elevaba en marzo su compromiso con Aragón a 33.700 millones de euros. La inteligencia artificial y la nube eran, en el discurso oficial, la oportunidad de convertir el sol, el viento y el suelo disponible en una nueva ventaja industrial para el país. A finales de agosto, el Gobierno cambió las reglas de esa carrera.
El origen está en el plan de respuesta a la crisis de Oriente Medio del 20 de marzo, que comprometió al Ejecutivo a fijar por real decreto los requisitos que deberán cumplir los centros de datos para conectarse a la red. Cinco meses después, el 25 de agosto, el Gobierno acordó tramitar la norma por vía de urgencia. Dos días más tarde publicó el texto y abrió un periodo de alegaciones que inicialmente concluía el 4 de septiembre. Siete días hábiles después de haber prescindido de la consulta pública previa.
El año pasado el Ministerio ya había sacado un borrador, también en agosto. Entonces hubo 38 días de audiencia. Aquel texto nunca llegó al BOE. El nuevo ha vuelto con requisitos más exigentes y un plazo mucho más corto. La vía de urgencia es legal. La pregunta es por qué una norma que puede condicionar inversiones de miles de millones se ha querido tramitar con tanta velocidad.
El centro de la regulación está en una exigencia sencilla de entender y mucho más complicada de ejecutar: el 80% de la electricidad consumida por los grandes centros de datos deberá estar respaldada por nueva generación renovable. No vale cualquier planta. Deberá haberse puesto en servicio menos de 18 meses antes, existir un contrato de suministro de al menos diez años y producir electricidad en las mismas horas en las que el centro la consume.
Las garantías de origen, el mecanismo habitual para acreditar que un consumo eléctrico está asociado a generación renovable, no serán suficientes. Los incumplimientos pueden provocar recargos de hasta el 500% sobre peajes y cargos y, si son graves y reiterados, incluso la pérdida del acceso a la red. Los proyectos que ya están en tramitación tendrán además que adaptarse a las nuevas condiciones.
La «okupación» de la red como pretexto
El Gobierno tiene un argumento de peso para querer ordenar el fenómeno. Los centros de datos tienen concedidos más de 12 gigavatios de acceso a la red, frente a los 3,5-4 GW de demanda que la Estrategia de Inteligencia Artificial estimaba para 2030. Hay, por tanto, solicitudes que nunca se convertirán en instalaciones. Parte del problema es la especulación: reservar capacidad de conexión, un recurso escaso, para venderla después o esperar a que aparezca un proyecto. Pero esa es precisamente la parte del problema que el sistema ya sabe cómo resolver. Un aval, plazos vinculantes de ejecución y la retirada del permiso a quien no construya permitirían separar los proyectos reales de los que «okupan» la red.
El decreto va más allá. No limpia la cola sino que cambia las condiciones de entrada para todos. También para quien ya ha comprado suelo, obtenido permisos y comprometido capital. Ahí comienza la preocupación de la industria eléctrica y renovable. Y sobre todo para las regiones punteras en la atracción de los centros de datos, todas gobernadas por el Partido Popular.
Madrid y Aragón concentran buena parte de los proyectos, mientras Andalucía y Extremadura intentan utilizar su abundancia de suelo y renovables para incorporarse a la carrera. Las cuatro presentaron alegaciones.
Aragón tiene una treintena de proyectos en tramitación. Amazon y Blackstone concentran algunas de las mayores apuestas, con un gran campus en Calatorao. Su consejera de Economía sostiene que la norma parece «diseñada para hundir» la comunidad, mientras su homóloga madrileña habla de requisitos «de imposible cumplimiento» para proyectos que llevan años tramitándose. Madrid, además, compite por convertirse en uno de los grandes polos europeos de centros de datos y servicios de inteligencia artificial.
Umbrales sospechosos
Extremadura ofrece una perspectiva distinta. Merlin Properties quiere comenzar este otoño en Navalmoral de la Mata la primera fase de un campus de 1.600 millones de euros y 250 empleos. La compañía asegura que puede cumplir las nuevas exigencias gracias a su estrategia renovable, por lo que esa inversión no está amenazada. El límite para su crecimiento está en otro sitio: la capacidad eléctrica. Tiene concedidos 29 MW y aspira a desarrollar un proyecto mucho mayor.
Andalucía, con más de veinte proyectos y 10.000 millones de inversión según la Junta, plantea una contradicción mayor. La norma establece que la exigencia de nueva generación desaparecerá cuando las renovables superen el 90% de la electricidad generada en España.
El umbral, sin embargo, se calcula sobre el conjunto del país. La Junta reclama que se mida comunidad por comunidad. Andalucía produce ya más electricidad renovable de la que consume. Si el criterio se aplicara territorialmente, habría superado el umbral y la exigencia dejaría de operar. La región puede producir y exportar electricidad limpia mientras las inversiones que podrían consumirla encuentran nuevas dificultades para instalarse por una norma que pone en riesgo 9.000 millones de inversiones y que la patronal de los centros de datos SpainDC califica de «restrictiva».
La gigafactoria europea, banco de puebas
El propio Gobierno tendrá ocasión para comprobar la compatibilidad de su norma con la estrategia industrial que defiende. España compite por albergar una de las gigafactorías europeas de inteligencia artificial mediante un consorcio en el que el Estado, a través de la SETT, es el primer accionista, con el 48% y 719 millones de euros.
El proyecto contempla dos sedes, en Móra la Nova y San Fernando de Henares. Es, en esencia, un centro de datos.
El borrador del real decreto no lo excluye: solo quedan fuera los destinados a defensa, protección civil y seguridad pública.
Si las condiciones que el Ejecutivo impone al sector son compatibles con una inversión de esa escala, el Estado tendrá la oportunidad de demostrarlo en su propio proyecto.
Noticias de Economía Nacional e Internacional en La Razón
