Las fronteras tienen una curiosa característica económica pues cuando funcionan apenas reparamos en ellas, pero cuando dejan de funcionar, descubrimos rápidamente cuánto valían. La avalancha de personas que ha golpeado Ceuta no es solo un problema humanitario, político o de seguridad pues también tiene una dimensión económica relevante, porque Ceuta es una frontera exterior de la Unión Europea y cualquier duda sobre su control termina trasladándose, tarde o temprano, al funcionamiento de Schengen.
El primer efecto económico es local ya que una llegada masiva, sin devolución en caliente, genera costes inmediatos de acogida, seguridad, sanidad, alojamiento y gestión administrativa, particularmente intensos en una ciudad pequeña y territorialmente limitada como Ceuta. Pero el verdadero riesgo económico aparece si el episodio termina deteriorando la confianza de los socios europeos en la capacidad española para controlar una frontera exterior. De hecho, el control de entradas establecido por Italia, tiene que ver mucho con esta idea.
Schengen funciona sobre una idea muy sencilla donde cada país controla eficazmente su frontera exterior para que los demás puedan prescindir de controles en las interiores pero, si esa confianza se debilita, los países pueden reforzar controles interiores y entonces aparece una factura que normalmente no figura en el debate migratorio y no son los cinco minutos de retraso por enseñar el pasaporte sino las largas colas de camiones, retrasos logísticos, mayores costes laborales, pérdida de productividad y menor previsibilidad para las cadenas de suministro.
Para una economía española profundamente integrada en el mercado europeo, eso no es algo trivial porque el camión que tarda una hora adicional en cruzar una frontera no entiende de debates ideológicos, simplemente cuesta más. Y cuando cientos de miles de operaciones comerciales acumulan pequeños retrasos, esos minutos terminan convirtiéndose en millones de euros.
Tampoco conviene confundir inmigración con inmigración irregular porque España necesita trabajadores extranjeros por razones demográficas y laborales. La cuestión económica es quién entra, cómo entra y con qué capacidad de integración en el mercado de trabajo. Una política migratoria ordenada puede aumentar población activa, crecimiento y recaudación, pero una entrada descontrolada concentra costes inmediatos, dificulta esa integración y daña nuestra imagen frente a Europa. Acabar con Schengen sería como cerrar una autopista para volver a los caminos de cabras.
Juan Carlos Higueras es doctor en Economía y Vicedecano de EAE Business School
La cuestión económica es quién entra, cómo entra y con qué capacidad de integración en el mercado de trabajo
Las fronteras tienen una curiosa característica económica pues cuando funcionan apenas reparamos en ellas, pero cuando dejan de funcionar, descubrimos rápidamente cuánto valían. La avalancha de personas que ha golpeado Ceuta no es solo un problema humanitario, político o de seguridad pues también tiene una dimensión económica relevante, porque Ceuta es una frontera exterior de la Unión Europea y cualquier duda sobre su control termina trasladándose, tarde o temprano, al funcionamiento de Schengen.
El primer efecto económico es local ya que una llegada masiva, sin devolución en caliente, genera costes inmediatos de acogida, seguridad, sanidad, alojamiento y gestión administrativa, particularmente intensos en una ciudad pequeña y territorialmente limitada como Ceuta. Pero el verdadero riesgo económico aparece si el episodio termina deteriorando la confianza de los socios europeos en la capacidad española para controlar una frontera exterior. De hecho, el control de entradas establecido por Italia, tiene que ver mucho con esta idea.
Schengen funciona sobre una idea muy sencilla donde cada país controla eficazmente su frontera exterior para que los demás puedan prescindir de controles en las interiores pero, si esa confianza se debilita, los países pueden reforzar controles interiores y entonces aparece una factura que normalmente no figura en el debate migratorio y no son los cinco minutos de retraso por enseñar el pasaporte sino las largas colas de camiones, retrasos logísticos, mayores costes laborales, pérdida de productividad y menor previsibilidad para las cadenas de suministro.
Para una economía española profundamente integrada en el mercado europeo, eso no es algo trivial porque el camión que tarda una hora adicional en cruzar una frontera no entiende de debates ideológicos, simplemente cuesta más. Y cuando cientos de miles de operaciones comerciales acumulan pequeños retrasos, esos minutos terminan convirtiéndose en millones de euros.
Tampoco conviene confundir inmigración con inmigración irregular porque España necesita trabajadores extranjeros por razones demográficas y laborales. La cuestión económica es quién entra, cómo entra y con qué capacidad de integración en el mercado de trabajo. Una política migratoria ordenada puede aumentar población activa, crecimiento y recaudación, pero una entrada descontrolada concentra costes inmediatos, dificulta esa integración y daña nuestra imagen frente a Europa. Acabar con Schengen sería como cerrar una autopista para volver a los caminos de cabras.
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