Andalucía se juega mucho en las elecciones autonómicas del 17 de mayo de 2026. En ellas se decide si se consolida una etapa de estabilidad institucional y crecimiento. También se decide si se devuelve el poder al PSOE a través de María Jesús Montero. Esta figura simboliza la anquilosada forma de gobernar del socialismo andaluz que gobernó durante casi cuarenta años, dejando atraso económico e impuestos confiscatorios. El objetivo del sanchismo en Andalucía es claro: necesitan acaparar recursos en Andalucía para pagar las exigencias de los partidos separatistas que mantienen a Sánchez en La Moncloa. Como en Madrid, Aragón, Extremadura y Castilla y León han fracasado, Andalucía es el último recurso para convertirse en el cajero automático que pagará la factura de mantener a Pedro Sánchez en el poder.
La gestión de Montero en el Gobierno de la nación ha sido disparar los impuestos y lucrarse con la inflación, perjudicando especialmente a clases medias y familias. Su negativa a deflactar el IRPF estatal con la inflación, según estudios de Fedea, ha llevado a que la carga del IRPF para un trabajador con ingresos de 20.000 euros anuales haya subido alrededor de un 44%.
Además, creó un sistema de financiación que da privilegios al separatismo y perjudica especialmente a Madrid y Andalucía.
No se trata únicamente de una disputa entre partidos, sino de una elección entre dos modelos de gestión: el modelo de dejar respirar a empresas y familias y gestionar con prudencia, opuesto al modelo confiscatorio e intervencionista socialista.
La candidatura de Montero tiene una particularidad que la hace especialmente relevante. No es una dirigente ajena al pasado de la Junta, ni una voz nueva que llegue con un proyecto distinto. Fue consejera de Salud, después de Salud y Bienestar Social, y más tarde de Hacienda en los últimos gobiernos socialistas andaluces. Estuvo en el núcleo de poder que dirigió Andalucía durante la fase final del largo ciclo del PSOE. Por eso, cuando pide el voto con el argumento de que quiere proteger la sanidad y reforzar los servicios públicos, los andaluces no están ante una promesa, sino ante un balance de gestión empíricamente verificable.
El balance de la gestión de Montero es lo opuesto a lo que promete. Durante su etapa al frente de la sanidad andaluza, el Servicio Andaluz de Salud perdió 7.773 profesionales entre 2011 y 2013, lo que supuso una caída del 8,2 % de la plantilla, según cifras recogidas por la Cámara de Cuentas y la propia administración autonómica. La reducción afectó a médicos, enfermeros, auxiliares y personal administrativo, en un momento en el que la presión asistencial era enorme. A ello se sumó una caída del presupuesto sanitario, que pasó de 10.307 millones de euros en 2008 a 8.811 millones en 2013, con un recorte acumulado del 15 %. La misma dirigente que hoy se presenta como garante de la sanidad pública y que lleva como lema de campaña “Vota Sanidad Pública” fue protagonista de una etapa en la que se destinó menos dinero, menos personal y se creó más precariedad en el sistema público.
Ese periodo dejó además decisiones especialmente controvertidas. Una de las más recordadas fue el sistema de subastas de medicamentos impulsado por la Junta en 2011, que seleccionaba por precio los fármacos dispensados en farmacia dentro del sistema andaluz. Aquella fórmula se vendió como una medida de ahorro, pero arrastró problemas de suministro y enormes críticas de profesionales y pacientes. Este sistema acabaría siendo eliminado años después por el Gobierno andaluz del PP. Una eventual vuelta de Montero supondría también el regreso de políticas de recorte encubierto y de experimentos administrativos que ya mostraron su fracaso.
Cuando Montero dice “Vota Sanidad Pública”, sin quererlo, está diciendo que no votes al PSOE, que la hundió.
El otro riesgo es político e institucional. Montero no representa solo un programa electoral, sino una cultura de poder. Como consejera de Hacienda en la etapa socialista, ocupó una posición clave en los años en los que la Junta decidió no reclamar judicialmente la devolución de los 680 millones de euros vinculados al fraude de los ERE. Esto ocurrió pese a que la normativa atribuía a Hacienda un papel clave en ese proceso. Cuando una administración renuncia a recuperar fondos públicos defraudados en el mayor caso de corrupción de la democracia, transmite que el dinero de todos puede quedar sin reclamar si hacerlo compromete al aparato político que ella defiende.
Durante la etapa final de gobiernos socialistas en Andalucía, con Montero en Hacienda desde 2013, la comunidad tenía una de las presiones fiscales autonómicas más altas de España, especialmente en IRPF autonómico y Sucesiones y Donaciones. La propia estrategia actual de Montero en financiación autonómica pasa por “armonizar al alza” impuestos como Patrimonio y Sucesiones, precisamente contra las rebajas aplicadas en Madrid, Galicia y Andalucía.
En la época de Montero en la Junta, Andalucía no destacó por aliviar impuestos, sino por lo contrario. La ruptura con ese patrón se produce solo tras 2019, cuando el PP lanza siete rebajas fiscales con un impacto positivo para los bolsillos de los andaluces de unos 1.794 millones anuales.
La gestión de Montero en el Gobierno de la nación también refleja esa cultura de poder: anteponer la recaudación a cualquier otro objetivo, aumentar más de 100 impuestos, directos e indirectos, y cotizaciones, en un país donde los salarios reales apenas han crecido y, después de impuestos, han decrecido desde que gobierna Sánchez. Toda la gestión en Hacienda de Montero se ha encaminado a recaudar y facilitar los acuerdos de privilegios a los partidos separatistas que mantienen en el poder a Sánchez. Una gestión orientada a beneficiar a Sánchez y al partido, no a España ni a Andalucía.
Una coalición del PSOE con la ultraizquierda que se presenta a las elecciones andaluzas supondría volver al expolio, las trabas al crecimiento y la inversión y, eso sí, mucha propaganda. Solo los partidos de centro y derecha pueden frenar el objetivo del sanchismo: absorber recursos de Andalucía para desviar más fondos a los socios del Gobierno que mantienen en el poder a Sánchez.
El objetivo de la izquierda nunca es el progreso, sino el control. La evidencia de su gestión de casi cuarenta años de Andalucía responde a ese patrón: disparar el gasto político y crear una sociedad dependiente y rehén, condenada a conformarse con la ayudita nominal que reparta la Junta tras despilfarrar en gasto clientelar. Hoy, Andalucía crece y sus trabajadores y sectores empresarial, industrial, agrícola y ganadero saben que volver al intervencionismo del pasado socialista, jaleado por la ultraizquierda chavista, solo trae miseria.
Una comunidad autónoma fuerte necesita interlocución con Madrid, no subordinación a La Moncloa. Existe un riesgo evidente de que la Junta deje de defender una agenda propia para convertirse en una prolongación del proyecto del sanchismo, que es mantener a Pedro Sánchez en el poder cueste lo que cueste.
Frente a ello, lo que se juega Andalucía es la posibilidad de consolidar un marco de mayor estabilidad, menos presión política sobre la administración y una gestión más enfocada en atraer inversión, generar empleo y reforzar servicios públicos desde la responsabilidad presupuestaria. No significa que todo esté resuelto ni que las carencias hayan desaparecido. Hay que hacer mucho más y el proyecto para Andalucía debe avanzar en liberalización, apertura y atracción de empresas, además de abandonar políticas importadas que siguen limitando la capacidad de crecimiento de la agricultura y el campo en general.
Montero intenta presentar estas elecciones como un plebiscito sobre los servicios públicos. Si es así, el votante andaluz puede hacer examen de la gestión del socialismo en cuarenta años de poder en Andalucía. La candidata del PSOE tiene una trayectoria extensa y decisiones concretas que nos permiten juzgar sin propaganda. Cuando pide una segunda oportunidad después de haber dirigido Sanidad y Hacienda en una de las etapas más tristes de la autonomía, la obligación del votante no es escuchar la propaganda, sino recordar la gestión.
Este 17 de mayo Andalucía decide entre los que quieren progreso de verdad, servicios públicos eficientes y prosperidad y los que quieren sanchismo, intervencionismo, clientelismo y expolio fiscal. En estas elecciones, Andalucía se juega su continuidad como proyecto de modernización o el riesgo de volver a un pasado de triste memoria. Eso sí, María Jesús Montero es la candidata ideal para gobernar Andalucía si quieres que te crujan a impuestos para beneficiar a independentistas, que te ocupen la casa, que miren hacia otro lado con la corrupción y hundan la sanidad que fingen defender.
María Jesús Montero vende Sanidad Pública, pero con ella al frente del servicio de salud andaluz se recortó el presupuesto sanitario y se perdieron 7.773 profesionales
Andalucía se juega mucho en las elecciones autonómicas del 17 de mayo de 2026. En ellas se decide si se consolida una etapa de estabilidad institucional y crecimiento. También se decide si se devuelve el poder al PSOE a través de María Jesús Montero. Esta figura simboliza la anquilosada forma de gobernar del socialismo andaluz que gobernó durante casi cuarenta años, dejando atraso económico e impuestos confiscatorios. El objetivo del sanchismo en Andalucía es claro: necesitan acaparar recursos en Andalucía para pagar las exigencias de los partidos separatistas que mantienen a Sánchez en La Moncloa. Como en Madrid, Aragón, Extremadura y Castilla y León han fracasado, Andalucía es el último recurso para convertirse en el cajero automático que pagará la factura de mantener a Pedro Sánchez en el poder.
La gestión de Montero en el Gobierno de la nación ha sido disparar los impuestos y lucrarse con la inflación, perjudicando especialmente a clases medias y familias. Su negativa a deflactar el IRPF estatal con la inflación, según estudios de Fedea, ha llevado a que la carga del IRPF para un trabajador con ingresos de 20.000 euros anuales haya subido alrededor de un 44%.
Además, creó un sistema de financiación que da privilegios al separatismo y perjudica especialmente a Madrid y Andalucía.
No se trata únicamente de una disputa entre partidos, sino de una elección entre dos modelos de gestión: el modelo de dejar respirar a empresas y familias y gestionar con prudencia, opuesto al modelo confiscatorio e intervencionista socialista.
La candidatura de Montero tiene una particularidad que la hace especialmente relevante. No es una dirigente ajena al pasado de la Junta, ni una voz nueva que llegue con un proyecto distinto. Fue consejera de Salud, después de Salud y Bienestar Social, y más tarde de Hacienda en los últimos gobiernos socialistas andaluces. Estuvo en el núcleo de poder que dirigió Andalucía durante la fase final del largo ciclo del PSOE. Por eso, cuando pide el voto con el argumento de que quiere proteger la sanidad y reforzar los servicios públicos, los andaluces no están ante una promesa, sino ante un balance de gestión empíricamente verificable.
El balance de la gestión de Montero es lo opuesto a lo que promete. Durante su etapa al frente de la sanidad andaluza, el Servicio Andaluz de Salud perdió 7.773 profesionales entre 2011 y 2013, lo que supuso una caída del 8,2 % de la plantilla, según cifras recogidas por la Cámara de Cuentas y la propia administración autonómica. La reducción afectó a médicos, enfermeros, auxiliares y personal administrativo, en un momento en el que la presión asistencial era enorme. A ello se sumó una caída del presupuesto sanitario, que pasó de 10.307 millones de euros en 2008 a 8.811 millones en 2013, con un recorte acumulado del 15 %. La misma dirigente que hoy se presenta como garante de la sanidad pública y que lleva como lema de campaña “Vota Sanidad Pública” fue protagonista de una etapa en la que se destinó menos dinero, menos personal y se creó más precariedad en el sistema público.
Ese periodo dejó además decisiones especialmente controvertidas. Una de las más recordadas fue el sistema de subastas de medicamentos impulsado por la Junta en 2011, que seleccionaba por precio los fármacos dispensados en farmacia dentro del sistema andaluz. Aquella fórmula se vendió como una medida de ahorro, pero arrastró problemas de suministro y enormes críticas de profesionales y pacientes. Este sistema acabaría siendo eliminado años después por el Gobierno andaluz del PP. Una eventual vuelta de Montero supondría también el regreso de políticas de recorte encubierto y de experimentos administrativos que ya mostraron su fracaso.
Cuando Montero dice “Vota Sanidad Pública”, sin quererlo, está diciendo que no votes al PSOE, que la hundió.
El otro riesgo es político e institucional. Montero no representa solo un programa electoral, sino una cultura de poder. Como consejera de Hacienda en la etapa socialista, ocupó una posición clave en los años en los que la Junta decidió no reclamar judicialmente la devolución de los 680 millones de euros vinculados al fraude de los ERE. Esto ocurrió pese a que la normativa atribuía a Hacienda un papel clave en ese proceso. Cuando una administración renuncia a recuperar fondos públicos defraudados en el mayor caso de corrupción de la democracia, transmite que el dinero de todos puede quedar sin reclamar si hacerlo compromete al aparato político que ella defiende.
Durante la etapa final de gobiernos socialistas en Andalucía, con Montero en Hacienda desde 2013, la comunidad tenía una de las presiones fiscales autonómicas más altas de España, especialmente en IRPF autonómico y Sucesiones y Donaciones. La propia estrategia actual de Montero en financiación autonómica pasa por “armonizar al alza” impuestos como Patrimonio y Sucesiones, precisamente contra las rebajas aplicadas en Madrid, Galicia y Andalucía.
En la época de Montero en la Junta, Andalucía no destacó por aliviar impuestos, sino por lo contrario. La ruptura con ese patrón se produce solo tras 2019, cuando el PP lanza siete rebajas fiscales con un impacto positivo para los bolsillos de los andaluces de unos 1.794 millones anuales.
La gestión de Montero en el Gobierno de la nación también refleja esa cultura de poder: anteponer la recaudación a cualquier otro objetivo, aumentar más de 100 impuestos, directos e indirectos, y cotizaciones, en un país donde los salarios reales apenas han crecido y, después de impuestos, han decrecido desde que gobierna Sánchez. Toda la gestión en Hacienda de Montero se ha encaminado a recaudar y facilitar los acuerdos de privilegios a los partidos separatistas que mantienen en el poder a Sánchez. Una gestión orientada a beneficiar a Sánchez y al partido, no a España ni a Andalucía.
Una coalición del PSOE con la ultraizquierda que se presenta a las elecciones andaluzas supondría volver al expolio, las trabas al crecimiento y la inversión y, eso sí, mucha propaganda. Solo los partidos de centro y derecha pueden frenar el objetivo del sanchismo: absorber recursos de Andalucía para desviar más fondos a los socios del Gobierno que mantienen en el poder a Sánchez.
El objetivo de la izquierda nunca es el progreso, sino el control. La evidencia de su gestión de casi cuarenta años de Andalucía responde a ese patrón: disparar el gasto político y crear una sociedad dependiente y rehén, condenada a conformarse con la ayudita nominal que reparta la Junta tras despilfarrar en gasto clientelar. Hoy, Andalucía crece y sus trabajadores y sectores empresarial, industrial, agrícola y ganadero saben que volver al intervencionismo del pasado socialista, jaleado por la ultraizquierda chavista, solo trae miseria.
Una comunidad autónoma fuerte necesita interlocución con Madrid, no subordinación a La Moncloa. Existe un riesgo evidente de que la Junta deje de defender una agenda propia para convertirse en una prolongación del proyecto del sanchismo, que es mantener a Pedro Sánchez en el poder cueste lo que cueste.
Frente a ello, lo que se juega Andalucía es la posibilidad de consolidar un marco de mayor estabilidad, menos presión política sobre la administración y una gestión más enfocada en atraer inversión, generar empleo y reforzar servicios públicos desde la responsabilidad presupuestaria. No significa que todo esté resuelto ni que las carencias hayan desaparecido. Hay que hacer mucho más y el proyecto para Andalucía debe avanzar en liberalización, apertura y atracción de empresas, además de abandonar políticas importadas que siguen limitando la capacidad de crecimiento de la agricultura y el campo en general.
Montero intenta presentar estas elecciones como un plebiscito sobre los servicios públicos. Si es así, el votante andaluz puede hacer examen de la gestión del socialismo en cuarenta años de poder en Andalucía. La candidata del PSOE tiene una trayectoria extensa y decisiones concretas que nos permiten juzgar sin propaganda. Cuando pide una segunda oportunidad después de haber dirigido Sanidad y Hacienda en una de las etapas más tristes de la autonomía, la obligación del votante no es escuchar la propaganda, sino recordar la gestión.
Este 17 de mayo Andalucía decide entre los que quieren progreso de verdad, servicios públicos eficientes y prosperidad y los que quieren sanchismo, intervencionismo, clientelismo y expolio fiscal. En estas elecciones, Andalucía se juega su continuidad como proyecto de modernización o el riesgo de volver a un pasado de triste memoria. Eso sí, María Jesús Montero es la candidata ideal para gobernar Andalucía si quieres que te crujan a impuestos para beneficiar a independentistas, que te ocupen la casa, que miren hacia otro lado con la corrupción y hundan la sanidad que fingen defender.
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