El PSOE presiona a Junts con medidas de izquierda entre recelos de sus socios: «Hay nervios por ver quién capitaliza la vivienda’

Es como cuando se logra terminar un puzzle de 10.000 piezas, pero la mesa se zarandea y se cae al suelo. Otra vez intentar encajar todo otra vez. La Moncloa logró ese hito con la investidura de Pedro Sánchez, pero con el transitar de la legislatura las piezas se fueron desencajando y cayendo. Ahora, con el pretexto del llamado decreto Maricarmen y con que la vivienda vuelva a copar el debate público, se ha puesto a la tarea de nuevo. El sector socialista del Gobierno busca revitalizar su mayoría con un real decreto que trasluzca medidas de izquierda y que presione a Junts o PNV para apoyarlo. La prórroga de dos años de los alquileres o la prohibición de desahucios a personas vulnerables son dos de ellas. La formación de Carles Puigdemont, que ha roto el hielo para negociar este paquete, marcó ayer distancias tras el texto que el PSOE mandó a los grupos del Congreso: «Se aleja del acuerdo trabajado durante los últimos días y vuelve a poner en riesgo las soluciones en materia de vivienda».

La imagen de Maricarmen, una anciana de 87 años siendo desahuciada de su casa y la acampada en la madrileña Puerta del Sol han agitado y acelerado la vida política española. Donde había atascos y vetos se trabaja desde hace días para hacer posible un acuerdo. Negociaciones cruzadas, a varias bandas. Llamadas, mails, mensajes, presiones a Vivienda… De nuevo, un diálogo llevado al último minuto. El Ministerio de Vivienda focaliza 10 puntos para intentar aplacar la presión social, la calle. Medidas que van desde la protección ante los desahucios, a la prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre, pasando por la estabilización de los contratos de alquiler, abordando la regulación del alquiler de temporada, aplicando IVA a los pisos turísticos, instaurando bonificaciones fiscales para personas inquilinas o para quienes bajen el precio del alquiler. Entre otras.

Desde Junts, como adelantó este diario, señalaron ayer que el último borrador compartido por Vivienda «recupera dar por buenas las ocupaciones, dejando sin protección a los pequeños propietarios y poniéndolos al mismo nivel que los fondos buitre». Esa alusión a las «ocupaciones» está basada en el hecho de que consideran que se establece una prohibición generalizada de los desahucios, y ello perjudica, entienden, a pequeños propietarios.

Las mismas fuentes de la formación independentista relatan que estaban «mayoritariamente de acuerdo» con la propuesta hecha por el Gobierno, pero que «el real decreto ha cambiado sustancialmente convirtiéndose en un decreto ómnibus donde se han incorporado múltiples medidas que no formaban parte de lo que se había trabajado y que impidió la convalidación de los anteriores reales decretos».

En abril, Junts ya tumbó un decreto del Gobierno que incluía la prórroga de hasta dos años en los contratos de alquiler, así como un límite del 2% en la actualización anual del alquiler. Ahora, el Ejecutivo los vuelve a poner en el brete de ser o no la espada de Damocles. A última hora de este lunes, no obstante, no daban portazo y mostraban su «disposición a continuar hablando y trabajando hasta el final». Un mantra repetido por todos los partidos. Nadie quería romper la cuerda o, en todo caso, ser el primero en hacerlo.

La Moncloa pretende que su plan sea un «acuerdo de mínimos» que logra aunar los votos de partidos más a la izquierda como ERC, Bildu o Podemos y de formaciones más conservadoras como Junts o el PNV. La cuadratura del círculo: aprobar un plan con el prisma de la izquierda en un Congreso con mayoría conservadora. La habitación del pánica en la que el Ejecutivo ha vivido atrapado esta legislatura.

Esa pretensión de unir polos opuestos quedó patente en las últimas horas. Las reticencias de Junts no fueron las únicas. Sumar, socio minoritario de la coalición de gobierno, pide ahora ir más allá de la prórroga de dos años en los alquileres y pelea por la «renovación automática de los contratos». Podemos exige que se incluyan las expropiaciones y Compromís acusa a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de priorizar a «las derechas». Fruto de esa dificultad para un acuerdo, a última hora del lunes hubo una reunión de coordinación entre varios ministerios como Hacienda, Economía, Justicia o Vivienda para ver qué texto «de mínimos» se podía llevar al Consejo de Ministros.

Esa resistencia al acuerdo de los partidos es interpretada así en La Moncloa: «Hay muchos nervios porque el debate público ha girado y ha virado a la vivienda. Y puede que sea lo que vaya a condicionar los próximos meses y, por tanto, las elecciones». La protesta es social, está en la calle, pero a ningún actor político se le escapa que es una oportunidad de posicionarse y tratar de obtener rédito electoral. «Nos interesa que la movilización siga más allá de hoy», señalan desde una fuerza parlamentaria. «Nosotros no le tenemos miedo a la calle. Además, entre los de los áticos y los de la calle, siempre al lado de la calle», apuntan desde La Moncloa, con dardo a Isabel Díaz Ayuso -Sánchez ya la culpó a ella y a Almeida del desahucio de Maricarmen-. «A nuestra izquierda hay ansiedad de esto hay que capitalizarlo, organizarlo, canalizarlo y que sirva para transformarlo en votos», señalan desde el sector socialista del Ejecutivo.

El decreto Maricarmen, en términos políticos, puede proporcionarle a Sánchez una foto casi olvidada de una mayoría parlamentaria. Un hecho que sucede ya con los partidos en modo electoral y como ejemplo del espejo en el que mirarse: temas socioeconómicos que le proporcionen votos para superar a las formaciones de derecha. El objetivo de cara a 2027: un proyecto y una fuerza suficiente para reeditar una imagen que ahora mismo se ve muy borrosa. De ahí el llamamiento que hizo ayer desde Barcelona:«Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo con altura de miras».