Renfe modificará la licitación de su proyecto de empresa de autobuses para ajustarse a los requerimientos del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) y favorecer una mayor participación de las empresas en el concurso. La ferroviaria pública ha explicado en un comunicado que mantiene la intención de crear esta sociedad de autobuses, que dará servicios alternativos cuando se produzcan retrasos o suspensiones de trayectos en sus trenes.
Así, Renfe retomará en septiembre el proceso de creación de una sociedad de autobuses que preste servicio cuando la circulación en tren no es posible. La licitación fue recurrida por las patronales y el TACRC dio la razón a los recurrentes solo en algunas de sus quejas, lo que supuso la anulación del proceso. Sin embargo, Renfe asegura ahora en un comunicado que el Tribunal también denegó algunos recursos de las patronales y confirmó la legalidad del proyecto. En concreto, el Tribunal ha rechazado las alegaciones que sostenían que el servicio podría invadir el ámbito de los servicios de transporte de viajeros por carretera, concluyendo que se trata de una actividad plenamente vinculada a la prestación ferroviaria.
Asimismo, el TACRC considera legítimo que este servicio pueda utilizarse tanto para responder a incidencias operativas como para cubrir interrupciones programadas derivadas de obras en la infraestructura ferroviaria. También valida el régimen jurídico aplicado y desestima las objeciones planteadas en materia de transparencia y publicidad de la licitación. Estima que se confirma la legalidad del proyecto y considera legítimo que pueda usarse para responder a incidencias operativas y para cubrir interrupciones programadas derivadas de obras en la infraestructura ferroviaria. Cree que la resolución también valida el régimen jurídico aplicado y desestima las objeciones planteadas en materia de transparencia y publicidad de la licitación.
Según Renfe, el Tribunal respalda los fundamentos principales del proyecto, pero considera necesario rediseñar algunos puntos concretos de la licitación para garantizar una mayor concurrencia empresarial. Entre ellos, señala la necesidad de revisar con mayor detalle cuestiones como la configuración del contrato en un único lote de ámbito nacional, los requisitos de solvencia económica y técnica exigidos a las empresas, la disponibilidad mínima de vehículos y la duración prevista para el proyecto.
En cuanto a las alegaciones aceptadas que Renfe tendrá que rectificar, se encuentran principalmente las cuestiones derivadas de la configuración del contrato en un único lote de ámbito nacional, los requisitos de solvencia económica y técnica exigidos a las empresas, la disponibilidad mínima de vehículos y la duración prevista para el proyecto. Renfe asegura que tendrá en cuenta estas consideraciones para volver a lanzar el pliego el próximo mes de septiembre.
Según defendían las organizaciones demandantes, el 60% de las 2.700 empresas de transporte de viajeros en España son microempresas (menos de 10 autobuses), con lo que las exigencias de Renfe dejarían fuera al 99% del tejido empresarial del sector y solo podrían aspirar una decena de grandes grupos.
La licitación fue recurrida por las patronales y el TACRC dio la razón a los recurrentes en algunos puntos, lo que supuso la anulación del proceso. Renfe asegura que los tribunales dan legalidad del proyecto
Renfe modificará la licitación de su proyecto de empresa de autobuses para ajustarse a los requerimientos del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) y favorecer una mayor participación de las empresas en el concurso. La ferroviaria pública ha explicado en un comunicado que mantiene la intención de crear esta sociedad de autobuses, que dará servicios alternativos cuando se produzcan retrasos o suspensiones de trayectos en sus trenes.
Así, Renfe retomará en septiembre el proceso de creación de una sociedad de autobuses que preste servicio cuando la circulación en tren no es posible. La licitación fue recurrida por las patronales y el TACRC dio la razón a los recurrentes solo en algunas de sus quejas, lo que supuso la anulación del proceso. Sin embargo, Renfe asegura ahora en un comunicado que el Tribunal también denegó algunos recursos de las patronales y confirmó la legalidad del proyecto. En concreto, el Tribunal ha rechazado las alegaciones que sostenían que el servicio podría invadir el ámbito de los servicios de transporte de viajeros por carretera, concluyendo que se trata de una actividad plenamente vinculada a la prestación ferroviaria.
Asimismo, el TACRC considera legítimo que este servicio pueda utilizarse tanto para responder a incidencias operativas como para cubrir interrupciones programadas derivadas de obras en la infraestructura ferroviaria. También valida el régimen jurídico aplicado y desestima las objeciones planteadas en materia de transparencia y publicidad de la licitación. Estima que se confirma la legalidad del proyecto y considera legítimo que pueda usarse para responder a incidencias operativas y para cubrir interrupciones programadas derivadas de obras en la infraestructura ferroviaria. Cree que la resolución también valida el régimen jurídico aplicado y desestima las objeciones planteadas en materia de transparencia y publicidad de la licitación.
Según Renfe, el Tribunal respalda los fundamentos principales del proyecto, pero considera necesario rediseñar algunos puntos concretos de la licitación para garantizar una mayor concurrencia empresarial. Entre ellos, señala la necesidad de revisar con mayor detalle cuestiones como la configuración del contrato en un único lote de ámbito nacional, los requisitos de solvencia económica y técnica exigidos a las empresas, la disponibilidad mínima de vehículos y la duración prevista para el proyecto.
En cuanto a las alegaciones aceptadas que Renfe tendrá que rectificar, se encuentran principalmente las cuestiones derivadas de la configuración del contrato en un único lote de ámbito nacional, los requisitos de solvencia económica y técnica exigidos a las empresas, la disponibilidad mínima de vehículos y la duración prevista para el proyecto. Renfe asegura que tendrá en cuenta estas consideraciones para volver a lanzar el pliego el próximo mes de septiembre.
Según defendían las organizaciones demandantes, el 60% de las 2.700 empresas de transporte de viajeros en España son microempresas (menos de 10 autobuses), con lo que las exigencias de Renfe dejarían fuera al 99% del tejido empresarial del sector y solo podrían aspirar una decena de grandes grupos.
Noticias de Economía Nacional e Internacional en La Razón
