<p>El <strong>Parlamento argentino</strong> ofreció hoy una contundente demostración de fuerza<strong> al rechazar por primera vez un veto del presidente Javier Milei</strong> y avanzar en la modificación del sistema a través del cual el Poder Ejecutivo puede sancionar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).</p>
El Parlamento revierte el veto del Gobierno argentino a ley de discapacidad, un hecho inédito en 22 años
El Parlamento argentino ofreció hoy una contundente demostración de fuerza al rechazar por primera vez un veto del presidente Javier Milei y avanzar en la modificación del sistema a través del cual el Poder Ejecutivo puede sancionar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Milei había vetado la ley de emergencia en discapacidad sancionada por el Parlamento, pero en dos semanas, la Cámara de Diputados, primero, y el Senado, hoy, anularon el veto presidencial, algo absolutamente excepcional en la democracia argentina.
«La insistencia fue acompañada por casi todo el arco opositor y desnudó como nunca la fragilidad parlamentaria del oficialismo. Logró 63 apoyos, siete rechazos y ninguna abstención«, destacó La Nación.
El correctivo del Parlamento a Milei llega en el peor momento de los 21 meses de gobierno del libertario.
La ley actualiza los aranceles de los prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio. La norma también ordena regularizar las deudas del sistema de salud con los prestadores.
El gobierno libertario, que basa su programa económico en el déficit cero, ya hizo saber que buscará retrasar al máximo la aplicación de la ley. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la norma en el año 2026 será de un 0,46 por ciento del PIB.
«Jamás imaginé ver a un presidente con el nivel de brutalidad, cinismo y crueldad [de Milei]», criticó el senador peronista Eduardo De Pedro.
Otro senador opositor, Flavio Fama, de la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR), se dirigió directamente a Milei, aunque no estaba presente en el recinto: «Señor presidente, no se gobierna mejor eludiendo al Congreso. Los que sostenemos a la democracia creemos en el diálogo, en los consensos y en la construcción de los consensos».
La mayoría de los senadores del PRO, el partido del ex presidente Mauricio Macri, aliado de Milei, también votaron como parte del bloque opositor.
Milei, que ganó las elecciones en la segunda vuelta en 2023, cuenta con apenas un 15 por ciento de los miembros de la Cámara de Diputados y menos de un diez por ciento del Senado. Esa hiper minoría parlamentaria fue salvada por el gobierno durante un año y medio gracias a la comprensión y apoyo de varios bloques opositores, pero eso ya es pasado: la oposición le muestra los dientes a un presidente que no deja de insultar a los miembros del Parlamento y que está en problemas ante las denuncias de corrupción contra su hermana Karina, secretaria general de la presidencia.
A su vez, la modificación en el sistema de sanción de los DNU le quitaría a Milei su principal herramienta para gobernar, los decretos.
Resta la aprobación de la Cámara de Diputados y el previsible veto del presidente, pero ambas Cámaras están dispuestas a insistir en la modificación de una ley impulsada en 2006 por Cristina Kirchner.
Aquella norma estableció un mecanismo controvertido, que la Constitución prohíbe para el tratamiento de las leyes, conocido como «sanción ficta». Así, el silencio del Congreso se convierte en una aprobación tácita de los decretos.
Con la nueva ley que impulsa el Congreso, el giro es de 180 grados: establece un plazo de 90 días para que ambas Cámaras del Congreso ratifiquen el DNU. Si en ese plazo el gobierno no consigue ese doble apoyo, el DNU queda derogado.
«No les importa el contenido de la ley, les importa romper al gobierno», denunció el senador Ezequiel Atauche, portavoz del grupo de Milei.
En medio de la tensión creciente de cara a las elecciones de este domingo en la provincia de Buenos Aires, los medios periodísticos más afines al gobierno libertario insistían en la noche de este jueves en que el objetivo final de la oposición es un «juicio político» para destituir al presidente, que tiene mandato hasta diciembre de 2027.
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