Tras la reforma del sistema de pensiones de 2021-2023 y viendo los números de la Seguridad Social, podemos afirmar con rotundidad que no ha mejorado la sostenibilidad del sistema, sino que ha aumentado su fragilidad. Es cierto que se consigue dar una patada hacia delante al problema de base, que es la inviabilidad de mantener un sistema de reparto, y que así se puede aguantar unos años más, a base de incrementar las contribuciones y la deuda. Pero la demografía y las matemáticas son implacables y las previsiones dicen que en 2050 el gasto en pensiones será del 18% del PIB.
Lo que se necesita es modernizar el sistema y no dar una nueva vuelta de tuerca al modelo que ya está muy tensionado por la demografía, basado en que los trabajadores de hoy financian las pensiones de los jubilados. Con una población envejecida, una fuerza laboral que crece lentamente y una elevada tasa de paro, la ecuación simplemente no cierra. No se trata de voluntad política, sino de matemática económica.
La solución no puede ser seguir subiendo las cotizaciones ni la presión fiscal, porque eso solo encarece el empleo, reduce la competitividad y castiga especialmente a los jóvenes y a las empresas. Hay que abordar una reforma estructural que combine sostenibilidad, libertad y responsabilidad individual. Y hay que hacerlo mediante un proceso de transición para que no afecte a las generaciones que se van a jubilar.
Necesitamos una nueva arquitectura del sistema: más contributiva, más transparente y más conectada con la economía real. Un modelo de pensiones que incentive el ahorro individual y la prolongación voluntaria de la vida laboral, y que reduzca la dependencia del presupuesto público.
Por tanto, España debe empezar a transitar hacia un sistema mixto, en el que parte de las aportaciones se capitalicen a título personal. Modelos como los de Suecia, Países Bajos o Chile, cada uno con sus matices, han demostrado que es posible equilibrar solidaridad intergeneracional con ahorro individual y rentabilidad a largo plazo.
Juan Carlos Higueras es Doctor en Economía y vicedecano del EAE Business School
Las previsiones dicen que en 2050 el gasto en pensiones será del 18% del PIB. La solución no puede ser seguir subiendo las cotizaciones ni la presión fiscal, sino modernizar el sistema
Tras la reforma del sistema de pensiones de 2021-2023 y viendo los números de la Seguridad Social, podemos afirmar con rotundidad que no ha mejorado la sostenibilidad del sistema, sino que ha aumentado su fragilidad. Es cierto que se consigue dar una patada hacia delante al problema de base, que es la inviabilidad de mantener un sistema de reparto, y que así se puede aguantar unos años más, a base de incrementar las contribuciones y la deuda. Pero la demografía y las matemáticas son implacables y las previsiones dicen que en 2050 el gasto en pensiones será del 18% del PIB.
Lo que se necesita es modernizar el sistema y no dar una nueva vuelta de tuerca al modelo que ya está muy tensionado por la demografía, basado en que los trabajadores de hoy financian las pensiones de los jubilados. Con una población envejecida, una fuerza laboral que crece lentamente y una elevada tasa de paro, la ecuación simplemente no cierra. No se trata de voluntad política, sino de matemática económica.
La solución no puede ser seguir subiendo las cotizaciones ni la presión fiscal, porque eso solo encarece el empleo, reduce la competitividad y castiga especialmente a los jóvenes y a las empresas. Hay que abordar una reforma estructural que combine sostenibilidad, libertad y responsabilidad individual. Y hay que hacerlo mediante un proceso de transición para que no afecte a las generaciones que se van a jubilar.
Necesitamos una nueva arquitectura del sistema: más contributiva, más transparente y más conectada con la economía real. Un modelo de pensiones que incentive el ahorro individual y la prolongación voluntaria de la vida laboral, y que reduzca la dependencia del presupuesto público.
Por tanto, España debe empezar a transitar hacia un sistema mixto, en el que parte de las aportaciones se capitalicen a título personal. Modelos como los de Suecia, Países Bajos o Chile, cada uno con sus matices, han demostrado que es posible equilibrar solidaridad intergeneracional con ahorro individual y rentabilidad a largo plazo.
Juan Carlos Higueras es Doctor en Economía y vicedecano del EAE Business School
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