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Argentina y Chile coordinan por primera vez sus políticas de seguridad y migración
Chile y Argentina acordaron este lunes en Buenos Aires coordinar sus políticas de seguridad e inmigración, en una sintonía inédita entre ambos países.
La síntesis de ese plan no llegó de los labios de José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile, ni de los del anfitrión, Javier Milei. Quien mejor expresó los tiempos que se vienen fue Patricia Bullrich, rival de Milei en las presidenciales de 2023: «Orden, ley y libertad en toda Latinoamérica».
Bullrich es hoy la portavoz del grupo mileísta en el Senado, pero fue hasta hace cuatro meses la ministra de Seguridad. Su protagonismo en la agenda bilateral quedó subrayado este lunes: antes de que el presidente chileno visitara la Casa Rosada, donde fue recibido por la guardia de honor del palacio de Gobierno, desayunó con él en la embajada de Chile en Buenos Aires. Un gesto político relevante de quien, según recientes encuestas, mantiene la mejor imagen del país, por encima del propio Milei.
Bullrich fue indiscutiblemente exitosa en su política de seguridad en los dos años en que fue ministra, con una evolución favorable de los índices de criminalidad y una intervención clave en la provincia de Santa Fe, especialmente en Rosario, que devolvió la presencia y el poder del Estado a la zona tras años de descontrol frente al avance del narcotráfico.
El tema interesa especialmente a Kast, decidido a tener éxito en aquello en lo que todos sus antecesores fracasaron: el control de la llamada «macrozona sur», que incluye tierras reclamadas por comunidades originarias como los mapuches, escenario de violencia recurrente. También busca reducir el creciente poder «narco» en Chile y controlar la frontera norte con Bolivia y Perú, donde está cavando zanjas y construyendo muros para cumplir su arriesgada promesa de frenar la inmigración irregular en la quinta economía de América Latina. De hecho Kast fue ayer contundente en esta materia: «Hemos convocado a las personas que entraron por la ventana a Chile a salir voluntariamente» y «si no lo hacen voluntariamente esa posibilidad (de vivir en Chile) se va a cerrar definitivamente».
Estos asuntos ya habían sido abordados por Kast y Milei un mes atrás en Miami, invitados por Donald Trump para sumarse a la iniciativa «Escudo para las Américas».
Que Chile y Argentina se pongan de acuerdo no es lo habitual. Solo ocurrió parcialmente en los años 70, cuando las dictaduras a ambos lados de los Andes compartían el tenebroso «Plan Cóndor», que silenciaba, asesinaba y hacía desaparecer a opositores políticos. Ni siquiera entonces la coordinación fue total: en los días finales de 1979, ambos países estuvieron a centímetros de la guerra, evitada in extremis gracias a la mediación del papa Juan Pablo II.
Hoy, Milei y Kast buscan sincronizar sus políticas de seguridad en el contexto de dos democracias consolidadas, a años luz de aquellos años, y extender esa cooperación al comercio y la infraestructura. De ahí que la visita de Kast a Buenos Aires haya sido la primera al extranjero desde que asumió el poder el 11 de marzo.
La reunión, de alto nivel, reunió en el «Salón Eva Perón» de la Casa Rosada a la plana mayor de ambos gobiernos: participaron el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y su homólogo chileno, Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Seguridad Pública chilena, María Trinidad Steinert, y su homóloga argentina, Alejandra Monteoliva; el ministro de Obras Públicas chileno, Martín Arrau, y el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, entre otros.
Tras reunirse con Milei, Kast fue contundente en rueda de prensa: «El camino que hemos iniciado para recuperar la seguridad en Chile, para recuperar el control de las cárceles, no tiene vuelta atrás. Esto es sin prisa, pero sin pausa. Y día a día vamos a ir dando muestras de lo responsables que somos para enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico y también la inmigración ilegal».
El presidente chileno prometió además rendir cuentas de forma constante: «En las próximas semanas vamos a ir mostrando las cifras en todas las áreas de criminalidad para ser muy transparentes. Tenemos cifras complejas después de un período en el que la autoridad política no dio el respaldo suficiente a las instituciones policiales, y eso va a ir cambiando».
Más allá de la seguridad y la integración económica, un tercer asunto sobrevoló la reunión: la extradición de Galvarino Apablaza, que lleva años tensionando la relación entre ambos países. Apablaza está señalado por la justicia chilena como responsable intelectual del asesinato en 1991 del senador Jaime Guzmán, fundador de la UDI, así como del secuestro de Christian Edwards.
Refugiado en Argentina tras una decisión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su caso fue durante años un foco de fricción entre Buenos Aires y Santiago, reactivado en las últimas semanas por el impulso de Milei. El problema es que, cuando la justicia allanó su domicilio para detenerlo, ya no se encontraba allí. Medios argentinos señalan que pudo haber huido a Brasil.
Kast agradeció a Milei que «en sus años de gobierno se ha avanzado más que en varios años anteriores», pero la huida de Apablaza genera tensiones en la derecha chilena.
María José Hoffmann, vicepresidenta de la UDI, dijo a La Tercera que hubo una «confabulación» por parte de la justicia argentina para permitir la huida: «No tengo pruebas, pero no tengo dudas».
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