<p>El <strong>Tribunal Superior de Justicia de Cataluña</strong> (TSJC) ha acordado la <strong>ejecución provisional</strong> de su <strong>sentencia</strong> del pasado mes de septiembre que <a href=»https://www.elmundo.es/cataluna/2025/09/10/68c1293ae9cf4af9048b458a.html» target=»_blank»>anula parcialmente</a> el decreto que la <strong>Generalitat</strong> aprobó en 2024, bajo la presidencia de <strong>Pere Aragonès</strong> (<strong>ERC</strong>), para blindar el modelo de <strong>inmersión lingüística</strong> en la enseñanza.</p>
El Supremo aún debe resolver los recursos contra el fallo del alto tribunal catalán que invalida parcialmente el decreto que la Generalitat aprobó en 2024 para blindar la lengua catalana como vehicular en las aulas
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado la ejecución provisional de su sentencia del pasado mes de septiembre que anula parcialmente el decreto que la Generalitat aprobó en 2024, bajo la presidencia de Pere Aragonès (ERC), para blindar el modelo de inmersión lingüística en la enseñanza.
De este modo, mientras el Tribunal Supremo resuelve los recursos interpuestos al fallo, los 11 preceptos anulados total o parcialmente de esa norma quedan sin aplicación, incluidos aquellos que imponían el catalán como única lengua vehicular y estructuraban los proyectos lingüísticos de centro sobre esa exclusividad.
Tras conocer la noticia, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprovechado una comparecencia pública para «dejar claro el compromiso del Govern con la defensa de la lengua y del modelo de escuela catalana». Una posición en la que se ha reafirmado el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila: «Trabajamos para defender el modelo educativo, los servicios jurídicos de la Generalitat están estudiando la resolución para darle respuesta». De igual modo, el Departamento de Educación y Formación Profesional ha asegurado que esta decisión judicial no tiene «ninguna afectación inmediata» y «no altera la actividad ordinaria en los centros».
También ha sido contundente en la defensa de la inmersión la viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret: «Queremos dejar claro el compromiso absoluto y sin cuestionamiento con nuestra lengua, el catalán, y con la defensa del modelo sólido y de éxito de escuela catalana». El Govern «pondrá a disposición todos los recursos políticos y jurídicos que sean necesarios para ello», ha aseverado la también presidenta de la Diputación de Barcelona.
El falllo del TSJC del mes de septiembre fue la respuesta judicial al recurso que la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) presentó contra la norma aprobada por el Govern dos días después de las elecciones autonómicas del 12 de mayo de 2024, es decir, ya en funciones.
La resolución declaró nulos de pleno derecho varios preceptos del decreto por vulnerar los artículos 3, 14 y 27 de la Constitución Española. Los magistrados invalidaron, entre otras obligaciones atribuidas a los titulares de los centros, la de garantizar que el catalán [y el aranés en la comarca pirenaica de Vall d’Aran] sea la lengua vehicular y de aprendizaje excluyendo el castellano de esa condición.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo también anulaba que el catalán fuera la lengua auxiliar prioritaria para enseñar idiomas extranjeros o la única lengua de acogida para los alumnos recién llegados a Cataluña.
Tras el recurso presentado en 2024 por la organización presidida por Ana Losada, el TSJ catalán suspendió cautelarmente, en julio de ese mismo año, la norma de la Generalitat para «impedir la vulneración de derechos fundamentales».
Uno de los recursos de casación contra la sentencia judicial de hace poco más de seis meses fue presentado por el Departamento de Educación. Tras hacerse público aquel fallo, Illa dijo que «el catalán debe seguir siendo el idioma inclusivo, propio y transversal de Cataluña y también de la escuela». El jefe del Govern aseguró que no permitirá «que nadie haga un uso político de la lengua porque es lo peor que se puede hacer para la convivencia».
En el auto publicado hoy, el TSJC desestima, en cambio, ordenar a la consejería que emita una instrucción general a todos los centros y presente un informe de las medidas adoptadas porque no se puede «diseñar un sistema de control de la Generalitat a través de los tribunales».
La AEB ha instado al Govern a «que cumpla de forma inmediata la ejecución provisional de la sentencia y dicte instrucciones claras a los centros educativos».
En paralelo a la revisión que ha de hacer el Supremo tras estos recursos, hay otras dos normas autonómicas sobre las cuales la Justicia debe dar una última respuesta. El Tribunal Constitucional tiene aún pendiente resolver la constitucionalidad de las dos leyes del año 2022 con las que el Govern de Aragonès esquivó la sentencia firme del TSJC de impartir, como mínimo, un 25% de horas lectivas en español.
Por un lado, el decreto ley de la Generalitat que vetaba la fijación de cuotas en la enseñanza, validado en el Parlament por Esquerra, Junts per Catalunya y En Comú Podem. Y, en segundo lugar, una ley parlamentaria para ratificar la vehicularidad del catalán que contó con el apoyo de esos tres estos partidos más el PSC. Este segundo texto legal señala que el castellano debe tener «una presencia adecuada en los currículos y proyectos educativos», pero sin más concreción.
La resolución del TSJC ha marcado la agenda política de este lunes en Cataluña. JxCat ha aprovechado para acusar el Govern de «falta de compromiso» y de ser «cómplice» de «una cruzada contra la lengua por todas las vías posibles». Su líder en el Parlament, Mònica Sales, ha anunciado este lunes que han pedido la comparecencia en la Cámara de Illa, Vila y del consejero de la Presidencia y titular de Educación en funciones, Albert Dalmau, para que expliquen qué acciones emprenderán «frente a un ataque permanente a la lengua». «Estamos hartos de determinadas entidades que, desde la minoría, falsean y buscan la crispación y atacar un modelo de éxito en nuestro país», ha expresado en referencia a la Asamblea por una Escuela Bilingüe.
En la misma línea, el vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha calificado como «lamentable» que «entidades absolutamente indocumentadas, desconocidas y poco solventes estén influenciando un debate absolutamente técnico y pedagógico». «Es incomprensible que los jueces sigan ignorando estos criterios técnicos y pedagógicos», ha abundado el dirigente republicano, que ha reclamado «valentía» al Govern para garantizar que el catalán siga siendo la lengua vehicular en las aulas.
El otro socio de investidura de Illa, Comuns, también se ha posicionado en la defensa sin ambages de la inmersión lingüística. Así lo ha manifestado su coordinadora nacional, Candela López: «El modelo de escuela catalana no se toca». La dirigente de los comunes ha pedido al Ejecutivo del PSC «que proteja a las escuelas, equipos directivos y profesionales» ante «una nueva ofensiva contra la lengua».
Una opinión totalmente opuesta ha sido la expresada por el secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez: «Lo que hay que hacer es cumplir las sentencias, no legislar para ver cómo se pueden burlar, que es lo que ha intentado la Generalitat».
Contra la resolución del TSJC que ordena la ejecución provisional de su fallo emitido en septiembre cabe ahora la presentación de un recurso de reposición en el plazo de cinco días.
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