Durante tres décadas, cada 4 de junio, decenas de miles de pequeñas llamas iluminaban el Parque Victoria de Hong Kong. Mientras en el resto de China cualquier referencia pública a la matanza de Tiananmen estaba censurada, en la antigua colonia británica se leían los nombres de las víctimas, se cantaban canciones y se reclamaba a Pekín que asumiera responsabilidades por la represión de 1989. Aquella vigilia desapareció hace años. Ahora también han sido condenados quienes la mantuvieron viva.
Los antiguos líderes del grupo que durante tres décadas organizó las multitudinarias vigilias del 4 de junio son declarados culpables de incitar a la subversión
Durante tres décadas, cada 4 de junio, decenas de miles de pequeñas llamas iluminaban el Parque Victoria de Hong Kong. Mientras en el resto de China cualquier referencia pública a la matanza de Tiananmen estaba censurada, en la antigua colonia británica se leían los nombres de las víctimas, se cantaban canciones y se reclamaba a Pekín que asumiera responsabilidades por la represión de 1989. Aquella vigilia desapareció hace años. Ahora también han sido condenados quienes la mantuvieron viva.
El Tribunal Superior de Hong Kong declaró este viernes culpables de incitar a la subversión a la ya disuelta Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Democráticos Patrióticos de China y a dos de sus antiguos dirigentes, Lee Cheuk-yan y Chow Hang-tung.
El núcleo de la acusación no estaba en ningún acto violento, sino en uno de los objetivos políticos que el grupo defendió durante décadas: acabar con la «dictadura de partido único» en China y avanzar hacia un sistema democrático. Para los fiscales, esa reivindicación suponía un desafío directo al liderazgo del Partido Comunista. Para los acusados, era simplemente una defensa de derechos políticos fundamentales.
Lee, veterano sindicalista y exdiputado, y Chow, abogada y una de las figuras más visibles de la nueva generación del movimiento prodemocrático, llevan casi cinco años entre rejas. Un tercer dirigente histórico de la organización, Albert Ho Chun-yan, permanece detenido desde hace más de cuatro años y espera sentencia después de declararse culpable en enero. Los tres se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 10 años de prisión.
El juicio ha terminado convertido en algo mucho más amplio que un proceso contra tres activistas. Sobre el banquillo estaba, en realidad, una parte de la historia política de Hong Kong. La Alianza nació inmediatamente después de la sangrienta intervención del Ejército chino contra las protestas estudiantiles de 1989. Desde entonces hizo del recuerdo de Tiananmen su principal razón de ser: organizaba las vigilias del Parque Victoria, publicaba revistas, gestionaba un museo dedicado al 4 de junio y promovía actos como la limpieza simbólica del Pilar de la Vergüenza, la escultura que durante años recordó la masacre en el campus de la Universidad de Hong Kong.
Para la fiscalía, todas aquellas actividades sirvieron para «promover y difundir» una posición ilegal destinada a alimentar el rechazo hacia Pekín y derrocar al Gobierno central bajo el pretexto de defender la democracia. Los tres jueces debían decidir, sobre todo, si reclamar el final del sistema de partido único vulneraba la Constitución china, cuyo primer artículo consagra el liderazgo del Partido Comunista como característica fundamental del sistema socialista.
Lee intentó desmontar durante el juicio esa interpretación. Explicó que no buscaba eliminar al PCCh, sino acabar con un sistema en el que ningún ciudadano puede elegir una alternativa de gobierno. El objetivo, dijo, era que fueran los chinos quienes decidieran quién debía gobernarlos y que el partido no pudiera imponer una «dictadura».
Chow, que ejerció su propia defensa, argumentó que reclamar el fin del régimen de partido único no equivale a intentar expulsar por la fuerza al Partido Comunista de su posición de liderazgo. «Poner fin al gobierno de un solo partido», sostuvo, significa acabar con un Estado donde el poder no tiene límites.
La sentencia llega cuando apenas queda rastro del Hong Kong que durante décadas funcionó como una anomalía política dentro de China. Bajo la fórmula «un país, dos sistemas», la ciudad conservó tras su devolución por Reino Unido en 1997 libertades inexistentes en el continente: periódicos ferozmente críticos con Pekín, partidos opositores, sindicatos independientes, protestas multitudinarias y organizaciones civiles capaces de cuestionar abiertamente al Partido Comunista.
Ese ecosistema comenzó a desmoronarse después de las gigantescas protestas antigubernamentales de 2019. Pekín respondió en junio de 2020 imponiendo la Ley de Seguridad Nacional, que castiga delitos como la secesión, la subversión, el terrorismo o la connivencia con fuerzas extranjeras. Las autoridades defienden que la norma devolvió la estabilidad a una ciudad sacudida por meses de disturbios. Sus críticos sostienen que proporcionó el instrumento jurídico para desmantelar prácticamente toda oposición organizada.
Desde entonces, decenas de dirigentes prodemocráticos han sido encarcelados o han partido al exilio. Decenas de organizaciones civiles se han disuelto y medios críticos han cerrado. La Alianza terminó desapareciendo en septiembre de 2021 después de que la policía exigiera información sobre sus miembros y actividades alegando sospechas de que actuaba como «agente extranjero». Antes había desaparecido también su acto más emblemático. La última gran vigilia de Tiananmen se celebró en 2019. Las de 2020 y 2021 fueron prohibidas oficialmente por las restricciones sanitarias de la pandemia. Nunca regresaron.
Amnistía Internacional considera la condena otro punto de inflexión en ese proceso. «Este desalentador veredicto subraya cómo se está utilizando la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong para castigar a las personas por recordar pacíficamente uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de China», denunció Fernando Cheung, portavoz de la organización. El grupo sostiene que la decisión representa «otro hito sombrío» en una campaña deliberada para borrar el legado de Tiananmen y silenciar las demandas de verdad y rendición de cuentas.
Sarah Brooks, subdirectora regional de Amnistía, fue todavía más contundente: asegura que Lee y Chow «no han cometido ningún delito reconocible» y los considera presos de conciencia que deben ser liberados inmediatamente. La ONG lleva años denunciando que la legislación de seguridad se utiliza contra periodistas, académicos, activistas y organizaciones civiles por actividades protegidas por el derecho internacional.
Treinta y siete años después de que los tanques entraran en el centro de Pekín y acabaran por la fuerza con las protestas de Tiananmen, aquella noche sigue siendo uno de los mayores tabúes políticos de China. Durante mucho tiempo, Hong Kong fue la excepción: un rincón del país donde todavía era posible encender una vela y cuestionar públicamente el monopolio político del Partido Comunista.
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