<p>Para el fiscal general del Estado,<strong> Álvaro García Ortiz</strong>, el año 2024 vino marcado por la causa abierta contra él por un delito de revelación de secretos -por la que ahora está <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2025/06/09/6841c35ae85ece91648b4580.html» target=»_blank»><u>a la espera de sentarse en el banquillo de los acusados</u></a>-. La Memoria anual del Ministerio Fiscal no esquiva este asunto: García Ortiz, que la presenta, ha dejado plasmado en el texto su reivindicación de la actuación de la Fiscalía y la suya propia en este caso, con un llamamiento a una «profunda reflexión». </p>
«Se hace necesaria una profunda reflexión sobre cómo puede afrontar una institución pública su deber de informar sin que eso suponga un riesgo o genere temor», expone el Ministerio Público
Para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el año 2024 vino marcado por la causa abierta contra él por un delito de revelación de secretos -por la que ahora está a la espera de sentarse en el banquillo de los acusados-. La Memoria anual del Ministerio Fiscal no esquiva este asunto: García Ortiz, que la presenta, ha dejado plasmado en el texto su reivindicación de la actuación de la Fiscalía y la suya propia en este caso, con un llamamiento a una «profunda reflexión».
«Es evidente que la actividad de comunicación de la Fiscalía se ha visto notablemente afectada por la causa abierta contra la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid y el fiscal general del Estado, cuyo origen fue la emisión de una nota de prensa de la Fiscalía de Madrid para facilitar a la opinión pública información veraz y rigurosa», recoge la Memoria en el capítulo relativo a la actividad del Gabinete de Comunicación del Ministerio Fiscal. Se refiere el texto al comunicado que, el 14 de marzo de 2024, emitió la Fiscalía para aclarar ciertos aspectos de la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, después de que surgieran en los medios distintas informaciones al respecto.
«Vivimos un momento muy delicado, en el que la difusión de bulos, informaciones carentes de rigor, tergiversadas o interesadas se propagan con enorme facilidad en la sociedad, no solo a través de redes sociales, sino también a través de otros canales más consolidados», apunta la Memoria en el mismo apartado, para señalar que «algunas de esas informaciones están encaminadas a deslegitimar las instituciones públicas». Por ello, en su balance anual, el Ministerio Fiscal se atribuye el deber de «hacer un esfuerzo de comunicación y transparencia, no solo para reforzar, de manera voluntaria, la confianza de la ciudadanía en los órganos democráticos, sino porque tiene la obligación legal de informar a la opinión pública».
Tanto García Ortiz como diversos miembros del Gobierno, en su defensa de que el fiscal general no debe dimitir pese a estar procesado, han sostenido su inocencia en que la presunta comisión de un delito de revelación de secretos fue en aras de «desmentir una información». EL MUNDO había publicado que la Fiscalía ofreció un pacto a González Amador para que admitiera dos delitos fiscales, información que provocó la reacción inmediata del fiscal general y la publicación, al día siguiente, de una nota informativa de la Fiscalía en la que se revelaban datos privados del ciudadano afectado. García Ortiz solicitó acceso a los correos intercambiados entre ambas partes y dichas comunicaciones terminaron publicadas. Cómo llegaron a los medios esos mensajes -con datos reservados de González Amador- es lo que se investiga en el Tribunal Supremo, con el fiscal general procesado.
Ahora, en la Memoria que García Ortiz ha presentado este viernes, el Ministerio Fiscal hace un llamamiento a la reflexión con este caso como telón de fondo. «El desarrollo de esta causa, en la que también varios periodistas han sido citados como investigados en una pieza separada de la misma, ha condicionado notablemente la actividad del Gabinete de Comunicación de la Fiscalía General del Estado, a la vez que ha cohibido a muchos miembros del Ministerio Fiscal a la hora de facilitar información a los medios de comunicación», expone el texto. Y añade: «Se hace necesaria una profunda reflexión sobre cómo puede afrontar una institución pública su deber de informar de manera directa y transparente para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz sin que eso suponga un riesgo o genere temor».
2024 fue el año en que se destapó el caso Koldo, hoy convertido en una macrocausa de corrupción investigada en distintos tribunales y que mantiene imputados a dos ex secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán -este último, en prisión-. En su Memoria anual, el Ministerio Fiscal hace referencia a esta clase de macroprocesos, aquellos que recaen en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada: «Acaban caracterizados por una especial complejidad y dificultad en su tramitación».
«La demora que sufren estos procedimientos durante su fase de investigación e instrucción es una de las lacras que dañan la eficacia y la propia credibilidad de la Administración de Justicia», recoge la Memoria, una advertencia que el Ministerio Fiscal ya trasladó el año pasado. Pero ahora, dado el curso de los acontecimientos, las afirmaciones que recoge este documento se vuelven de notoria actualidad: «Algunas de las razones que explican las dilaciones que se producen en estas causas se hallan en la multiparcialidad, […], los aforamientos y otros privilegios procesales».
«Todo ello provoca consecuencias indeseables, entre otras, dotar a los investigados de tiempo suficiente para ocultar el producto del delito», señala la Fiscalía. El aforamiento de Ábalos ralentizó la causa en lo que a él respecta, mientras que la tardanza en dejar el acta de diputado de Santos Cerdán supuso que, durante unos días tras el informe de la UCO, este estuvo aforado y no pudo ser objeto de investigación. «Las estrategias dilatorias de los investigados encuentran terreno abonado al amparo de un sistema de recursos sobredimensionado», expone el Ministerio Fiscal, que aboga por una «imprescindible redefinición» de las competencias de la Audiencia Nacional y la creación de secciones especializadas como posibles medidas para resolver los retrasos en estos procedimientos.
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