«Sería bueno evitar las prisas y darle otra vuelta a la propuesta de reforma de la financiación autonómica del Gobierno, que conlleva un fuerte trasvase de recursos desde la Administración Central, que podría dejar al Estado en una situación precaria, por lo que se debe buscar el consenso y evitar que empeoren algunos de los graves vicios del sistema actual, incluyendo su creciente déficit de responsabilidad fiscal y la excesiva inercia que genera las denominadas cláusulas de statu quo, establecidas para garantizar que ninguna comunidad reciba menos que con el anterior modelo». Así lo advierte el director de Fedea, Ángel de la Fuente, en un análisis que desgrana el borrador de acuerdo elaborado por el Ministerio de Hacienda para su debate en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera de septiembre, tras el aplazamiento a petición de las once comunidades gobernadas por el PP, que rechazan en bloque la propuesta, junto con otras comunidades socialistas, Castilla-La Mancha y Asturias, y que cuenta, de momento, solo con el aval de Cataluña y Canarias.
En su análisis,. De la Fuente determina que el diseño del nuevo plan agrava los «problemas de riesgo moral» de las autonomías y «obvia la responsabilidad fiscal», introduciendo mecanismos de nivelación con una lógica «más que discutible» que beneficiarían principalmente a Cataluña, a pesar de que la intención del Gobierno era la simplificar el modelo. En concreto, el Gobierno plantea una compensación indefinida y actualizable con el Índice de Ingresos Tributarios del Estado (ITE). Pero De la Fuente estima que esto supone un «vicio» que dota al sistema de una inercia excesiva: «Si nadie puede perder posiciones en términos relativos, nadie puede ganarlas tampoco, lo que hace muy difícil realizar los cambios en la distribución de la financiación que serían necesarios por razones de equidad».
En este contexto, el informe denuncia un «desajuste entre las ponderaciones de gasto propuestas y la realidad de los presupuestos autonómicos», porque el Gobierno asigna a la Sanidad un peso del 38%, cuando el gasto real observado en las comunidades asciende al 48,3%. Lo mismo sucede con la Educación, cuya ponderación del 20,5% queda lejos del 28,1% que representa en el gasto neto regional. En contraste, el peso atribuido a los servicios generales ligados al padrón (30%) es aproximadamente el doble de lo necesario, ya que estas funciones apenas representan el 15,6% del gasto real observado. Por ello, De la Fuente insta a «ligar las variables de la población ajustada al peso real de las competencias en el gasto regional, tras deducir las transferencias condicionadas».
De la Fuente plantea que las compensaciones de las cláusulas de compensación sean «transitorias» y se reduzcan «gradualmente hasta desaparecer en un máximo de cinco años». Por eso, las ponderaciones para calcular las necesidades de gasto deben reflejar el gasto regional real, «excluyendo fondos condicionados como los europeos, lo que elevaría el peso de sanidad y educación y bajaría el de servicios generales».
Asimismo, desaconseja ceder un porcentaje adicional del IVA para financiar las competencias no homogéneas, al entender que «resta transparencia y complica su futura integración en el sistema general», y rechaza la creación de un «subfondo de competencias homogéneas» por considerar que conllevaría «diferencias de valoración arbitrarias» entre territorios.
La propuesta de Hacienda prevé que, de entrar en vigor en 2027, las comunidades recibirían 20.975 millones de euros adicionales respecto al modelo vigente, alcanzando una financiación total en torno a los 224.500 millones. Sin embargo, Fedea critica que el incremento de la capacidad tributaria –con la subida de la cesión del IRPF al 55% y del IVA al 56,5%– se utilizaría para financiar competencias singulares (como la policía autonómica) mediante tramos adicionales de IVA de hasta el 90%. Esta opción de financiación para competencias no homogéneas es «desaconsejable porque reduce la transparencia, dificulta las comparaciones entre territorios y complica la futura integración de estos servicios en el sistema general por fórmula». Por ello, propone rescatar la idea de un «IVA colegiado» de responsabilidad colectiva, donde las comunidades asuman «colectivamente» el coste político de las subidas impositivas necesarias para afrontar gastos crecientes como el envejecimiento.
Por tanto, la separación clara de los tramos fiscales estatal y autonómicos y la fijación colegida de los tipos de gravamen en los tramos autonómicos del IVA e impuestos especiales sería una opción más que razonable. En cuanto a las novedades del sistema de entregas a cuenta y liquidaciones del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), incluyendo la introducción de una «preliquidación» -con los datos disponibles con un retardo de un año y la posibilidad de optar por un sistema de caja compartida- aceleraría la llegada de los ingresos tributarios a las comunidades, acercándolo a tiempo real. Aunque, el informe cree que algunos aspectos del sistema propuesto «no son excesivamente claros», éste podría suponer un «avance interesante» desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal y la rendición de cuentas al reducir el desfase entre las decisiones tributarias de las autonomías, sus repercusiones financieras y su percepción por el ciudadano.
Finalmente, el texto incluye también una «confusa referencia» a una reforma del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) que podría convertirlo en una «especie de fondo complementario de nivelación» para los que se queden por debajo de la media por habitante ajustado. Esto supondría un «cambio cualitativo y seguramente poco deseable» en la naturaleza y funciones de este instrumento, que hasta el momento estaba concebido como una herramienta de política de desarrollo regional y no como una fuente de financiación de los servicios públicos.
Fedea critica la «falta de transparencia» de la obtención de fondos, reclama al Gobierno «dar otra vuelta» a la propuesta para evitar los «graves vicios» del anterior sistema y pide solucionar el «preocupante déficit de responsabilidad fiscal»
«Sería bueno evitar las prisas y darle otra vuelta a la propuesta de reforma de la financiación autonómica del Gobierno, que conlleva un fuerte trasvase de recursos desde la Administración Central, que podría dejar al Estado en una situación precaria, por lo que se debe buscar el consenso y evitar que empeoren algunos de los graves vicios del sistema actual, incluyendo su creciente déficit de responsabilidad fiscal y la excesiva inercia que genera las denominadas cláusulas de statu quo, establecidas para garantizar que ninguna comunidad reciba menos que con el anterior modelo». Así lo advierte el director de Fedea, Ángel de la Fuente, en un análisis que desgrana el borrador de acuerdo elaborado por el Ministerio de Hacienda para su debate en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 4 de septiembre, tras el aplazamiento de la del 29 de julio a petición de las once comunidades gobernadas por el PP, que rechazan en bloque la propuesta, junto con otras comunidades socialistas, Castilla-La Mancha y Asturias, y que cuenta, de momento, con el aval de Cataluña y Canarias.
De la Fuente plantea que las compensaciones de estas cláusulas sean «transitorias» y se reduzcan «gradualmente hasta desaparecer en un máximo de cinco años». Por eso, las ponderaciones para calcular las necesidades de gasto deben reflejar el gasto regional real, «excluyendo fondos condicionados como los europeos, lo que elevaría el peso de sanidad y educación y bajaría el de servicios generales».
En su análisis determina que el diseño del nuevo plan agrava los «problemas de riesgo moral» de las autonomías y «obvia la responsabilidad fiscal», introduciendo mecanismos de nivelación con una lógica «más que discutible» que beneficiarían principalmente a Cataluña, a pesar de la intención del Gobierno era la simplificar el modelo. En concreto, el Gobierno plantea como una compensación indefinida y actualizable con el Índice de Ingresos Tributarios del Estado (ITE). Pero De la Fuente estima que esto supone un «vicio» que dota al sistema de una inercia excesiva: «Si nadie puede perder posiciones en términos relativos, nadie puede ganarlas tampoco, lo que hace muy difícil realizar los cambios en la distribución de la financiación que serían necesarios por razones de equidad».
En este contexto, el informe denuncia un «desajuste entre las ponderaciones de gasto propuestas y la realidad» de los presupuestos autonómicos, porque el Gobierno asigna a la Sanidad un peso del 38%, cuando el gasto real observado en las comunidades asciende al 48,3%. Lo mismo sucede con la Educación, cuya ponderación del 20,5% queda lejos del 28,1% que representa en el gasto neto regional. En contraste, el peso atribuido a los servicios generales ligados al padrón (30%) es, aproximadamente el doble de lo necesario, ya que estas funciones apenas representan el 15,6% del gasto real observado. Por ello, De la Fuente insta a «ligar las variables de la población ajustada» al peso real de las competencias en el gasto regional, tras deducir las transferencias condicionadas».
Asimismo, desaconseja ceder un porcentaje adicional de IVA para financiar las competencias no homogéneas, al entender que «resta transparencia y complica su futura integración en el sistema general», y rechaza la creación de un «subfondo de competencias homogéneas» por considerar que conllevaría «diferencias de valoración arbitrarias» entre territorios. «Abrir la puerta a valoraciones diferentes para unas mismas competencias en distintas comunidades atentaría gravemente contra la lógica igualitaria del modelo y debería por tanto evitarse».
La propuesta de Hacienda prevé que, de entrar en vigor en 2027, las comunidades recibirían 20.975 millones de euros adicionales respecto al modelo vigente, alcanzando una financiación total en torno a los 224.500 millones. Sin embargo, Fedea critica que el incremento de la capacidad tributaria -con la subida de la cesión del IRPF al 55% y del IVA al 56,5%- se utilizaría para financiar competencias singulares (como la policía autonómica) mediante tramos adicionales de IVA de hasta el 90%. Esta opción de financiación para competencias no homogéneas es «desaconsejable porque reduce la transparencia, dificulta las comparaciones entre territorios y complica la futura integración de estos servicios en el sistema general por fórmula». Por ello, propone rescatar la idea de un «IVA colegiado» donde las comunidades asuman «colectivamente» el coste político de las subidas impositivas necesarias para afrontar gastos crecientes como el envejecimiento.
Por tanto, la separación clara de los tramos fiscales estatal y autonómicos y la fijación colegida de los tipos de gravamen en los tramos autonómicos del IVA e impuestos especiales sería una opción más que razonable. En cuanto a las novedades del sistema de entregas a cuenta y liquidaciones del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), incluyendo la introducción de una “preliquidación” -con los datos disponibles con un retardo de un año y la posibilidad de optar por un sistema de caja compartida- aceleraría la llegada de los ingresos tributarios a las comunidades, acercándolo a tiempo real. Aunque, el informe cree que algunos aspectos del sistema propuesto «no son excesivamente claros», éste podría suponer un «avance interesante» desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal y la rendición de cuentas al reducir el desfase entre las decisiones tributarias de las autonomías, sus repercusiones financieras y su percepción por el ciudadano.
Finalmente, el texto incluye también una «confusa referencia» a una reforma del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) que podría convertirlo en una «especie de fondo complementario de nivelación» para los que se queden por debajo de la media por habitante ajustado. Esto supondría un «cambio cualitativo y seguramente poco deseable» en la naturaleza y funciones de este instrumento, que hasta el momento estaba concebido como una herramienta de política de desarrollo regional y no como una fuente de financiación de los servicios públicos.
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