Con cuatro meses de retraso sobre el calendario previsto por los desencuentros en su negociación con las comunidades autónomas, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
El proyecto triplica la inversión en la materia hasta los 7.000 millones de euros -el 60% procederá del Gobierno y el 40% de las autonomías- y, como gran novedad, garantiza que todas las viviendas asequibles que se promuevan con cargo a este dinero tendrán carácter público a perpetuidad. «Ni un céntimo se destinará a la especulación», ha asegurado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
La ministra también ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el proyecto recoge lo que ha definido como «cláusula antifraude», lo que implica que los registros de demandantes de vivienda quedarán blindados para evitar la adjudicación fraudulenta de viviendas a quienes no las necesitan.
Ayudas
Del total de los fondos que contempla el plan, un 40% irán destinados a la construcción, un 30% a la rehabilitación y otro 30% a las ayudas.
En lo que respecta a la construcción, el plan incluye ayudas para promover vivienda pública o en régimen de colaboración público-privada con hasta 85.000 euros por vivienda, que tendrán un precio máximo de alquiler de 900 euros al mes y estarán para siempre protegidas. Si están en municipios de menos de 10.000 habitantes podrán destinarse a la venta manteniendo la protección.
Asimismo, incluye ayudas para financiar la urbanización de suelos en los que se tenga previsto construir, al menos, un 40% de vivienda protegida con hasta 8.000 euros por vivienda.
También prevé una subvención adicional de 8.500 euros por vivienda cuando se empleen técnicas de industrialización, que podrá ascender hasta los 93.500 euros por cada vivienda nueva cuando se haya construido de forma industrializada, así como una ayuda adicional de 8.500 euros cuando la nueva vivienda se construya en una zona de mercado tensionado.
El plan recoge subvenciones a las comunidades autónomas para que puedan ejercer su derecho de tanteo y retracto o para que puedan adquirir vivienda de forma directa a través de la financiación del 70% del coste de la adquisición, que puede ascender al 85% si está en zona tensionada y se sacará a un alquiler máximo de 800 euros/mes.
El proyecto de Vivienda incluye asimismo la cesión de viviendas a administraciones para alquiler asequible y ofrece una ayuda de 17.000 euros (25.000 en zona tensionada) a particulares que la cedan a la comunidad, que la alquilará a un máximo de 600 euros al mes hasta que se acabe el contrato. Se destinarán hasta 12.000 euros para financiar reformas a estas viviendas.
En el capítulo de rehabilitación, se recogen ayudas estructurales de hasta 8.000 euros por vivienda; ayudas de accesibilidad de hasta 13.000 euros; ayudas de rehabilitación energética de hasta 20.500 euros por vivienda o una ayuda extra de 30.000 cuando la vivienda a rehabilitar esté en un caso histórico o cuente con especial protección.
También ayudas a la rehabilitación de viviendas que lleven vacías más de dos años con hasta 30.000 euros si se ponen en alquiler asequible cinco años (en medio rural será de 35.000 euros).
El proyecto elaborado por Vivienda incluye de igual forma ayudas a jóvenes por 300 euros para el pago del alquiler y para la compra de una vivienda rural de hasta 15.000 euros para jóvenes de hasta 35 años, subvenciones a mujeres víctimas de violencia de género por un máximo de 1.000 euros/mes y una ayuda al alquiler por 250 euros para personas con recursos limitados.
El proyecto prevé movilizar 7.000 millones de euros.
Con cuatro meses de retraso sobre el plan previsto, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
El proyecto triplica la inversión hasta los 7.000 millones de euros y garantiza que todas las viviendas asequibles que se promuevan con estos fondos tengan carácter público a perpetuidad. «Ni un céntimo se destinará a la especulación», ha asegurado la ministra de Vivienda, Isabel Rodíguez.
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