<p>El sector conservador del <strong>Consejo General del Poder Judicial</strong> (CGPJ) ha remitido este jueves una carta a la presidenta del Tribunal Supremo, <strong>Isabel Perelló,</strong> donde le solicitan que «traslade» al fiscal general del Estado,<a href=»https://www.elmundo.es/espana/alvaro-garcia-ortiz.html»><strong>Álvaro García Ortiz,</strong></a> la «inconveniencia de intervenir» en el acto de apertura del Año Judicial y que se impida al ministro de Justicia, <strong>Félix Bolaños,</strong> sentarse en estrados.</p>
Diez vocales envían una carta a la presidenta del Poder Judicial ante la presencia del fiscal general del Estado mañana en el Supremo.
El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha remitido este jueves una carta a la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, donde le solicitan que «traslade» al fiscal general del Estado,Álvaro García Ortiz, la «inconveniencia de intervenir» en el acto de apertura del Año Judicial y que se impida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, sentarse en estrados.
La misiva, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, ha sido suscrita por los diez vocales que integran el bloque conservador -que fue nombrado a propuesta del PP- del órgano de gobierno de los jueces. Por su parte, el bloque progresista del Consejo se ha desvinculado de esta iniciativa y ha suscrito un comunicado apelando a la «normalidad institucional».
En la carta enviada a Perelló, los consejeros conservadores muestran su «gran preocupación por la circunstancia de que el actual fiscal general del Estado, sometido a un procedimiento penal en fase de enjuiciamiento, tenga previsto ocupar un lugar en estrados y dirigirse públicamente a su Majestad el Rey, a los magistrados que han de juzgarle y al conjunto de asistentes».
En la actualidad, García Ortiz se encuentra procesado por un delito de revelación de secretos por la presunta filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador.
Estos diez vocales subrayan que «la coincidencia» entre la condición procesal del fiscal general, a un paso del banquillo de los acusados, y su intervención «en un acto de la más alta relevancia constitucional» es inapropiado, «comprometiendo, inevitablemente, la serenidad que el acto demanda, cuando hasta el último de sus subordinados se vería privado automáticamente del ejercicio de sus funciones».
La mitad de los miembros que integran el CGPJ consideran «difícilmente comprensible que esta situación se tolere». «La consecuencia es una innecesaria tensión para la Fiscalía General del Estado, para el Poder Judicial y, en última instancia, para el propio Jefe del Estado, que preside el acto», agregan.
Asimismo, en la misiva, los consejeros sostienen que a la situación insólita de García Ortiz «se añade un contexto político de extraordinaria tensión». «El pasado 1 de septiembre, el presidente del Gobierno realizó manifestaciones en la televisión pública española en las que se vertieron acusaciones genéricas contra jueces y magistrados, manifestaciones que reiteró ante la prensa internacional, poniendo en duda la imparcialidad y el recto desempeño de su función», explican. Los consejeros se refieren a las declaraciones realizadas por Pedro Sánchez en TVE señalando que nuestro país hay jueces «haciendo política».
De igual manera, el sector conservador del Consejo destaca que «en la misma línea se manifestó al día siguiente la portavoz del Gobierno, y al siguiente el propio Ministro de Justicia. Ante ello, queremos manifestar que tales afirmaciones no solo resultan injustas, sino que lesionan la confianza en uno de los pilares del Estado democrático de Derecho».
Los consejeros ponen énfasis en que «las críticas a resoluciones concretas son legítimas, pero la deslegitimación global de jueces y tribunales erosiona el sistema constitucional mismo».
La carta finaliza de la siguiente manera: «Por todo ello, y en defensa del prestigio de la Justicia y de la ejemplaridad institucional que la ciudadanía merece, solicitamos que, desde la Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, se traslade al Fiscal General del Estado la inconveniencia de intervenir en el acto en las actuales circunstancias; se visibilice nuestro rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo evitando que el ministro de Justicia ocupe un lugar en estrados, significando con ello la separación y el respeto entre los poderes del Estado; y se ponga en conocimiento de la Jefatura del Estado esta situación, a efectos de la adecuada coordinación institucional».
Por su parte, la respuesta del sector progresista del CGPJ no se ha hecho esperar. Nueve vocales nombrados a propuesta del PSOE han emitido este jueves un comunicado a través del que pretenden trasladar «a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad y de normalidad institucional, alejado de cualquier forma de polaridad artificiosa que pueda empañar la ceremonia solemne que marca el inicio del curso judicial».
Dichos consejeros recuerdan, además, que «la presencia en estrados del ministro de Justicia y Notario Mayor del Reino en el acto de apertura del año judicial responde a una costumbre constitucional consolidada propia de su posición institucional y de las altas responsabilidades que ejerce en el servicio público de la justicia», en referencia a la petición sobre Bolaños.
«Como vocales del Consejo General del Poder Judicial, consideramos que la confianza en los pilares del Estado Democrático de Derecho se construye garantizando escrupulosamente el principio de legalidad y el de presunción de inocencia», indican.
Por su parte, fuentes próximas al vocal progresista Carlos Hugo Preciado, quien no ha suscrito este comunicado ni tampoco la carta del bloque conservador, sostienen que no es «institucionalmente» correcto que el CGPJ entre «en el debate partidista».
Este consejero, que es un verso suelto en el actual órgano de gobierno de los jueces, recuerda que «ayer mismo Su Majestad el Rey recibió con absoluta normalidad al fiscal general del Estado y que el CGPJ debería seguir ese ejemplo de normalidad institucional, huyendo de toda instrumentalización política de la institución, en la línea que ha venido haciendo este CGPJ en su primer año de mandato y que debería continuar manteniendo».
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