El Ministerio de Trabajo hará retoques y pequeños cambios en el nuevo control horario para afrontar con las mayores garantías el calendario judicial que les espera, pero sin desnaturalizar la norma tras el informe desfavorable del Consejo de Estado y el rechazo que ha vuelto a reiterar el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al que acusan de ponerse del lado de las empresas que incumplen la ley. Estos cambios intentarán blindar judicialmente la norma la ofensiva judicial que ha anunciado la patronal CEOE, que presentará batalla contra el Ministerio por incumplir «el principio de jerarquía normativa, porque lo que pretende hacer no se puede tramitar a través de un reglamento y porque la norma propuesta impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria», apuntan fuentes empresariales, que añaden que «no se respetaría la ley de protección de datos al hacer una utilización masiva de datos personales especialmente protegidos».
Pero el Ministerio asegura que seguirá adelante con los elementos esenciales de que sea digital y accesible a la Inspección de Trabajo con el objetivo de que el registro de jornada, en vigor desde 2018, sea realmente efectivo y acabe con el problema de las horas extras no remuneradas. Los pequeños cambios que se introducirán irán en la línea de introducir una mayor protección al tratamiento de datos que derive del registro, para que sea respetuoso con la ley, además de abrir un espacio para que la negociación colectiva puede participar en la elección de mecanismos de adaptación de las obligaciones de registro en todos los sectores.
Asimismo, desde el Ministerio de Yolanda Díaz recuerdan que el Gobierno tiene toda la potestad legal para poder aprobar este real decreto, ya que no realiza modificaciones en las sanciones por incumplir el registro de jornada, lo que sí sucedía en la ley de reducción del tiempo de trabajo que tumbó el Congreso. También afirman que la obligación de recoger las jornadas de trabajo ya existe en la normativa desde 2018. Su intención es acabar con las lagunas de esta legislación que no garantiza la efectividad de la norma, pero que habilita al Gobierno a efectuar desarrollos reglamentarios, que es lo que se busca ahora, que sea digital, no manipulable y accesible para la Inspección.
En Trabajo no han ahorrado calificativos contra el Consejo de Estado, la patronal CEOE y el propio ministro de Economía, tras cargar contra el argumento del Consejo de Estado relativo a que se puede poner en peligro la protección de datos de los trabajadores, ya que bajo ese criterio prácticamente todas las empresas e incluso con las administraciones públicas estarían incumpliendo la ley. Otro de los argumentos que reprueban en Trabajo es que hay zonas en las que no se puede registrar la jornada por falta de cobertura. En opinión del Ministerio, el real decreto ya contempla situaciones de excepcionalidad para que se pueda registrar en ese caso la jornada en cuanto sea posible.
Por otra parte, Trabajo recuerda que el dictamen del Consejo de Estado solo es consultivo y que el Gobierno ya ha aprobado más decretos que contenían discrepancias por parte de este organismo, presidido en la actualidad por la exvicepresidenta primera del Gobierno con Pedro Sánchez, Carmen Calvo, aunque reconocen que habrá retraso en la tramitación del texto por los cambios que se van a incorporar, pero descartaron que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae), donde se sientan los ministerios con competencias económicas, pueda vetar o dificultar la tramitación del real decreto. Según subrayaron en Trabajo, que vuelva a pasar o no por la Cdgae, no se va a modificar el documento. Han confirmado que lo más pronto posible irá al Consejo de Ministros.
Además, estas fuentes ministeriales han advertido a Carlos Cuerpo de que su postura tan contraria al texto es una vulneración flagrante del acuerdo de Gobierno, lo que en seis años de Gobierno nunca ha hecho Yolanda Díaz por muchas discrepancias que pueda tener en ocasiones con leyes que se aprueban en el seno del Ejecutivo. Trabajo ha aseverado que no van a hacer la propuesta que el Ministerio de Economía quiere, ya que el objetivo de la norma es vigilar un cumplimiento efectivo de las 40 horas semanales y que no haya abuso de las horas extraordinarias. En esta línea, ha calificado de demoledor y desafortunado el informe, que no es vinculante, que copia los argumentos del Ministerio de Economía y de la patronal española y que se escuda en el derecho a la intimidad y la protección de datos para posicionarse en contra del registro horario, una norma que es obligatoria desde hace más de 10 años y que en el 90% de los casos ya existe un registro digitalizado.
A pesar de las críticas del Consejo de Estado, Trabajo ha asegurado que seguirán adelante con el nuevo registro horario y han recordado que ha habido 14 reales decretos donde, a pesar de observaciones del Consejo de Estado, el Gobierno ha aprobado las normas.
Trabajo advierte al ministro de Economía de que su postura es una vulneración flagrante del acuerdo de Gobierno PSOE-Sumar. Se prepara para una batalla judicial con CEOE, pero asegura que la norma irá al Consejo de Ministros cuanto antes
El Ministerio de Trabajo hará retoques y pequeños cambios en el nuevo control horario para afrontar con las mayores garantías el calendario judicial que les espera, pero sin desnaturalizar la norma tras el informe desfavorable del Consejo de Estado y el rechazo que ha vuelto a reiterar el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al que acusan de ponerse del lado de las empresas que incumplen la ley. Estos cambios intentarán blindar judicialmente la norma la ofensiva judicial que ha anunciado la patronal CEOE, que presentará batalla contra el Ministerio por incumplir «el principio de jerarquía normativa, porque lo que pretende hacer no se puede tramitar a través de un reglamento y porque la norma propuesta impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria», apuntan fuentes empresariales, que añaden que «no se respetaría la ley de protección de datos al hacer una utilización masiva de datos personales especialmente protegidos».
Pero el Ministerio asegura que seguirá adelante con los elementos esenciales de que sea digital y accesible a la Inspección de Trabajo con el objetivo de que el registro de jornada, en vigor desde 2018, sea realmente efectivo y acabe con el problema de las horas extras no remuneradas. Los pequeños cambios que se introducirán irán en la línea de introducir una mayor protección al tratamiento de datos que derive del registro, para que sea respetuoso con la ley, además de abrir un espacio para que la negociación colectiva puede participar en la elección de mecanismos de adaptación de las obligaciones de registro en todos los sectores.
Asimismo, desde el Ministerio de Yolanda Díaz recuerdan que el Gobierno tiene toda la potestad legal para poder aprobar este real decreto, ya que no realiza modificaciones en las sanciones por incumplir el registro de jornada, lo que sí sucedía en la ley de reducción del tiempo de trabajo que tumbó el Congreso. También afirman que la obligación de recoger las jornadas de trabajo ya existe en la normativa desde 2018. Su intención es acabar con las lagunas de esta legislación que no garantiza la efectividad de la norma, pero que habilita al Gobierno a efectuar desarrollos reglamentarios, que es lo que se busca ahora, que sea digital, no manipulable y accesible para la Inspección.
En Trabajo no han ahorrado calificativos contra el Consejo de Estado, la patronal CEOE y el propio ministro de Economía, tras cargar contra el argumento del Consejo de Estado relativo a que se puede poner en peligro la protección de datos de los trabajadores, ya que bajo ese criterio prácticamente todas las empresas e incluso con las administraciones públicas estarían incumpliendo la ley. Otro de los argumentos que reprueban en Trabajo es que hay zonas en las que no se puede registrar la jornada por falta de cobertura. En opinión del Ministerio, el real decreto ya contempla situaciones de excepcionalidad para que se pueda registrar en ese caso la jornada en cuanto sea posible.
Por otra parte, Trabajo recuerda que el dictamen del Consejo de Estado solo es consultivo y que el Gobierno ya ha aprobado más decretos que contenían discrepancias por parte de este organismo, presidido en la actualidad por la exvicepresidenta primera del Gobierno con Pedro Sánchez, Carmen Calvo, aunque reconocen que habrá retraso en la tramitación del texto por los cambios que se van a incorporar, pero descartaron que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae), donde se sientan los ministerios con competencias económicas, pueda vetar o dificultar la tramitación del real decreto. Según subrayaron en Trabajo, que vuelva a pasar o no por la Cdgae, no se va a modificar el documento. Han confirmado que lo más pronto posible irá al Consejo de Ministros.
Además, estas fuentes ministeriales han advertido a Carlos Cuerpo de que su postura tan contraria al texto es una vulneración flagrante del acuerdo de Gobierno, lo que en seis años de Gobierno nunca ha hecho Yolanda Díaz por muchas discrepancias que pueda tener en ocasiones con leyes que se aprueban en el seno del Ejecutivo. Trabajo ha aseverado que no van a hacer la propuesta que el Ministerio de Economía quiere, ya que el objetivo de la norma es vigilar un cumplimiento efectivo de las 40 horas semanales y que no haya abuso de las horas extraordinarias. En esta línea, ha calificado de demoledor y desafortunado el informe, que no es vinculante, que copia los argumentos del Ministerio de Economía y de la patronal española y que se escuda en el derecho a la intimidad y la protección de datos para posicionarse en contra del registro horario, una norma que es obligatoria desde hace más de 10 años y que en el 90% de los casos ya existe un registro digitalizado.
A pesar de las críticas del Consejo de Estado, Trabajo ha asegurado que seguirán adelante con el nuevo registro horario y han recordado que ha habido 14 reales decretos donde, a pesar de observaciones del Consejo de Estado, el Gobierno ha aprobado las normas.
Noticias de Economía Nacional e Internacional en La Razón
