<p>En la madrugada del 28 de febrero, cuando los misiles de Irán comenzaron a caer sobre Abu Dhabi en respuesta a los primeros ataques estadounidenses e israelíes, muchos trabajadores migrantes del sur de Asia estaban completando sus turnos nocturnos o descansando en campamentos cercanos a infraestructuras críticas. <strong>Rajesh Kumar</strong>, electricista de 34 años procedente de la región india de Uttar Pradesh, se encontraba en una estación eléctrica a las afueras de la capital de Emiratos Árabes Unidos cuando escuchó la primera explosión.</p>
En la región hay entre 20 y 24 millones de migrantes procedentes del sur de Asia, un tercio de la población total
En la madrugada del 28 de febrero, cuando los misiles de Irán comenzaron a caer sobre Abu Dhabi en respuesta a los primeros ataques estadounidenses e israelíes, muchos trabajadores migrantes del sur de Asia estaban completando sus turnos nocturnos o descansando en campamentos cercanos a infraestructuras críticas. Rajesh Kumar, electricista de 34 años procedente de la región india de Uttar Pradesh, se encontraba en una estación eléctrica a las afueras de la capital de Emiratos Árabes Unidos cuando escuchó la primera explosión.
«Al principio pensamos que era un transformador. Luego vimos el cielo iluminado», cuenta. Rajesh y otros seis compañeros -todos indios y bangladesíes- se refugiaron detrás de unos contenedores metálicos. Segundos después, un misil interceptado, que iba dirigido a una base militar estadounidense, cayó a pocos metros. «Sentí el calor en la cara. Pensé que me había quedado ciego«, dice. «Cuando abrí los ojos, uno de mis amigos sangraba por la cabeza. Si hubiéramos estado 10 metros más cerca, no lo contamos».
A Rajesh le gustaría regresar a India. Pero su pasaporte está en manos de su empleador, un reflejo de un sistema que limita la movilidad de los trabajadores migrantes y les impide abandonar el país sin permiso. Además, en su aldea de Uttar Pradesh, su familia depende de los 400 dólares mensuales que envía. «Mi madre me llamó llorando cuando vio las noticias», dice. «Me dijo que volviera. Pero ¿volver para qué? Allí no hay trabajo. Aquí hay guerra, pero al menos seguimos manteniendo un salario».
Durante décadas, el Golfo Pérsico fue para millones de trabajadores asiáticos una oportunidad laboral para enviar dinero a casa. Fueron ellos quienes hicieron posible el desarrollo acelerado de las las Petromonarquías árabes: carreteras, rascacielos, refinerías, puertos, aeropuertos. Muchos trabajan en empleos esenciales que mantienen las ciudades en funcionamiento, construyendo edificios, limpiando oficinas, repartiendo comida y vigilando aeropuertos. Un modelo económico que se ha sostenido por mano de obra barata y, en muchos casos, explotada. Ahora, la guerra no solo ha puesto en suspenso el pulso energético global, sino también las vidas de estos migrantes.
En la región hay entre 20 y 24 millones de trabajadores procedentes del sur de Asia (según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo), un tercio de la población total. En los seis países que forman la organización Consejo de Cooperación del Golfo -Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán y Bahrein- los extranjeros son mayoría: 35 millones sobre una población total de 62 millones. La columna vertebral de esa masa laboral procede sobre todo de India (nueve millones), Pakistán (cinco millones) y Bangladesh (cinco millones), seguidos de Nepal y Sri Lanka.
En los Emiratos, de ocho fallecidos por ataques iraníes, cinco son trabajadores del sur de Asia. En Omán, los tres muertos reportados son indios. En Arabia Saudí, las únicas víctimas mortales registradas hasta ahora han sido un ciudadano indio y otro bangladesí. Muchos analistas asiáticos tienen claro que no se trata de daños colaterales: son quienes estaban más expuestos al encontrarse trabajando en infraestructuras energéticas y logísticas (refinerías, depósitos de petróleo o terminales portuarias) que se han convertido en objetivos estratégicos.
«Un dron impactó en una unidad de almacenamiento justo delante de nosotros. No pudimos dormir durante días. Pensé que seríamos los siguientes», contaba esta semana un paquistaní llamado Hamza en una entrevista con Al Jazeera. Para él, como para el resto, marcharse no es una opción. La mayoría de estos migrantes arrastra grandes deudas tras llegar a la región pagando a intermediarios o agencias de empleo, algunas de las cuales operan como redes de tráfico de personas. Además, sus salarios sostienen a familias enteras en países donde las oportunidades escasean. «Es peligroso seguir aquí, pero si dejamos de trabajar, en casa no comen», resumía Hamza.
Dibas, migrante nepalí de 29 años, trabajaba en el turno de noche como guardia de seguridad en el Aeropuerto Internacional Zayed de Abu Dhabi. Murió por el impacto de un misil iraní interceptado. «Vi la noticia de que habían muerto tres personas: un nepalí, un paquistaní y un bangladesí. En los medios de comunicación se mostró una foto de la víctima de Nepal, pero no era mi hijo. Poco tiempo después, las autoridades confirmaron que en realidad sí era él», cuenta en una entrevista con la cadena australiana ABC Cham Bahadur Shrestha, el padre de Dibas.
El joven nepalí procedía de una aldea en las escarpadas colinas de la provincia de Gandaki, en el centro de un país donde, por las limitadas oportunidades laborales y los salarios bajos, trabajar en el extranjero se ha convertido en una salida para millones de familias. Las remesas representan más de una cuarta parte de la economía de Nepal. Miles de jóvenes como Dibas abandonan sus pueblos para trabajar en obras de construcción en Qatar, conducir taxis en Dubai o vigilar oficinas en Abu Dhabi.
Desde Human Rights Watch recuerdan estos días la especial vulnerabilidad de estos trabajadores debido al sistema kafala de Oriente Próximo -un sistema de patrocinio que otorga a los empleadores un control casi absoluto sobre la situación migratoria y laboral de los trabajadores migrantes-, que además facilita el abuso y la explotación. «Restringe la movilidad laboral, permite a los empleadores confiscar sistemáticamente los pasaportes y castiga a quienes abandonan a sus jefes, incluso para escapar de abusos, con el riesgo de deportación y detención», señala el grupo en un comunicado reciente.
En los últimos años, este esquema ha estado en el centro de denuncias internacionales por graves violaciones laborales y derechos humanos. Durante la construcción de los estadios del Mundial de Fútbol de Qatar 2022, organizaciones como Amnistía Internacional documentaron condiciones extremas: jornadas de hasta 14 horas bajo el sol, pagos retrasados, alojamientos insalubres y, en varios casos, muertes por agotamiento o golpes de calor que fueron invisibles para las autoridades locales. Las investigaciones también subrayaron cómo la retención de pasaportes y la precariedad de los contratos impedían a los trabajadores reclamar sus derechos.
Aunque Qatar introdujo reformas en 2020 para limitar la confiscación de pasaportes y permitir la renuncia del trabajador sin permiso del empleador, activistas internacionales alertan de que en la práctica los abusos persisten, sobre todo entre los migrantes con menos formación o en sectores como la construcción, la limpieza y la logística.
Mientras estos trabajadores quedan ahora atrapados en el epicentro del conflicto, sus países de origen sufren además otra consecuencia directa de la guerra: la crisis energética derivada del bloqueo del Estrecho de Ormuz. En Pakistán, por ejemplo, los apagones se han intensificado y el coste de la electricidad ahoga a las familias. Bangladesh ha tenido que racionar combustible, mientras Sri Lanka, aún recuperándose de su colapso económico y de la destrucción que dejó a su pasó un devastador ciclón a finales del año pasado, vuelve a ver colas en las gasolineras. Incluso en India, el país más poblado del mundo, hay escasez de bombonas de gas.
Los trabajadores de estos países que residen en el Golfo, que conforman la columna vertebral de las ciudades y la industria, representan un flujo constante de remesas que sostienen economías enteras en las citadas naciones del sur de Asia. Según estimaciones del Banco Mundial: 103.000 millones de dólares anuales desde el Golfo hacia los cinco países asiáticos con más trabajadores en la región. Este es otro hilo del que pende todo el sistema. Sólo India recibe unos 50.000 millones; Pakistán, más de 38.000 millones, cerca del 10% de su PIB. Varios economistas alertan de que, si la guerra provoca una recesión en el Golfo o despidos masivos, el impacto será inmediato y devastador en estos países asiáticos.
Otra pata del conflicto es que también está poniendo en riesgo la imagen de las naciones del Golfo como oasis favorables a los negocios internacionales. Un modelo que además se sustentó en una delicada estrategia diplomática: mantener relaciones económicas con Irán mientras se fortalecían las alianzas militares y políticas con Occidente, que miraba hacia otro lado en cuestiones de derechos humanos. Los ataques iraníes a infraestructuras energéticas y el bloqueo de Ormuz han expuesto los límites de ese equilibrio y plantean dudas sobre si la región podrá seguir proyectándose como un centro global de estabilidad y prosperidad.
Expertos en migración en Asia llevan años advirtiendo de toda esta vulnerabilidad estructural. La dependencia de mano de obra extranjera en el Golfo y la dependencia de remesas en el sur de Asia son dos caras de la misma moneda. En tiempos de bonanza, el equilibrio se mantiene. En tiempos de guerra, se resquebraja.
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