La escasez de vivienda, los precios elevados y el envejecimiento del parque residencial son algunos de los principales desafíos a los que se enfrentan hoy los españoles. Según el Boletín Especial del Censo de Viviendas 2021 del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el 49,1% de las viviendas principales se construyó antes de 1980, año en que se aprobaron los primeros requisitos básicos de aislamiento térmico para los edificios. Es decir, casi la mitad tiene más de 45 años.
Esta antigüedad plantea otro reto: modernizar un parque residencial en el que muchos edificios acumulan décadas de uso. Las necesidades de actualización ya se reflejan en los hogares, puesto que el 34,4% considera que su vivienda o edificio necesita mejoras de eficiencia energética, pero todavía no las ha realizado. En cambio, el 19,5% sí acometió alguna actuación de este tipo en los cinco años anteriores, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 del INE. Entre los propietarios que no han hecho reformas, el 76,2% señala el coste como principal obstáculo.
El deterioro de los edificios no afecta solo a su conservación. «También afecta al confort de las personas, al coste de mantener las viviendas en condiciones adecuadas y a la capacidad de los edificios para responder a las necesidades actuales», señala Eva López, CEO y fundadora de la inmobiliaria Fincas Eva. Los inmuebles con aislamiento insuficiente o instalaciones obsoletas pueden necesitar más energía para mantener una temperatura interior adecuada.
La capacidad para afrontar esas obras tampoco es igual para todos los hogares. Entre quienes vivían en viviendas construidas antes de 1960, el 51,2% de los hogares con ingresos bajos consideraba necesarias mejoras de eficiencia energética, frente al 27,5% de los hogares con ingresos más altos. Así, las mayores necesidades de rehabilitación pueden coincidir con menos recursos para cubrirlas.
La adaptación de los edificios también incluye la accesibilidad. Ascensores, entradas adecuadas y zonas comunes en buen estado pueden ser esenciales para las personas mayores o con movilidad reducida, y ayudar a que mantengan su autonomía en casa.
Por eso, Eva López defiende anticipar las necesidades de mantenimiento y planificar las intervenciones antes de que el deterioro exija obras más complejas. La gestión preventiva, señala, permite a las comunidades establecer prioridades, evaluar las instalaciones y organizar las inversiones.
La rehabilitación, por tanto, no se limita a resolver deficiencias visibles: también puede contribuir a preservar la funcionalidad y el valor de los inmuebles. Para ello, propietarios, comunidades de vecinos, administradores y profesionales deben coordinarse para priorizar las obras y estudiar cómo financiarlas según las necesidades de cada edificio.
«La conservación de los edificios debe entenderse como una inversión a largo plazo. Una gestión planificada ayuda a proteger el patrimonio de los propietarios y a mantener unas condiciones de habitabilidad adecuadas. El desafío está en facilitar que las comunidades puedan anticiparse, tomar decisiones informadas y abordar las mejoras necesarias de manera ordenada», concluye López.
El 34% considera que su vivienda o edificio necesita mejoras de eficiencia energética, pero todavía no las ha realizado por su coste
La escasez de vivienda, los precios elevados y el envejecimiento del parque residencial son algunos de los principales desafíos a los que se enfrentan hoy los españoles. Según el Boletín Especial del Censo de Viviendas 2021 del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el 49,1% de las viviendas principales se construyó antes de 1980, año en que se aprobaron los primeros requisitos básicos de aislamiento térmico para los edificios. Es decir, casi la mitad tiene más de 45 años.
Esta antigüedad plantea otro reto: modernizar un parque residencial en el que muchos edificios acumulan décadas de uso. Las necesidades de actualización ya se reflejan en los hogares, puesto que el 34,4% considera que su vivienda o edificio necesita mejoras de eficiencia energética, pero todavía no las ha realizado. En cambio, el 19,5% sí acometió alguna actuación de este tipo en los cinco años anteriores, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 del INE. Entre los propietarios que no han hecho reformas, el 76,2% señala el coste como principal obstáculo.
El deterioro de los edificios no afecta solo a su conservación. «También afecta al confort de las personas, al coste de mantener las viviendas en condiciones adecuadas y a la capacidad de los edificios para responder a las necesidades actuales», señala Eva López, CEO y fundadora de la inmobiliaria Fincas Eva. Los inmuebles con aislamiento insuficiente o instalaciones obsoletas pueden necesitar más energía para mantener una temperatura interior adecuada.
La capacidad para afrontar esas obras tampoco es igual para todos los hogares. Entre quienes vivían en viviendas construidas antes de 1960, el 51,2% de los hogares con ingresos bajos consideraba necesarias mejoras de eficiencia energética, frente al 27,5% de los hogares con ingresos más altos. Así, las mayores necesidades de rehabilitación pueden coincidir con menos recursos para cubrirlas.
La adaptación de los edificios también incluye la accesibilidad. Ascensores, entradas adecuadas y zonas comunes en buen estado pueden ser esenciales para las personas mayores o con movilidad reducida, y ayudar a que mantengan su autonomía en casa.
Por eso, Eva López defiende anticipar las necesidades de mantenimiento y planificar las intervenciones antes de que el deterioro exija obras más complejas. La gestión preventiva, señala, permite a las comunidades establecer prioridades, evaluar las instalaciones y organizar las inversiones.
La rehabilitación, por tanto, no se limita a resolver deficiencias visibles: también puede contribuir a preservar la funcionalidad y el valor de los inmuebles. Para ello, propietarios, comunidades de vecinos, administradores y profesionales deben coordinarse para priorizar las obras y estudiar cómo financiarlas según las necesidades de cada edificio.
«La conservación de los edificios debe entenderse como una inversión a largo plazo. Una gestión planificada ayuda a proteger el patrimonio de los propietarios y a mantener unas condiciones de habitabilidad adecuadas. El desafío está en facilitar que las comunidades puedan anticiparse, tomar decisiones informadas y abordar las mejoras necesarias de manera ordenada», concluye López.
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