<p>En la entrada este de Cerredo (Asturias), sobre la pared de un muro que contiene la colina, está escupido con rabia: «Blue Solving = Asesinos / Belarmina = cómplice». Al otro lado de la carretera, sobre un panel informativo: «PSOE H.D.P» [siglas de hijo(s) de puta]. Casi es la única lectura que se puede hacer en un pueblo acallado. Si se pregunta a viva voz por una supuesta actividad extractiva ilegal -antes y después del fatídico 31 de marzo de 2025- no hay una negativa frontal, sólo una mala suerte de repliegue educado. «No diré nada porque no quiero que algún chico que aún trabaja ahí arriba pierda su puesto», se disculpa una vecina con este diario y, sin saberlo, en esa frase se escurre algún indicio de lo que, supuestamente, sigue pasando. Mientras, en paralelo a ese silencio, la causa judicial sigue abierta: la jueza del Juzgado de Cangas de Narcea ha acordado <strong>prorrogarla seis meses más</strong>, una decisión que repite en otro expediente aún cercano, el del accidente mortal registrado en esa misma mina en agosto de 2022.</p>
La jueza ha prorrogado la causa seis meses más. Unos audios enviados por uno de los mineros fallecidos, Jorge, a su novia advertían del riesgo en el «chamizo»: «Estoy hasta los huevos, va a pasar algo serio y no me apetece ser portada de nada»
En la entrada este de Cerredo (Asturias), sobre la pared de un muro que contiene la colina, está escupido con rabia: «Blue Solving = Asesinos / Belarmina = cómplice». Al otro lado de la carretera, sobre un panel informativo: «PSOE H.D.P» [siglas de hijo(s) de puta]. Casi es la única lectura que se puede hacer en un pueblo acallado. Si se pregunta a viva voz por una supuesta actividad extractiva ilegal -antes y después del fatídico 31 de marzo de 2025- no hay una negativa frontal, sólo una mala suerte de repliegue educado. «No diré nada porque no quiero que algún chico que aún trabaja ahí arriba pierda su puesto», se disculpa una vecina con este diario y, sin saberlo, en esa frase se escurre algún indicio de lo que, supuestamente, sigue pasando. Mientras, en paralelo a ese silencio, la causa judicial sigue abierta: la jueza del Juzgado de Cangas de Narcea ha acordado prorrogarla seis meses más, una decisión que repite en otro expediente aún cercano, el del accidente mortal registrado en esa misma mina en agosto de 2022.
Aquella innombrable mañana de marzo una explosión de grisú en la mina -propiedad de Blue Solving, vinculada a Chus Mirantes- segó la vida de cinco vecinos de la zona (Jorge, Amadeo, Rubén, David e Iván). También marcó a otros cuatro, especialmente a dos: a un guaje de Cerredo, con el cráneo hundido, media cara abrasada y en tratamiento psicológico; y a un hombre de Villablino, curtido en la penumbra de la mina, que ahora teme apagar la luz.
Un año después, las consecuencias tangibles son pocas. Por un lado, la dimisión de Belarmina Díaz 15 días después del accidente, entonces consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio del Principado de Asturias, interpretada como un intento de cordón sanitario alrededor del Gobierno de Adrián Barbón (PSOE) y sus posibles responsabilidades en lo que pasaba «en el peor de los chamizos», como lo definió la propia Díaz. Por otro, el cierre de la investigación del Ejecutivo asturiano, el 17 de marzo, cuyo informe concluye que en la mina se desarrollaba una actividad «clandestina», en una zona donde no estaba permitido extraer carbón y en la que, además, «se incumplía cualquier medida de seguridad y organización de los trabajos».
A ese relato se le suman 12 audios aportados ya como prueba en la causa. Los envió el minero fallecido Jorge a su novia Jenny en los días previos al accidente. «Ya cargué 10 camiones. Puta que les parió. Desde las 7:20 sin parar», dice en uno; en otro constata la actividad ilegal: «voy a bajar el carbón del tercero pa’ ahí», afirma, «ahora no hay tantos camiones, pero cuando empiecen otra vez, cuando se pueda sacar bien el carbón y empiecen a venir, ya verás». «Y luego la mina, pues mal. Estoy hasta los huevos porque no están haciendo las cosas bien y va a haber una desgracia, ¿sabes? Por las prisas del carbón. Carbón, carbón, quieren comer el mundo y no sé lo que quieren hacer. Y va a pasar algo serio y… estoy hasta los huevos. No me apetece ser portada de ninguna revista, ni del periódico, ni de nada. Y va a pasar algo grave, serio. Les dicen las cosas y el tonto soy yo…», señala sobre lo que ocurría en aquel «chamizo, una mierda».
La mina cerró en 2018 como consecuencia de la descarbonización dictada desde Bruselas. La empresa entonces propietaria, Minera Astur Leonesa, de Rodolfo Cachero, fue compensada con 6,2 millones de dinero público por ello. Pero en 2021 Combayl -con la mujer de Chus al frente ya que él no podía figurar oficialmente debido a una condena previa- asumió su gestión al abonar 975.000 euros. Con el pago adquirió los bienes, derechos y chatarra de la mina, así como los activos y la obligación de devolver el dinero que Cachero había recibido por el cierre, en caso de que se reabriera la explotación.
Ahí comenzó un baile de permisos y supuestas ilegalidades para las que los vecinos decidieron no mirar, excepto tres ciudadanos que dieron la voz de alarma en diferentes momentos entre 2022 y 2024: un guarda de Medio Natural, el ahora ex concejal de Foro Asturias Miguel Ángel Fernández y una supuesta tercera persona que, vía mail, denunció la explotación ilegal de carbón en diferentes capas de la mina aportando, incluso, fotografías que lo demostraban. «Veía movimientos raros, como cuando me encontré a unos chavales metiendo madera [usado para colocar puntales o entibaciones de refuerzo para evitar derrumbes], tenía que ser responsable con mi cargo político y exigir seguridad y legalidad», explica sobre por qué decidió advertir en un pleno del Ayuntamiento sobre la extracción en el sexto nivel de la mina en abril de 2022.
Para entonces, en el pueblo Chus ya era una expectativa de prosperidad económica . Este señor del carbón sin apenas rastro gráfico -ni siquiera de su detención en 2014 por introducir 390 kilos de cocaína en el puerto de Gijón- supo habitar los resquicios administrativos y el terreno fértil de la necesidad ajena. Poco importaron las advertencias porque el 25 de agosto de 2022, con Combayl al mando, un trabajador murió y otro, Enrique , perdió una pierna tras volcar el camión con el que descendían carbón -aunque solo tenían permiso para retirar chatarra- desde el sexto piso hasta la criba. Aquel año un informe de la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación señalaba «indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada», pero nunca se llegó a tomar medidas.
El génesis de Mirantes en Cerredo ya apuntaba maneras. Tras hacerse con el control de la mina en 2021, se empezó a desescombrar y retirar chatarra sin permisos municipales para el movimiento de tierras. «Advertí que debían solicitar las licencias oportunas y que, además, estaban explotando [carbón] y nadie parecía saber nada», recuerda Fernández. «Ya con el permiso de tierras comenzaron a bajar carbón por una pista secundaria». Sin embargo, según la ex consejera Díaz, entre el accidente de agosto de 2022 y el 24 de septiembre de 2024 se realizaron ocho inspecciones y «nunca» se detectó «actividad anormal ni extracción» en el nivel tercero, donde en 2025 llegó la tragedia. En el pueblo, en cambio, aseguran que se trabajó en cuatro de los seis niveles. Dos quedaron fuera: uno inutilizado por un antiguo derrumbe y otro, el sexto, sólo operativo en épocas de buen tiempo para evitar filtraciones de agua. «Si no están aquí todos los días, ¿cómo inspeccionan?», se pregunta Fernández, «avisando con tiempo se pueden ocultar las cosas o conducirlos a dónde uno quiera».
Su segunda maniobra consistió, presuntamente, en presentar carbón de alto contenido en antracita -caracterizado por su elevada capacidad calorífica, porosidad y grado de grafitización- para obtener la concesión de un Proyecto de Investigación Complementaria (PIC). No obstante, dado que Combayl se encontraba bajo escrutinio tras el accidente de 2022, la familia Rodríguez optó por transferir los activos a la sociedad Blue Solving, formalmente a nombre de su hijo Adrián. «Todos sabemos que lo que quedaba era pura hulla», afirma Fernández, quien trabajó en esos túneles durante más de 11 años antes de 2000. En un plazo llamativamente breve de 33 días, en 2024 se obtuvo la autorización de Minas, con una vigencia de 24 meses. Esta permitía la extracción de 60.000 toneladas de material en el marco de una «prueba industrial» en dos capas distintas de aquellas de las que procedían las muestras presentadas, y bajo dos condiciones: la presentación de un plan de labores y la prohibición de comercializar el «material carbonoso». «Se dice que este carbón se lo llevaba a la mina de Tormaleo (Ibias) y lo mezclaba», cuenta el ex concejal, «lo que sí te puedo decir es que aquí se pesaba y vendía el carbón a los vecinos». «Al día podían llegar a llenar 11 volquetes de 1.900 kilos», calcula.
No todos los actores permanecieron ajenos. Entre quienes observaron con recelo lo que sucedía en Cerredo figura Vitorino Alonso, durante años conocido como el rey del carbón y con una trayectoria jalonada de conflictos administrativos y litigios que difícilmente le hacen ajeno a determinadas prácticas del sector. Fue precisamente esa familiaridad con los márgenes la que llevó, 15 días antes del accidente de marzo, a su empresa Promining a denunciar ante el MITECO y el Gobierno de Asturias, el «burdo engaño» de Blue Solving. «No existe en el yacimiento de Cerredo ningún carbón de altas prestaciones. En el año 2008 se realizó por parte del IRMC un análisis exhaustivo de todos los yacimientos que estaban en explotación, entre ellos el de Cerredo. Las capas de carbón no son coquizables y mucho menos se pueden grafitar», señalaba el escrito.
El clan de Mirantes no solo se benefició de la venta de carbón ilegal; tres meses antes del accidente, Blue Solving pidió al Instituto de Transición Justa (ITJ) una ayuda de 3.000 millones, de la que se concedieron 927.668 euros, para una planta de subproductos de la minería «no procedentes del carbón», según el MITECO. En el pueblo aseguran que, para esa instalación -cuyos restos aún siguen en el recinto minero a la entrada del pueblo-, trajeron a varios trabajadores extranjeros para fabricar briquetas de polvo de carbón, como muestra la imagen que acompaña este reportaje. A día de hoy, el Gobierno, a través del ITJ y el MITECO, sostiene que no tuvo constancia de actividad extractiva de carbón en Asturias hasta marzo de 2025, tras el accidente de Cerredo, y que dicha actividad ni siquiera figuraba en la estadística minera elaborada con datos autonómicos.
«El cierre de las minas nos mató -dice un vecino-, pero que pague quien tenga que pagar». A Chus, mientras tanto, le han embargado de manera cautelar «inmuebles y participaciones» por 1,1 millones de euros para reparar lo irreparable en la vida de 9 familias. Hace poco se conoció que, durante siete años, se había dado de alta como «picador» en otra mina (Miura) de su propiedad para evadir las cotizaciones de la Seguridad Social.
«La mina ye la puta que la parió», no se cansa de repetir Fernández a los pies de la entrada del pozo. Y a pesar de su crudeza pide no posar delante de ella «porque por ahí sacaron a los cinco», porque eso es lugar herido y el recuerdo aún le duele.
España
