Frédéric Bastiat (1801-1850), defensor del pacifismo y del libre comercio, decía que «la vida, la libertad y la propiedad existen con anterioridad a aquello que hizo a los hombres hacer leyes por primera vez». Milton Friedman (1912-2006), premio Nobel de Economía, uno de los fundadores de la Escuela de Chicago, explicaba que «los derechos de propiedad no son solo la fuente de la libertad económica. También son fuente de libertad política». Los ejemplos son obvios y están a la vista de todos. Solo donde hay propiedad privada con garantías hay libertad, y no hay ninguna de esas cosas en Corea del Norte, en Cuba y, digan lo que digan, tampoco en China. La Venezuela del «exprópiese» de Chávez (1954-2013) y luego de Maduro, que ahora vive en la confusión de los intereses de Trump y Delcy, fue el penúltimo paradigma de una persecución de las libertades.
La acampada en la Puerta del Sol madrileña organizada por el Sindicato de Inquilinas, que cuenta con el apoyo de la extrema izquierda y del llamado «mundo de la cultura», caviar, claro, es un movimiento orquestado contra la propiedad –eso sí, la propiedad ajena– cuyos objetivos, con la excusa de buscar soluciones al problema de la vivienda, son horadar el sistema político-económico actual, perseguir a los propietarios de viviendas y, en último extremo, defender un futuro «gobierno progresista», es decir, sociocomunista, no muy distinto del actual.
Maricarmen Abascal, un personaje sobre el que cada día surgen más sombras –nadie en su edificio salió a defenderla ante el desahucio y en los comercios de la zona no la querían ni ver–, ha sido la excusa para que el Gobierno alumbrara dos reales decretos-ley concebidos –eso es lo importante– como uno de los mayores ataques a la propiedad orquestados en España desde el advenimiento de la democracia. Tampoco hay parangón en Europa, y los ejemplos que se invocan de Holanda, Reino Unido e incluso Austria son falaces. Es cierto: en los Países Bajos y en ese Reino Unido doliente fuera de la Unión Europea, los alquileres se prorrogan de forma casi indefinida. Eso sí, si el inquilino no paga o no acepta una subida del alquiler, es desahuciado con rapidez y el propietario puede volver a buscar otro inquilino más cumplidor.
El problema de la vivienda en alquiler en España no son los propietarios, sino la escasez de pisos y la inseguridad jurídica. El Sindicato de Inquilinas, que paga a sus expertos, debería saberlo, aunque prefiera ignorarlo. El Gobierno de Sánchez es otra cosa, aunque «el cacao» de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quizá le impida consultar o entender lo que explica el Banco de España, que gobierna José Luis Escrivá, en su último Informe Anual de la primavera pasada. En la página 170 detalla «la estructura de propiedad de las viviendas arrendadas para residencia habitual propiedad de personas físicas en 2024». Los datos, elaborados también con información de la Agencia Tributaria, son contundentes: el 91,1% del «total de arrendadores» posee una o dos viviendas. Todavía más: el 76,1% es propietario de una vivienda, y el 15%, de dos. Los poseedores de entre 3 y 5 alquileres son el 7,5%; el 1,2% dispone de entre 6 y 10, y solo un insignificante 0,2% posee 11 o más viviendas. También hay un estudio más detallado de tres expertos del Banco de España, Dimitry Kametshim, David López-Rodríguez y Luis Pérez, titulado «El mercado del alquiler de vivienda residencial en España: evolución reciente, determinantes e indicadores de esfuerzo». Aborda el asunto con más profundidad, pero, claro, no parece probable que interese ni a la mayoría del Gobierno –el ministro Cuerpo debe estar espantado, aunque ahí sigue–, con la vice cuántica –es y no es– Yolanda Díaz, ni tampoco a Irene Montero, Ione Belarra ni, por supuesto, al Sindicato de Inquilinas, que, al tiempo, acampará ante la sede del PP en la también madrileña calle de Génova. Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo son sus objetivos, mientras no parece que sus colegas de Barcelona hayan montado ninguna «performance» similar a la de Maricarmen, y hay y ha habido Maricármenes en la Ciudad Condal.
José Luis Escrivá, siempre cercano al poder sanchista, ha reclamado «hilar muy fino en las medidas sobre vivienda». Por algo será. El inquilino de la Moncloa, sin embargo, abraza ahora, no con entusiasmo, sino por conveniencia, la bandera de la batalla contra la propiedad y los propietarios. Es otra de esas apuestas de alto riesgo, pero cree que le puede salir bien, porque es muy popular estar contra la propiedad ajena y a favor de la propia. Quizá olvida que la propiedad, digan lo que digan en la Puerta del Sol, existe antes que las leyes, como explicó Bastiat.
Red Eléctrica tiene que volver a parar la industria por séptima vez en semanas
Red Eléctrica de España, la compañía que preside Beatriz Corredor, tuvo que volver a activar esta semana pasada el denominado Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRDA) ante una menor producción eólica de la esperada, lo que significó que se produjo una parada del suministro a la industria de casi 1.000 MW de potencia. REE pidió a la industria que apagara esa capacidad durante casi dos horas y es la séptima vez que ocurre un incidente similar desde el mes de julio.
España sigue lejos de los países punteros en libertad económica
El Índice de Libertad Económica que elabora la Fundación Heritage ha mejorado en algo la calificación de España, pero continúa en el puesto 53 entre 184 países. Si se toma como 100 el promedio de libertad económica en los países de la OCDE, España obtiene 93,1 puntos y eso la coloca en la posición 35 de las 43 naciones que integran la organización y la Unión Europea. Entre esos países, Suiza ocupa el primer puesto en el Índice, seguida de Irlanda y Australia.
La crisis de la vivienda y la «performance» tras el desahucio de Maricarmen han sido la excusa para la mayor ofensiva contra la propiedad en España desde el advenimiento de la democracia
Frédéric Bastiat (1801-1850), defensor del pacifismo y del libre comercio, decía que «la vida, la libertad y la propiedad existen con anterioridad a aquello que hizo a los hombres hacer leyes por primera vez». Milton Friedman (1912-2006), premio Nobel de Economía, uno de los fundadores de la Escuela de Chicago, explicaba que «los derechos de propiedad no son solo la fuente de la libertad económica. También son fuente de libertad política». Los ejemplos son obvios y están a la vista de todos. Solo donde hay propiedad privada con garantías hay libertad, y no hay ninguna de esas cosas en Corea del Norte, en Cuba y, digan lo que digan, tampoco en China. La Venezuela del «exprópiese» de Chávez (1954-2013) y luego de Maduro, que ahora vive en la confusión de los intereses de Trump y Delcy, fue el penúltimo paradigma de una persecución de las libertades.
La acampada en la Puerta del Sol madrileña organizada por el Sindicato de Inquilinas, que cuenta con el apoyo de la extrema izquierda y del llamado «mundo de la cultura», caviar, claro, es un movimiento orquestado contra la propiedad –eso sí, la propiedad ajena– cuyos objetivos, con la excusa de buscar soluciones al problema de la vivienda, son horadar el sistema político-económico actual, perseguir a los propietarios de viviendas y, en último extremo, defender un futuro «gobierno progresista», es decir, sociocomunista, no muy distinto del actual.
Maricarmen Abascal, un personaje sobre el que cada día surgen más sombras –nadie en su edificio salió a defenderla ante el desahucio y en los comercios de la zona no la querían ni ver–, ha sido la excusa para que el Gobierno alumbrara dos reales decretos-ley concebidos –eso es lo importante– como uno de los mayores ataques a la propiedad orquestados en España desde el advenimiento de la democracia. Tampoco hay parangón en Europa, y los ejemplos que se invocan de Holanda, Reino Unido e incluso Austria son falaces. Es cierto: en los Países Bajos y en ese Reino Unido doliente fuera de la Unión Europea, los alquileres se prorrogan de forma casi indefinida. Eso sí, si el inquilino no paga o no acepta una subida del alquiler, es desahuciado con rapidez y el propietario puede volver a buscar otro inquilino más cumplidor.
El problema de la vivienda en alquiler en España no son los propietarios, sino la escasez de pisos y la inseguridad jurídica. El Sindicato de Inquilinas, que paga a sus expertos, debería saberlo, aunque prefiera ignorarlo. El Gobierno de Sánchez es otra cosa, aunque «el cacao» de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quizá le impida consultar o entender lo que explica el Banco de España, que gobierna José Luis Escrivá, en su último Informe Anual de la primavera pasada. En la página 170 detalla «la estructura de propiedad de las viviendas arrendadas para residencia habitual propiedad de personas físicas en 2024». Los datos, elaborados también con información de la Agencia Tributaria, son contundentes: el 91,1% del «total de arrendadores» posee una o dos viviendas. Todavía más: el 76,1% es propietario de una vivienda, y el 15%, de dos. Los poseedores de entre 3 y 5 alquileres son el 7,5%; el 1,2% dispone de entre 6 y 10, y solo un insignificante 0,2% posee 11 o más viviendas. También hay un estudio más detallado de tres expertos del Banco de España, Dimitry Kametshim, David López-Rodríguez y Luis Pérez, titulado «El mercado del alquiler de vivienda residencial en España: evolución reciente, determinantes e indicadores de esfuerzo». Aborda el asunto con más profundidad, pero, claro, no parece probable que interese ni a la mayoría del Gobierno –el ministro Cuerpo debe estar espantado, aunque ahí sigue–, con la vice cuántica –es y no es– Yolanda Díaz, ni tampoco a Irene Montero, Ione Belarra ni, por supuesto, al Sindicato de Inquilinas, que, al tiempo, acampará ante la sede del PP en la también madrileña calle de Génova. Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo son sus objetivos, mientras no parece que sus colegas de Barcelona hayan montado ninguna «performance» similar a la de Maricarmen, y hay y ha habido Maricármenes en la Ciudad Condal.
José Luis Escrivá, siempre cercano al poder sanchista, ha reclamado «hilar muy fino en las medidas sobre vivienda». Por algo será. El inquilino de la Moncloa, sin embargo, abraza ahora, no con entusiasmo, sino por conveniencia, la bandera de la batalla contra la propiedad y los propietarios. Es otra de esas apuestas de alto riesgo, pero cree que le puede salir bien, porque es muy popular estar contra la propiedad ajena y a favor de la propia. Quizá olvida que la propiedad, digan lo que digan en la Puerta del Sol, existe antes que las leyes, como explicó Bastiat.
Red Eléctrica tiene que volver a parar la industria por séptima vez en semanas
Red Eléctrica de España, la compañía que preside Beatriz Corredor, tuvo que volver a activar esta semana pasada el denominado Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRDA) ante una menor producción eólica de la esperada, lo que significó que se produjo una parada del suministro a la industria de casi 1.000 MW de potencia. REE pidió a la industria que apagara esa capacidad durante casi dos horas y es la séptima vez que ocurre un incidente similar desde el mes de julio.
España sigue lejos de los países punteros en libertad económica
El Índice de Libertad Económica que elabora la Fundación Heritage ha mejorado en algo la calificación de España, pero continúa en el puesto 53 entre 184 países. Si se toma como 100 el promedio de libertad económica en los países de la OCDE, España obtiene 93,1 puntos y eso la coloca en la posición 35 de las 43 naciones que integran la organización y la Unión Europea. Entre esos países, Suiza ocupa el primer puesto en el Índice, seguida de Irlanda y Australia.
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