Perder el empleo es una de las situaciones más estresantes para los trabajadores, especialmente si la razón del despido no está justificada. Afortunadamente, el derecho laboral español y, concretamente, el Estatuto de los Trabajadores establecen una serie de derechos que las empresas deberán respetar, incluyendo las indemnizaciones por despido.
La indemnización por despido, según el derecho laboral, es una cuantía económica ofrecida al trabajador en caso de una finalización anticipada de su contrato. Esta extinción del contrato puede deberse a una decisión unilateral del empresario provocada por causas ajenas a la conducta del trabajador, es decir, cuestiones económicas, técnicas o de producción, entre otras. En estos casos, según establece la ley española, la compensación será de 20 días por año trabajado.
Sin embargo, esta cifra será notablemente superior en el caso de los considerados despidos improcedentes. Estos se producen cuando la finalización del contrato no se ajusta a la ley, es decir, se debe a una causa injustificada y no se puede acreditar ante un juez. Debido a ello, el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores obliga al empresario a readmitir al empleado en su puesto de trabajo o abonarle una indemnización.
Cómo calcular la indemnización por despido improcedente
En el caso de abonar la indemnización, esta deberá realizarse en un plazo de cinco días a partir de la notificación de la sentencia y la cuantía equivaldrá a 33 días por año trabajado, «prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 24 mensualidades«, según establece el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores, siempre que su antigüedad iniciara después del 12 de febrero de 2012.
Cuando el trabajador cuenta con una antigüedad anterior al 11 de febrero de 2012, esta se deberá calcular en función de la ley establecida para cada tramo. Por cada año anterior a dicha fecha se tendrá derecho a 45 días por año, con un máximo de 42 mensualidades; mientras que los años posteriores se calcularán como en el caso anterior, con 33 días por cada uno.
Para calcular la cuantía exacta para cada caso, se deberá utilizar el salario bruto anual completo, teniendo en cuenta tanto el salario base como los complementos fijos y las pagas extraordinarias no prorrateadas. Esta cifra deberá dividirse entre 365 días. Mientras que aquellos cuyo periodo de trabajo no haya alcanzado un año, se deberá prorratear por meses.
Cómo recurrir un despido ante la Justicia, según el derecho laboral
Asimismo, cabe tener en cuenta que las indemnizaciones están exentas de IRPF hasta el límite de la cantidad obligatoria fijada por el Estatuto, es decir, hasta 180.000 euros, y siempre que exista una sentencia judicial que declare la improcedencia o haya sido reconocido en un acto de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC). En caso de superar dicha cifra, deberá tributarse en la declaración de la renta como rendimiento del trabajo.
El plazo para poder reclamar o demandar a la empresa por un despido improcedente es de 20 días hábiles desde la finalización unilateral del contrato, sin contar sábados, domingos ni festivos. Para ello, se deberá presentar una solicitud de conciliación obligatoria ante el servicio de mediación correspondiente. En caso de no llegar a un acuerdo de conciliación, el trabajador podrá demandar en el Juzgado de lo Social.
Por otra parte, en caso de que la empresa decida readmitir al trabajador, deberá abonarle los denominados salarios de tramitación. Según lo establecido por el artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores, «estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia».
El Estatuto de los Trabajadores establece la obligación de readmitir al trabajador o abonar una indemnización en caso de despido improcedente
Perder el empleo es una de las situaciones más estresantes para los trabajadores, especialmente si la razón del despido no está justificada. Afortunadamente, el derecho laboral español y, concretamente, el Estatuto de los Trabajadores establecen una serie de derechos que las empresas deberán respetar, incluyendo las indemnizaciones por despido.
La indemnización por despido, según el derecho laboral, es una cuantía económica ofrecida al trabajador en caso de una finalización anticipada de su contrato. Esta extinción del contrato puede deberse a una decisión unilateral del empresario provocada por causas ajenas a la conducta del trabajador, es decir, cuestiones económicas, técnicas o de producción, entre otras. En estos casos, según establece la ley española, la compensación será de 20 días por año trabajado.
Sin embargo, esta cifra será notablemente superior en el caso de los considerados despidos improcedentes. Estos se producen cuando la finalización del contrato no se ajusta a la ley, es decir, se debe a una causa injustificada y no se puede acreditar ante un juez. Debido a ello, el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores obliga al empresario a readmitir al empleado en su puesto de trabajo o abonarle una indemnización.
Cómo calcular la indemnización por despido improcedente
En el caso de abonar la indemnización, esta deberá realizarse en un plazo de cinco días a partir de la notificación de la sentencia y la cuantía equivaldrá a 33 días por año trabajado, «prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 24 mensualidades«, según establece el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores, siempre que su antigüedad iniciara después del 12 de febrero de 2012.
Cuando el trabajador cuenta con una antigüedad anterior al 11 de febrero de 2012, esta se deberá calcular en función de la ley establecida para cada tramo. Por cada año anterior a dicha fecha se tendrá derecho a 45 días por año, con un máximo de 42 mensualidades; mientras que los años posteriores se calcularán como en el caso anterior, con 33 días por cada uno.
Para calcular la cuantía exacta para cada caso, se deberá utilizar el salario bruto anual completo, teniendo en cuenta tanto el salario base como los complementos fijos y las pagas extraordinarias no prorrateadas. Esta cifra deberá dividirse entre 365 días. Mientras que aquellos cuyo periodo de trabajo no haya alcanzado un año, se deberá prorratear por meses.
Cómo recurrir un despido ante la Justicia, según el derecho laboral
Asimismo, cabe tener en cuenta que las indemnizaciones están exentas de IRPF hasta el límite de la cantidad obligatoria fijada por el Estatuto, es decir, hasta 180.000 euros, y siempre que exista una sentencia judicial que declare la improcedencia o haya sido reconocido en un acto de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC). En caso de superar dicha cifra, deberá tributarse en la declaración de la renta como rendimiento del trabajo.
El plazo para poder reclamar o demandar a la empresa por un despido improcedente es de 20 días hábiles desde la finalización unilateral del contrato, sin contar sábados, domingos ni festivos. Para ello, se deberá presentar una solicitud de conciliación obligatoria ante el servicio de mediación correspondiente. En caso de no llegar a un acuerdo de conciliación, el trabajador podrá demandar en el Juzgado de lo Social.
Por otra parte, en caso de que la empresa decida readmitir al trabajador, deberá abonarle los denominados salarios de tramitación. Según lo establecido por el artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores, «estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia».
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