Randy Neugebauer, ahora retirado, fue un congresista republicano estadounidense por Texas durante siete legislaturas, que afirmaba que «cuando las normativas del sector de la vivienda son razonables, el coste de la vivienda baja. Es necesario un alivio normativo para que la vivienda sea asequible». Son las verdades del barquero, pero hace falta recordarlas de vez en cuando. Jordi Sevilla, ministro en tiempos de Zapatero, escribía ayer en Cinco Días: «Vivienda: ocho años como pollo sin cabeza». Luego añadía que «nuestro principal problema no son los caseros avariciosos, ni los fondos buitre, ni el auge del mercado turístico, sino la ausencia de pisos suficientes». En España, un país con grandes zonas despobladas, hay suelo más o menos urbanizado, en las ciudades o en sus alrededores, en el que se podrían construir más de un millón de viviendas, pero las distintas normativas y autorizaciones lo impiden o lo retrasan casi «sine die».
El Gobierno de Sánchez, que presume de casi todo, mira hacia otro lado mientras intenta contener a sus socios de extrema izquierda con regulaciones cada vez más enrevesadas que, unidas a las de las comunidades autónomas y ayuntamientos –del signo político que sean–, han convertido la construcción de viviendas en una tarea hercúlea. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que dirige Isabel Rodríguez, es una especie de ente fantasma que no solo no debería existir, sino que, con sus escasas acciones, complica aún más las cosas. El resultado es una necesidad de unas 700.000 viviendas, según el Banco de España, mientras los precios de compraventa y los alquileres suben a la estratosfera. Y todo es mucho más caro —imposible para una gran mayoría de ciudadanos— allí donde hay más regulaciones, como en la Barcelona en la que tanto intervino la exalcaldesa Ada Colau, que ahora se acerca a Gabriel Rufián y de la que hay quien asegura que aspira a un escaño en el Congreso. Es un rumor, pero, claro, si al final es elegida, desde esa tribuna sin duda volverá a reclamar políticas intervencionistas en vivienda porque, en algunos casos, son populares, aunque sus consecuencias sean desastrosas. Todo es más sencillo: cuando las normativas de vivienda son razonables, los costes bajan, como decía Neugebauer.
Aunque son necesarias unas 700.000 viviendas, según el Banco de España, los precios de compraventa y los alquileres suben a la estratosfera
Randy Neugebauer, ahora retirado, fue un congresista republicano estadounidense por Texas durante siete legislaturas, que afirmaba que «cuando las normativas del sector de la vivienda son razonables, el coste de la vivienda baja. Es necesario un alivio normativo para que la vivienda sea asequible». Son las verdades del barquero, pero hace falta recordarlas de vez en cuando. Jordi Sevilla, ministro en tiempos de Zapatero, escribía ayer en Cinco Días: «Vivienda: ocho años como pollo sin cabeza». Luego añadía que «nuestro principal problema no son los caseros avariciosos, ni los fondos buitre, ni el auge del mercado turístico, sino la ausencia de pisos suficientes». En España, un país con grandes zonas despobladas, hay suelo más o menos urbanizado, en las ciudades o en sus alrededores, en el que se podrían construir más de un millón de viviendas, pero las distintas normativas y autorizaciones lo impiden o lo retrasan casi «sine die».
El Gobierno de Sánchez, que presume de casi todo, mira hacia otro lado mientras intenta contener a sus socios de extrema izquierda con regulaciones cada vez más enrevesadas que, unidas a las de las comunidades autónomas y ayuntamientos –del signo político que sean–, han convertido la construcción de viviendas en una tarea hercúlea. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que dirige Isabel Rodríguez, es una especie de ente fantasma que no solo no debería existir, sino que, con sus escasas acciones, complica aún más las cosas. El resultado es una necesidad de unas 700.000 viviendas, según el Banco de España, mientras los precios de compraventa y los alquileres suben a la estratosfera. Y todo es mucho más caro —imposible para una gran mayoría de ciudadanos— allí donde hay más regulaciones, como en la Barcelona en la que tanto intervino la exalcaldesa Ada Colau, que ahora se acerca a Gabriel Rufián y de la que hay quien asegura que aspira a un escaño en el Congreso. Es un rumor, pero, claro, si al final es elegida, desde esa tribuna sin duda volverá a reclamar políticas intervencionistas en vivienda porque, en algunos casos, son populares, aunque sus consecuencias sean desastrosas. Todo es más sencillo: cuando las normativas de vivienda son razonables, los costes bajan, como decía Neugebauer.
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